Fiscalía
La defensora de presos políticos mapuche apunta que para las comunidades indígenas la institucionalidad chilena en su conjunto es una sola, por lo tanto el esfuerzo político de Boric y Siches podría ser insuficiente para alcanzar el objetivo planteado por La Moneda. Asimismo, confía en que quienes “siguen con el discurso de Mahmud Aleuy puedan abrir sus mentes”, aludiendo al subsecretario Monsalve.
Además de ser acusado por Fiscalía de provocarle un estallido ocular a un niño el año 2014 en La Legua y estar siendo investigado por Carabineros por acoso laboral y sexual, el coronel Jorge Araya Parodi fue denunciado por violencia intrafamiliar. No se le han suspendido los beneficios institucionales.
El 21 de octubre pasado se cumplieron dos años del día en que el joven de Talcahuano fue arrollado por un vehículo de la Armada conducido por el infante Leonardo Medina Caamaño. Los padres esperan un buen resultado en tribunales, mientras cargan con el cansancio y la tristeza de todavía ver al causante de la muerte de su hijo en libertad.
En los escritos, Sergio Micco también consulta por la posible participación de agentes del Estado en los fallecimientos al fiscal nacional, Jorge Abbott, quien asegura que no la habría. Sin embargo, se despachó orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos contra los DD. HH. de la PDI, reemplazando a Carabineros en las indagatorias.
La Corte de Apelaciones dejó en libertad al oficial de Carabineros Claudio Crespo apelando a su conducta anterior, y a que no sería un riesgo para la sociedad al estar de baja; quedando con arraigo y firma quincenal. Esto, pese a que el caso de E.G., baleado un año antes que Gatica, se encuentra aún en investigación, con Crespo formalizado por apremios, falsificación de instrumento público y obstrucción.
Denisse Cortés, quien se encontraba en la marcha como observadora, fue alcanzada por un proyectil mientras dialogaba al interior de un piquete de Carabineros, en una jornada de fuerte represión. Quienes la acompañaban acusan que Carabineros no prestó ayuda suficiente. Aún no se confirman las circunstancias de su muerte.
El 21 de agosto, el Juzgado de Garantía de Valparaíso suspendió una audiencia puesto que Orietta Llauca, querellada contra la dirección marítima por autorizar el vertimiento de salmones en descomposición durante la marea roja, acusó no tener acceso a la investigación de más de 12 tomos. Podrán revisarla sólo durante el próximo lunes, a 8 días de reiniciarse la audiencia.
A pesar de que el Ministerio Público mantuvo su acusación por delito de tenencia de arma durante todo el procedimiento (un revólver Smith & Wesson .44, sin inscripción ni permiso), en última instancia decidió no perseverar. Además, en el acta de la audiencia, su condena corresponde al delito de receptación simple y no al de daño a patrimonio.
Respetar los derechos de las niñas y las mujeres, particularmente las pobres, no es materia de “conciencia íntima” ni “convicción valórica”. Los y las representantes del pueblo que piensan que su fe y espiritualidad justifican rechazar estándares internacionales de derechos humanos, como la despenalización del aborto, están confundiendo gravemente su rol.
Esta semana fue noticia otra muestra más de la impunidad del financiamiento ilegal de la política, cuando la Fiscalía decidió no perseverar la investigación contra 34 políticos investigados. Como quedan algunas semanas para la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, la pregunta que ronda en el ambiente es ¿con quién aparecerán en la foto los involucrados en los múltiples casos de financiamiento irregular?
El ex titular de Interior denunció ante el fiscal Eugenio Campos –quien indaga el megafraude de Carabineros– la existencia de saldo sin justificar “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución”, correspondientes a gratificaciones y gastos en adquisición de terrenos, vehículos y equipos. Con esto, ya serían $45 mil millones en investigación por el Pacogate.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) aclaró en INTERFERENCIA que al momento de ir a reconocer el cuerpo vio que se trataba de otro weichafe; Pablo Marchant. "Estamos consternados. Murió combatiendo en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco, en una faena custodiada por Carabineros, por lo que lo vamos a reivindicar”.
El cientista político Sebastián Gallardo (UDI) asumirá el cargo. Fue investigado por una boleta de $5 millones emitida por la minera Soquimich, procedimiento para el que se decretó suspensión condicional. Consultado por los servicios que supuestamente prestó a a la minera, Gallardo se limitó a indicar que el caso “fue resuelto, no quedando nada más por investigar”.
Leonardo Medina Caamaño, el infante de marina que conducía el vehículo de la Armada con que se asesinó al joven de Talcahuano, podría enfrentar un juicio oral y de ser condenado, cumplir al menos 10 años de cárcel efectiva.
