En la causa donde el Ministerio Público ingresó ayer la petición de formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su antecesor Mario Rozas, el Consejo de Defensa del Estado figura como querellante. Serán los consejeros quienes resolverán si acompañan a la fiscalía para imputar delitos ante un tribunal. 

Mientras las nuevas autoridades del Hospital San José buscaban información por un desfalco de $5.000 millones, aparecieron boletas correlativas, emitidas por la ex jefa jurídica del hospital, a la firma Steuern, propiedad de Villalobos. La sociedad es mencionada en el audio donde Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Villalobos buscan la forma de coimear a funcionarios del SII y la CMF.

La decisión la adoptó la Comisión de relaciones internas y ética del gremio y tendrá una duración indefinida. La noche del martes, Schiodtz se había adelantado a la situación, anunciando la suspensión voluntaria de sus labores gremiales. En el caso de la mutualidad, el ejecutivo ocupaba la presidencia del directorio.

Tras una publicación de Interferencia en la que se dio cuenta de informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público que apuntan a que Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos mientras era miembro del directorio de ENAP, esta federación gremial decidió que el caso sea visto por la comisión de relaciones internas y éticas del gremio. El ex director de Enap anunció la suspensión de su labor como consejero en dicho organismo y evalúa medidas por investigación en su contra.

Tras una publicación de Interferencia en la que se dio cuenta de informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público que apuntan a que Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos mientras era miembro del directorio de ENAP, esta federación gremial decidió que el caso sea visto por la comisión de relaciones internas y éticas del gremio.

Informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público apuntan a que mientras era miembro del directorio de ENAP, Paul Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos.

El robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social puso a Jackson (RD) en la polémica debido al trasfondo del Caso Convenios. La rápida acción de Carabineros y Fiscalía que encontraron los equipos electrónicos, liberaron la presión sobre el ministro, pese a que la caja fuerte robada sigue sin encontrarse. Desde la Moneda blindaron a Jackson, afirmando que había respaldo de todo y trataron de infame una carta en que la UDI pedía la renuncia del ministro.  

Ha declarado a Carabineros, Brigada de DD. HH. de la PDI y fiscalía que la compañía se llevó intacto el sistema de grabación (DVR) del interior de la bodega, donde se encontraron 5 cuerpos calcinados en octubre de 2019. Desde Kayser afirman que el sistema se quemó y además todos los equipos fueron sustraídos; confundiendo el guardia el DVR con los servidores.

Tras un año del asesinato de la periodista, los querellantes insisten en que hay pruebas que indican que el homicidio fue premeditado: un audio del acusado como autor material al que esta investigación tuvo acceso, y pistas como la procedencia de una camioneta que interactúa con quienes dispararon, además de la actitud pasiva de Carabineros. 

En esta columna exclusiva para Interferencia, el magistrado español Baltasar Garzón analiza cómo la ‘guerra judicial’ ha operado en América Latina para sacar del camino a políticos que incomodan a los más poderosos. Y lo ilustra con el caso del ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami. “En los últimos 8 años ha sido acusado hasta en 12 ocasiones de diferentes delitos que después quedan en nada”, afirma el juez que dio inicio al llamado caso Pinochet en 1998.

Ignacio Castillo Val renunció al cargo de secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para asumir la próxima semana como jefe de la Unidad Especializada de Drogas del Ministerio Público, por orden de Ángel Valencia. 

Tras más de nueve años en prisión por la participación en un asalto a un banco en Pudahuel, Jorge Mateluna Rojas fue indultado por el presidente Gabriel Boric a fines de diciembre del 2022. Él dice que fue juzgado por su pasado frentista y denunció todo este tiempo una serie de errores en el juicio que lo llevaron de vuelta a una celda. Esta es una investigación periodística que puso la lupa sobre el proceso judicial del caso.

¿Qué tienen en común Carolina Tohá, Mario Desbordes, el ‘Negro’ Piñera, el ex General Director de Carabineros Bruno Villalobos, Heraldo Muñoz, Rafael Garay, farmacias Cruz Verde, traficantes de armas del Ejército y SQM? Todos fueron defendidos en algún momento por este abogado, que también fue fiscal a inicio de los años 2000. 

El actual fiscal nacional subrogante dirigió la investigación del caso Sename, caso que archivó tras dos años a la espera de nuevos antecedentes. En tanto, Erika Maira, gerenta de atención de víctimas del Ministerio Público, otra de las candidatas, fue acusada hace algunos años por organizaciones feministas de revictimizar y relativizar la violencia de género.

El documento presenta a Herrera, nominada por La Moneda para ser la próxima Fiscal Nacional, no sólo cómo mujer de confianza de Abbott, sino que entrega antecedentes que mostrarían cómo ha contribuido a acallar investigaciones internas, entre éstas varios maltratos a mujeres. “Si llegara a ser ratificada, sería un desastre”, afirma un directivo gremial.

