Ángel Valencia
Tras el polémico nombramiento de Vidal para la Corte Suprema por acusaciones cruzadas que incluyeron una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su ex pareja, el Ejecutivo desistió de su postulación que ya se había enlodado por no haber conversado con el Senado los nombres para los puestos vacantes en el máximo tribunal.
En la gestión de Ángel Valencia, el Ministerio Público ha protagonizado reiterados episodios irregulares en el Caso Hermosilla y el Caso Procultura. Ahora la máxima autoridad del organismo permitió que funcionarios –no fiscales– puedan afiliarse a una colectividad. Y causó tanta controversia que los mismos trabajadores rechazaron la medida.
Pese a que los antecedentes surgieron hace dos años, aún no hay formalizados en la arista más cuantiosa del Caso Convenios. Escuchas ilegales, dos fiscales removidos y persecutoras vinculadas a uno de los investigados, son algunos de los episodios que ha protagonizado el Ministerio Público.
Desde el destape del caso Hermosilla, pasando por el caso Monsalve, hasta la divulgación de los chats entre Cariola y Hassler, Fiscalía mantiene 22 sumarios en investigación por filtraciones en sus filas. De los 36 sumarios iniciados desde 2017, sólo 13 han sido resueltos, con 6 con sobreseimientos, 3 con la suspensión del cargo y 2 con multas, así como de 2 remociones, incluyendo la desestimada contra el exfiscal Arias.
Chats de Hermosilla revelaron cómo la magistrada del tribunal de alzada capitalino, Verónica Sabaj, operó para que el Pleno sancionara al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El caso quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte,
La historia incluye armas, un casino tragamonedas ilegal al amparo de un supuesto mall chino, un contacto de Whatsapp identificado como “segundo a cargo”; un celular brasileño, un hombre con acento mexicano y un paquete de ketamina que viajó por avión desde los Países Bajos.
En la indagatoria, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz ya consiguió autorización judicial para obtener información georeferencial, mensajería de texto, entre otros, de tres teléfonos móviles de distintas compañías nacionales. El caso refiere a un plagio ocurrido en Ecuador, donde los secuestradores pedían 1 millón de dólares por no matar a la víctima.
Javier González Valencia está ligado, según las autoridades colombianas, al "Clan de los Úsuga" , una asociación criminal con sede en Cali, compuesta por ex guerrilleros. En Chile fue detenido por un accidente de tránsito en Antofagasta, pero se describió que lideraba un grupo delictivo de 12 connacionales, dedicados al secuestro, el narco, entre otros delitos, en la misma región del Norte Grande.
La solicitud fue enviada al organismo fiscalizador el pasado 7 de enero y firmada por el presidente de la instancia Stephan Schubert, ya que el secretario de Estado no ha concurrido a dos “invitaciones”. En todo caso, el jefe de gabinete de este último, envió a la instancia las disculpas del caso, cuyos argumentos, lejos de apagar la molestia de los parlamentarios, la encendió con más fuerza.
La auditoría también estableció atrasos en la entrega de estupefacientes decomisados por las policías. El Servicio de Salud solo los recibe de lunes a viernes en horario hábil y no existen fondos en el presupuesto 2025 para ampliar la recepción los fines de semana, entre otras irregularidades.
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
La ex Defensora Penal Pública logró que el titular del máximo tribunal, Ricardo Blanco, le otorgara de forma llamativa una audiencia que solo 48 horas después fue incluida en la agenda del jefe del Poder Judicial. Distintos abogados del foro reconocieron lo llamativo de la situación. Uno de ellos indicó que, a partir de ello, cualquier abogado lo puede “solicitar y que lo reciban”.
La decisión fue adoptada por el fiscal oriente contra el crimen organizado, Miguel Ángel Orellana. La determinación es la resultante del informe de Contraloría revelado ayer por Interferencia que estableció el extravió de 179 ampollas del opioide y otras 79 de morfina en dependencias de la policía uniformada.
El organismo de control estableció la pérdida de 179 ampollas del opioide con que el crimen organizado transnacional produce millones de dólares a nivel mundial. Solo a modo de comparación, en dos recientes operaciones de la fiscalía, en Santiago, se incautaron 140 unidades de esta droga de alta adicción. Su consumo en Chile, de acuerdo al Ministerio Público, ha ido en aumento.
La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.
