Caso Hermosilla
La querellante Pegasus pidió audiencia para discutir el cierre de la causa, acusando que quedan diligencias pendientes, entre ellas el esclarecimiento de $198 millones en transferencias sin justificación a cuentas de la ex subsecretaria que fueron detectadas por la PDI en 2021.
Durante el mandato del Frente Amplio, el ex jefe de asesores del Segundo Piso tuvo figuración –en distinta medida–, en el Caso Convenios, el Caso Hermosilla, el Caso Monsalve, la compra de la casa de Allende y familiares en cargos públicos.
El ex diputado DC y operador político -recientemente involucrado en el Caso Audios por pagos provenientes de asociaciones de pesqueras- fue contratado por la Polla Chilena de Beneficencia en 2022 y desde entonces ha impulsado un fuerte lobby en el Congreso, participando de diversas reuniones representando los intereses de la compañía, habitualmente con autoridades del Poder Legislativo y siempre acompañando a la presidenta del directorio de la empresa estatal, Macarena Carvallo.
El TC deberá resolver si la reserva de los antecedentes que constan en la Comisión de Ética del máximo tribunal que investigó a Muñoz antes de ser destituido, se apega a los parámetros de la Carta Fundamental. Entre los supremos, la idea no es de su agrado.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
La declaración del ex ministro de Sebastián Piñera y amigo de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital del caso, se suma a una ampliación de querella que el SII presentó en contra de Leonarda Villalobos el 14 de noviembre.
Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.
Con todos los chats de Luis Hermosilla en su poder, el abogado defensor está ejerciendo un poder que lo deja casi como juez y parte. Y ha sabido utilizar esa palanca en los medios de prensa para intimidar de manera indirecta a jueces, fiscales y políticos involucrados en la red de influencias de su hermano. ¿El más expuesto? El Fiscal Nacional Valencia.
Pese a que en un comienzo Ángel Valencia negó tener mensajes con Luis Hermosilla, el fiscal nacional no había mencionado la reunión de caracter privado que sostuvo con el abogado y Andrés Chadwick, cita en que el penalista le consultó sobre la posibilidad de resolver en procedimiento abreviado la causa en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
Con el caso Hermosilla, no solo se ha conocido lo que parece constituir un entramado de tráfico de influencias en el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, como es el caso del ministro Jean Pierre Matus y la ministra Ángela Vivanco, sino también en la tramitación y fallos diferenciados para ciertas causas patrocinadas por ex parlamentarios que hoy ejercen como abogados y que indirectamente pudieron verse beneficiados con ello, como lo ocurrido en la causa de Codelco con la bielorrusa CBM.
En entrevista con Interferencia, el diputado DC asegura que "están todos los antecedentes para esa acusación constitucional y de esta forma evitar que las faltas a la probidad o la corrupción dañen de manera irreparable a la Corte Suprema". Asimismo, confía en que la derecha dé su apoyo, pues argumenta que "no es un tema de derechas ni izquierdas".
El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.
Entre los mensajes, se constata que Hermosilla efectúo esfuerzos para asegurar la llegada de Vivanco a la Suprema y que una vez estando allí ella le compartió información que aún no era pública sobre recursos judiciales que afectaban a Carabineros y la PDI cuando Hermosilla trabajaba para el Ministerio del Interior, en el segundo período de Sebastián Piñera.
El agradecimiento de Matus a Hermosilla después de su nombramiento; la solicitud de apoyo de Ángela Vivanco al abogado para allanar su nominación a la Corte Suprema que se sumó al ofrecimiento que la pareja de la ministra, Gonzalo Migueles, realizó al fiscal Carlos Palma; la denuncia por entrega de información privilegiada de Sergio Muñoz a su hija y la polémica en el nombramiento de María Teresa Letelier que involucró a Mario Desbordes son algunos de los conflictos del máximo tribunal.
A raíz de un artículo de Interferencia titulado 'Fiscalía pide mensajes de Hermosilla a la PDI que pudieron favorecer a Katherine Martorell y abre nueva arista en el caso audio', Martorell publicó en sus redes sociales una declaración pública al respecto.
La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
Desde la firma señalaron a Interferencia que las transferencias, realizadas desde la misma cuenta en que Hermosilla pagó a Chadwick, corresponden a charlas sobre entornos sociopolíticos para clientes de su bufete por $2.368.556 en 2022 y $2.937.177 en 2023. Aseguran que pagos están debidamente documentados y facturados.
El fiscal del caso audios Miguel Ángel Orellana, un reconocido experto en crimen organizado, calificó a Luis Hermosilla como un “consejero delictivo”. Entre los nombres mencionados en este escándalo figuran Andrés Chadwick, Sebastián Sichel y Jean Pierre Matus. En los próximos días se conocerán los descargos de los abogados defensores.
En escrito enviado a este medio, el magistrado precisa algunos puntos respecto a un artículo publicado el domingo pasado.
Se trata del ingeniero en ejecución en gestión pública, Renato Robles Iturrriaga, adscrito como ejecutivo a la gestión de cobro, en la Tesorería. Como sueldo percibe poco más de $2 millones 599. Patricio Mejías Esparza es un sujeto que desarrolla labores administrativas en la regional Oriente del SII. La audiencia de formalización quedó fijada pafra el 21 de agosto.
Ciper reveló un chat en que Gonzalo Migueles, pareja de la actual ministra de la Corte Suprema, realiza los ofrecimientos a Palma mientras estaba en la quina para fiscal nacional con la intención de que apoyara a cierto candidato. La conversación luego fue enviada por Palma a Luis Hermosilla “para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes” por parte de personas “cercanas a él”.
En el informe presentado en la Corte de Santiago, en respuesta al recurso de protección interpuesto por Vargas, el presidente Raúl Letelier aseguró que el organismo está facultado por ley para solicitar copia de los antecedentes. Y que por el momento carece de información si Vargas ha cometido algún delito. La Fiscalía Nacional, en otro documento enviado al tribunal de alzada capitalino, asegura que la indagatoria cuenta con todas las autorizaciones judiciales requeridas.
Mediante una solicitud del Ministerio Público, la UAF perfiló socioeconómicamente a cuatro de los involucrados en el Caso Hermosilla y sus aristas. La Unidad identifica los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los implicados en el caso, como también sus antecedentes patrimoniales y los esquemas para entender flujos de dineros y transacciones sin justificación financiera.
“Los montos eran entregados por Daniel o Ariel y la cantidad de facturas también”, declaró un técnico auditor de 20 años que realizó su práctica en Factop y que reveló la forma de operar de los hermanos Sauer a la PDI. “Dichas facturas no contaban con el procedimiento que yo acostumbraba a hacer al principio, que era cotejar la información con bodega”, apunta. Durante la pandemia le pidieron ponerse creativo, agregando como ventas ficticias todo tipo de productos de limpieza.
La jueza Francis Fell apuntó que la medida cautelar es "indispensable para el éxito de la investigación" y que la prisión preventiva "resulta proporcional y necesaria por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación".
El ex ministro del Interior recibió información de parte del abogado sobre la investigación de la compraventa de minera Dominga, en que su primo y ex presidente, Sebastián Piñera, figuró como imputado.
