A meses de iniciada la investigación en contra de esta fundación, que cerró en noviembre de 2023 y una de las aristas más emblemáticas del caso convenios, todavía no hay una fecha concreta para la audiencia de formalización y, en efecto, tampoco actores formalizados.

En el expediente de la instancia disciplinaria debería constar la copia certificada de las comunicaciones digitales de dos casos donde aparecen vinculados los ministros Carroza, Vivanco y Letelier. Se baraja la posibilidad de pedir una copia al fiscal nacional, pero el actual sistema de persecución penal establece que los antecedentes de una investigación están vedados a terceros ajenos al procedimiento.

El Pleno tuvo un giro marcial y apoyó la medida del titular Ricardo Blanco. La instancia estará compuesta por las ministras Ravanales y Chevesich. Su principal objetivo será Carroza, Letelier y Vivanco. En 2004, Chevesich conoció la corrupción judicial en carne propia cuando investigaba el caso MOP-Gate. El entonces presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky, la presionó para que no interrogara a Ricardo Lagos.

El juez del 34º Juzgado del Crimen de Santiago solicitó a la Corte Suprema que apruebe la extradición de Frances Mary Shannon, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 15 de mayo pasado en ese país. Antes de resolver, el máximo tribunal pidió un informe al fiscal judicial. Este último propuso rechazar el requerimiento porque la fuga ocurrió en diciembre de 1996, por lo tanto, los hechos están prescritos.

Ciper reveló un chat en que Gonzalo Migueles, pareja de la actual ministra de la Corte Suprema, realiza los ofrecimientos a Palma mientras estaba en la quina para fiscal nacional con la intención de que apoyara a cierto candidato. La conversación luego fue enviada por Palma a Luis Hermosilla “para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes” por parte de personas “cercanas a él”.

Pese a la reciente acusación de Mario Desbordes de "operación" contra Ciper, INDH y la fiscal Ximena Chong, el actual candidato a alcalde de Santiago sostuvo conversaciones con el ex juez Juan Poblete en medio de la elección de María Teresa Letelier a la Corte Suprema. "Apoyémosla entonces" y "estamos hablando con los nuestros", son algunos de los mensajes que el ex ministro de Estado envió a Poblete. 

Se trata de un recurso de apelación interpuesto ante la Corte Suprema a raíz del encuentro entre Universidad de Chile y Universidad Católica en abril de 2023 suspendido por el lanzamiento de fuegos artificiales a la cancha. El requirente, a quien le aplicaron la sanción de admisibilidad, argumenta que la norma objetada infringe el proceso legal y la función jurisdiccional pues transfiere la competencia de los Juzgados de Garantía, de Juicio Oral en lo Penal y de Policía Local del territorio a una entidad privada. 

"Al incluir 'cualquier medio escrito' y extenderse a 'medios o plataformas digitales', torna excesivamente genérica la norma, abarcando un espectro potencialmente ilimitado de formas de expresión”, señala.

El vencimiento del permiso autoriza al alcalde a demoler el helipuerto de los ex ministros Moreno y De Vicente. En noviembre, la Corte de Santiago ordenó suspender su operación, pero los propietarios apelaron argumentando que se usa para el combate de incendios, tarea en la que sus helicópteros son contratados por Conaf.

El tribunal rechazó el recurso de la ANFP contra la multa de la Delegación Presidencial del Maule por la realización de un show de rap previo al partido que no fue informado y el ingreso no autorizado de hinchas al campo de juego. Según el fallo, la ANFP no presentó descargos en las dos ocasiones en que fue requerida.

El fallo rechazó el recurso de casación interpuesto por el condenado, confirmando la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental que estableció el daño ambiental provocado por el relleno del humedal valdiviano y la orden de presentar un Plan de Reparación en el plazo de 120 días.

Un viaje con baile y alojamiento incluido durante siete días en Punta Cana. Ese era el “paquete” que ofrecía en la web, Pablo Vilches Gambra, mientras se encontraba en España. Desde distintas zonas, le transfirieron el dinero, pero con el correr de los días envió un mail diciendo que el evento se cancelaba. Sin embargo, nunca devolvió la plata y huyó a Chile a principios de enero. La justicia ibérica lo detectó en Santiago y envió una solicitud de extradición a la Corte Suprema para que lo detenga y pague por sus delitos.

La carta rogatoria describe que Michele Puzio es autor del delito de tráfico y debe regresar a su país a cumplir condena. Era miembro importante del clan Moccia, de la zona de Campania, dedicado a la extorsión, negocios del giro construcción, creación de diversas empresas, lavado de activos y coimear a políticos.

Tras cerca de catorce meses en el cargo de manera subrogante, Myriam Escobar, notaria de Buin y esposa de Manuel Valderrama, ministro de la Corte Suprema, cesó sus funciones en el Conservador de Bienes Raíces de Buin, cargo al que en paralelo a su subrogancia postuló y avanzó de manera arbitraria junto a otros candidatos luego de que se alteraran los puntajes de corte en una de las pruebas. Tras dicho episodio, se designó a Jenson Kriman, notario de San Antonio, quien ocupó el primer lugar de la terna elaborada. 