“Lo único que te digo es que pienses en el bien de la institución y de don Jorge (Abbott)”, le dijo Mansilla al fiscal Sergio Moya, pocas horas antes de acusar a su jefe Emiliano Arias por corrupción, acusaciones descartadas por la justicia. Además, la fiscal de Ñuble dio luz verde a una infructuosa y costosa investigación por el robo de seis cápsulas de café dentro de dependencias del Ministerio Público.

En sesión de la comisión de Constitución del Senado, la ministra de Justicia no supo explicar por qué La Moneda escogió a José Morales como candidato a Fiscal Nacional. Y este se vio en aprietos para explicar por qué muchas de sus causas más connotadas en los que participó al inicio, como el PacoGate y SQM, no llevaron a nada.

Según Negocios&Política, “en 2014, Enríquez Ominami era el político con mejor imagen del país, y firme candidato a suceder a Bachelet. Eso bastó para que se desatara en su contra una persecución judicial que repite varios de los mecanismos aplicados en la región”, comparando lo ocurrido con Lula en Brasil.

INTERFERENCIA tuvo acceso a partes del reporte que está confeccionando la policía civil, el que recomienda diligencias adicionales en el caso que lleva el fiscal José Morales, insinuando un trabajo deficiente del Ministerio Público.

Aunque es experta en anticorrupción, el Ministerio Público en el que ha trabajado por largos años en cargos administrativos tiene pocos logros que mostrar en la materia. Como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y a petición de Abbott, Herrera habría sido parte de los intentos por sacar al fiscal Emiliano Arias -quien investigaba delitos de platas políticas- de la institución. Ese intento naufragó en la Corte Suprema en 2022.

Tras un paso por el Ministerio Público hace más de 10 años, el abogado ha participado en la defensa de Cruz Verde en el caso colusión de farmacias, defendió a un colaborador de Felipe Harboe en el caso Corpesca y a un imputado en el caso de tráfico de armas a Croacia.

Según el querellante –un funcionario de Carabineros formalizado por el megafraude– Morales y el entonces jefe de la Dipolcar, Bruno Villalobos, se concertaron para “encubrir” los desfalcos. El fiscal asegura que la querella no tiene sustento, por lo que debería ser sobreseído. La causa, declarada admisible en 2019, no registra avances según la página de seguimiento del Poder Judicial.

El pasado 1 de septiembre el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, fue declarado culpable de disparar a la cara de Fabiola Campillai; despojándola de su visión, gusto y olfato. En conversación con INTERFERENCIA, su abogada da cuenta de un juicio “complejo y doloroso”, con una defensa “que no prestó colaboración alguna en el esclarecimiento de los hechos”.

La PDI interceptó y transcribió llamadas de Llaitul con al menos media docena de periodistas, entre ellos profesionales de Mega, Radio U. de Chile, La Red e INTERFERENCIA. Algunos figuran con fichas con sus direcciones particulares, números de teléfono y correos personales. En un caso aparecen fotos de una periodista en las afueras de su domicilio.

El Gobierno -en tanto- informó que solicitó los antecedentes al general director Ricardo Yáñez y destacó la importancia de las acciones de contrainteligencia. Desde distintos sectores del Congreso anunciaron medidas de fiscalización.

Teniente coronel Christian Beltrán fue trasladado a la 38° Comisaría de Puente Alto. Una investigación en curso pidió levantar su secreto bancario ante las sospechas de haber recibido pagos de la industria del robo de madera. El oficial de la Dipolcar ya contaba con denuncias por mal uso de recursos fiscales y maltrato laboral.

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó investigar la información de los administradores del Facebook e Instagram de la asociación de ciclistas luego de que denunciaran que durante una convocatoria 600 ciclistas ingresaron a la Costanera Norte. 

Una auditoría interna de Carabineros reveló que no existe documentación de respaldo para cientos de préstamos de este fondo de $147 mil millones financiado por descuentos mensuales a todos los funcionarios del país. Entre quienes recibieron créditos millonarios figuran involucrados en el caso PacoGate y ex jefes del Departamento de Bienestar.

El coronel Araya Parodi pasó a retiro el mes pasado con un sumario por acoso sexual en curso, el cual le podría haber significado la baja. Debía terminar en octubre de 2021, pero fue prorrogado cinco veces. Ahora, estando en retiro, no enfrentará consecuencias institucionales fuera de una anotación en su hoja de vida.

Jorge Montre en 2018 fue parte de la obstrucción del allanamiento de los cuarteles en Temuco por parte de la PDI, cuando blindados bloquearon las dependencias policiales. Hoy es el coronel a cargo de Fuerzas Especiales en 21 comunas, y tiene asignado el control del orden público en la Alameda y la sede de Gobierno.