La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.
Un día después de señalar que no se referirían a la situación, la empresa de la familia Matte confirmó que recibían una prestación por parte del dirigente hasta que decidió postularse a la Convención Constituyente. Sin embargo, la filial de la CMPC no quiso entregar detalles del contrato.
Andrés Cruz estuvo en el Ministerio Público en uno de los momentos políticamente más tensos del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche. Hoy es docente en la Universidad de Concepción y busca ser parte de la Convención Constituyente, y pese a su currículum centrado en el área penal, es enfático en que la solución para la violencia en La Araucanía y Arauco es política.
Luis Niemann, inculpado por caso “Fragatas” y sus cartas denunciando corrupción dentro de la armada, tiene de cabeza a la institución que hoy se encuentra dividida entre quienes quieren limpiarla de malas prácticas y quienes señalan que es un “loco”.
El heredero del magnate Antonio Said denuncia que el fiscal Álvaro Pérez ha ignorado documentación entregada para determinar el tamaño de la herencia que disputa con su hermana, incluyendo audios donde un abogado de Claro y Cía. reconoce trasladar sociedades al extranjero “por temas tributarios”. El SII informó que dejará sin efecto la prescripción del impuesto a la fortuna pagado en 2010.
En su declaración ante el ministerio público, el imputado Daniel Goldberger reconoce haber escrito la carta con amenazas dirigidas a la persecutora. Además de pedir disculpas, el psicólogo de la UDD explica que la idea de la misiva surgió de él como una alternativa “no violenta” al plan inicial de tirarle huevos a la casa de Chong.
En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.
Longueira fue acusado en julio de 2018 por cohecho pero fue inhabilitado recién en noviembre de 2020 para votar y ser candidato. Distintas fuentes del partido aseguran que esto fue una sofisticada operación contra el ex senador, en la cual incluso habría participado el Tribunal Supremo de la colectividad, y que buscaba que la lista que lideraba María José Hoffmann ganara de forma automática. La maniobra resultó a medias, puesto que una llamada de última hora salvó a Longueira de quedar en ridículo en las oficinas del Servel.
El ex ministro declara hoy en calidad de testigo en el juicio por el asesinato del comunero mapuche. Sin embargo, persiste la duda si acaso no supo desde el primer momento que nunca existió un enfrentamiento armado, ocultando durante varios días la verdad. El ex general Victtoriano asegura que le informó el mismo día que no hubo intercambio de disparos y que Camilo Catrillanca no portaba armas.
El ahora ex funcionario de Carabineros se encuentra en prisión preventiva acusado de lesionar gravemente a Gustavo Gatica durante el estallido social. INTERFERENCIA accedió a registros que dan cuenta que Crespo, antes del 2019, disparó su escopeta al menos dos veces a una distancia que transgrede los protocolos, incluso provocando lesión ocular a uno de ellos.
Después de huir con la munición de un marino para denunciar en redes sociales que los uniformados utilizaban armamento de guerra, estuvo encarcelado por once meses, lugar en que sufrió violencia de gendarmes y otros presos. Actualmente arriesga al menos cinco años de presidio y espera el juicio con arresto domiciliario nocturno. Antes de las protestas sostenía a su familia, pero desde que lo persigue la justicia no ha podido volver a trabajar y carga las consecuencias psicológicas que le ha dejado el caso.
Solange Arias explica que no saben en qué está la investigación sobre la muerte de su hijo, Yoshua Osorio, uno de los cinco fallecidos encontrados en el incendio de la empresa en Renca el 20 de octubre de 2019. Fiscalía indica que hasta el momento no hay antecedentes sobre participación de terceros.
La jurista ha litigado en causas emblemáticas defendiendo los derechos de personas del pueblo Mapuche, mientras en paralelo ha sido fotografiada, intervenida telefónicamente e incluso perseguida judicialmente. Por lo mismo, llama a que las instituciones deben cuadrarse con detener este tipo de hostigamientos.
A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.
El gobierno de entonces entregó el equipo de Sebastián Dávalos a Carabineros en una diligencia que dependía de Bruno Villalobos, quien fue nombrado general director de la policía uniformada seis meses después por la presidenta Michelle Bachelet. Los equipos habían sido intervenidos y formateados, y Dávalos fue al final sobreseído por el fiscal Sergio Moya, quien luego se vio involucrado en la Operación Huracán con Villalobos.
El Ministerio Público había solicitado su sobreseimiento, pero el Juzgado de Garantía de Temuco dio 90 días para realizar nuevas diligencias, entre ellas, citar a declarar al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que se refiera sobre el conocimiento que tenían los fiscales sobre el montaje.