Reconocido como un juez metódico, estudioso, austero y sin una tendencia asociada a un sector político en el que haya hecho redes. Es un técnico, que llegó sin proponérselo al máximo tribunal y ahora, según la tradición debería presidirlo. Pero sus ocho meses de licencia por tratamiento médico y una violenta discusión con su esposa, que terminó con medidas cautelares en su contra, abren la posibilidad de pasar por alto la costumbre de nombrar al ministro o ministra más antigua en la testera. 

Desde su primer dueño, ha tenido más propietarios que años en circulación; entre ellos figura la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yaber. 

La ausencia a la Parada Militar del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, no pasó desapercibida para círculos políticos y judiciales, considerando que en subrogancia asistió el ministro Arturo Prado Puga, habiendo otros seis ministros que por antigüedad podrían haber ocupado ese puesto. Fuentes judiciales aseguran que fue una señal de descontento al Gobierno, aunque otras afirman que fue una excepcionalidad y no existiría molestia.

La Superintendencia remitió 12 oficios a la Corte Suprema sobre casinos online que operan y auspician el fútbol chileno. ¿Los hallazgos? Varias fueron ilegalizadas y condenadas por delitos financieros en Europa, otras operan con licencias fraudulentas de los paraísos fiscales donde fueron constituidas. Una está relacionada al caso Odebrecht de coimas a políticos.

La senadora rechazó públicamente la contratación de la empresa de seguridad donde trabaja Crespo -propiedad de su esposa y suegra- por parte de la Delegación Presidencial del Maipo. El ex carabinero acusó -mediante un recurso de protección- que las palabras de la senadora le valieron amenazas y lo obligaron a iniciar un tratamiento psiquiátrico.

El alto tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado que buscaba mantener a la jueza en el caso por otros seis meses. El CDE argumentaba que aún quedaban 67 órdenes de investigar pendientes, pero el tribunal desestimó la petición. El 4 de septiembre deberá dejar su cargo en el caso por fraude donde ha encausado a 68 uniformados.

Por votación unánime, la Corte Suprema rechazó la reclamación de los consejeros oficialistas por la inclusión de nuevos capítulos no previstos por la Comisión Experta. Con esto, se abre la posibilidad de crear un apartado para las Fuerzas Armadas. 

Ángela Vivanco fue el único voto en contra en el fallo de la Corte Suprema que fijó un tope al alza del precio GES de las isapres. Vivanco -que en el pasado hizo informes en derecho para las isapres y criticó los recursos de protección en su contra- argumentó en la sentencia que los reembolsos sólo proceden para quienes demandaron.

El máximo tribunal no admitió el recurso presentado por la defensa, por lo cual se confirma la condena de 11 UTM y costas en contra. Interferencia estudia la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración a la libertad de expresión, al perseguir penalmente publicaciones que fiscalizan a funcionarios públicos, en este caso, un ex jefe de inteligencia policial.

El consumidor de medios del país se ha acostumbrado con el tiempo a un periodismo de filtraciones y operaciones interesadas, que benefician a determinados sectores políticos, de la misma manera que perjudican a otros con influencias más acotadas. En esa red de poder e influencia, el poder judicial y los jueces juegan un rol importante.

Las polémicas declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, desataron una avalancha de solicitudes de las isapres al mismo tribunal para aclarar la sentencia que las obliga a pagar millonarias devoluciones a los afiliados. Esto recaerá en la Tercera Sala del máximo tribunal, el que está integrado por la propia Vivanco, quien ya en el pasado, como abogada y académica, defendió a estas aseguradoras privadas de salud.

En 2013 la actual vocera de la Corte Suprema criticó que los tribunales acogieran “a todo evento” recursos contra las isapres por “alzas justificadas por la adición de cobertura dispuesta por la autoridad”. Señaló que estos juicios eran una industria "fructífera" para los abogados. En 2016 criticó que las aseguradoras no pudieran pasar las costas de los juicios como gastos para reducción de impuestos.

Los afiliados enfermos de los que siempre han querido deshacerse, ahora son un valioso escudo humano para proteger a las aseguradoras del fallo de la Corte Suprema que los obliga a devolver cobros excesivos y a cumplir la tabla única de factores. Si la futura Constitución “protege la libre elección” del sistema de salud, como desea la derecha, el mercado seguirá segmentando a las personas por su ingreso.

Myriam Escobar, cónyuge del ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, avanzó en el concurso sin cumplir el puntaje necesario en habilidades y destrezas, al igual que otros cinco postulantes. Ante la irregularidad, la Corte de Apelaciones decidió retrotraer el concurso y dejar fuera a esos postulantes. Pero hubo apelación ante la Corte Suprema, la que, en fallo dividido, habría mantenido el fallo anterior.

El máximo tribunal revisará la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel de dejar fuera de concurso a los candidatos sin el puntaje necesario en habilidades y destrezas. Entre ellos está Myriam Escobar, esposa de Manuel Valderrama, ministro de la Corte Suprema, la cual, además, visa el nombramiento.  

En 2018 la Fiscalía Militar estableció que el sargento Juan Ralliman disparó a quemarropa contra Jaime Soto (20 años), quien se encontraba de espaldas y nada tenía que ver con el procedimiento policial que se estaba llevando a cabo. El ex uniformado evitó la cárcel por cinco años gracias al recurso de casación que fue rechazado ayer por el máximo tribunal.