El director (s) Richard González, confirmó los hechos e indicó que la sustracción ocurrió en la Oficina de Planificación y Control de Gestión. Explicó que nunca había ocurrido una situación de estas características y que las cámaras de seguridad eran vigiladas tanto por el Ejército, a cargo de la seguridad perimetral y también por civiles al interior del recinto. Explicó que se inició un sumario administrativo y la denuncia a la fiscalía. También descartó un riesgo nuclear.
La Unidad de Crimen Organizado y Drogas detalla nuevas tendencias y agrega delitos como el robo de cajeros y autos a estas asociaciones delictivas. También destaca el alza de “delitos predatorios” como secuestros y extorsiones, mayormente ligados a extranjeros. Y un detalle, hoy el crimen organizado está en todo Chile.
El TC deberá resolver si la reserva de los antecedentes que constan en la Comisión de Ética del máximo tribunal que investigó a Muñoz antes de ser destituido, se apega a los parámetros de la Carta Fundamental. Entre los supremos, la idea no es de su agrado.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
La declaración del ex ministro de Sebastián Piñera y amigo de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital del caso, se suma a una ampliación de querella que el SII presentó en contra de Leonarda Villalobos el 14 de noviembre.
Una joven de Enseñanza Media asistió a un examen de salud y quien la atendió escuchó el relato y denunció. “Se siente intimidada”, porque su compañero usa frases de connotación sexual e intenta mirar bajo la falda de ella. La magistrada ordenó a la fiscalía llevar adelante una indagatoria, sin existir denuncia de los padres o el establecimiento.
Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.
El caso lo lleva la Fiscalía Oriente, y hasta ahora hay 6 imputados, pero el líder sería el venezolano Jeffrey Milian Gamez, quien recibió el dinero en una cuenta bancaria nacional del resto de sus cómplices. Un tribunal de garantía autorizó el alzamiento del secreto bancario de todos los mencionados, para seguir la ruta del dinero.
La acción legal ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y sustanciada por la Fiscalía Centro Norte, revela que bajo la responsabilidad del titular de la 42º Notaría de Santiago, se falsificaron cinco escrituras con las cuales distintos sujetos intentaron usurpar propiedades a sus legítimos dueños por cifras millonarias y la creación de una empresa falsa.
El penalista aseguró que existieron conversaciones por el nombramiento de autoridades en el Poder Judicial y la fiscalía entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte de Apelaciones, Danilo Quezada; el supremo Mario Carroza, la ex fiscal judicial Lya Cabello y la jueza Paula Brito. Además, reveló chats por causas judiciales con distintos fiscales.
Nannan Shen de 42 años, mantenía domicilios en tres regiones de Chile, un contrato de trabajo y tenía pendiente una solicitud de residencia. Se movía con libertad entre Asia y Sudamérica ingresando a personas traficadas por pasos no habilitados y el pago se hacía en al menos seis bancos chinos. Otro alto miembro de la organización sigue prófugo.
Con todos los chats de Luis Hermosilla en su poder, el abogado defensor está ejerciendo un poder que lo deja casi como juez y parte. Y ha sabido utilizar esa palanca en los medios de prensa para intimidar de manera indirecta a jueces, fiscales y políticos involucrados en la red de influencias de su hermano. ¿El más expuesto? El Fiscal Nacional Valencia.
En el marco de una cautela de garantía en el Séptimo Juzgado del ramo, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz reveló el antecedente inédito. Todo en el marco de la legalidad de la diligencia que permitió incautar un tercer celular que manejaba el suspendido PS. Si bien se extraerán los datos, el magistrado Ponciano Sallés ordenó borrar los whatsapp con sus abogados y familiares.
Las diligencias que encabeza el fiscal regional Centro Norte avanzan a pasos agigantados, pero los problemas de La Moneda están lejos de terminar. A la crisis política se suma otra al interior de la policía civil, mientras el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, intenta hacer frente a la tormenta. En tanto, ayer los abogados de la ex autoridad solicitaron acceso a la carpeta de investigación..
Pese a que en un comienzo Ángel Valencia negó tener mensajes con Luis Hermosilla, el fiscal nacional no había mencionado la reunión de caracter privado que sostuvo con el abogado y Andrés Chadwick, cita en que el penalista le consultó sobre la posibilidad de resolver en procedimiento abreviado la causa en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa.
