Mario Rozas
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
Entre los 228 casos que la Fiscalía expuso —que inicialmente eran 1396— se describieron las acciones policiales que causaron consecuencias en el estallido social como ceguera unilateral, bilateral, politraumatismos, fracturas, heridas y, en el peor de casos, muerte. Lo anterior, por el actuar policial al margen de los protocolos con funcionarios que no respetaron normas para el uso de la fuerza y el armamento.
En 2 horas 40 minutos de exposición, la fiscal Chong pudo describir brevemente sólo 138 de las 1.386 causas del estallido social por las que acusan a los ex directores de Carabineros, R. Yáñez y M. Rozas, y al ex subdirector, D. Olate, por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.
En los últimos quince años, cinco ex directores generales de Carabineros han enfrentado la justicia: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure y Eduardo Gordon a los que este martes se sumarán los de Ricardo Yáñez y Mario Rozas por el delito de omisión por apremios ilegítimos ocurridos en el contexto del estallido social.
El ministro de Justicia había sugerido la renuncia de Yáñez. El denominado 'criterio Tohá', que insta a las autoridades a renunciar ante procesos judiciales para no entorpercer la labor de las instituciones, lo presionaba también. Además, lo ocurrido con el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, también influyó. Sin embargo, el contexto cambió con el asesinato de tres carabineros y la formalización en contra de Yáñez se aplazó. Así, continuará en el cargo por los próximos meses a tan solo días de que su salida fuera prácticamente un secreto a voces.
Con datos y testimonios de víctimas, la fiscal Ximena Chong formalizará al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y otros ex generales el 7 de mayo. Las cifras son clave para evaluar el conocimiento de Yáñez, Rozas y Olate sobre los efectos de las actividades de control de orden público bajo su mando.
En la causa donde el Ministerio Público ingresó ayer la petición de formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su antecesor Mario Rozas, el Consejo de Defensa del Estado figura como querellante. Serán los consejeros quienes resolverán si acompañan a la fiscalía para imputar delitos ante un tribunal.
Entre el 29 de noviembre de 2019 y el 4 de marzo de 2020, a cinco meses de iniciado el estallido social, la institución adquirió distintos vehículos que variaron en precio entre $160 y $998 millones la unidad; además de reparar los antiguos por $1.9 mil millones. Carabineros se niega a revelar la cantidad de nuevas unidades adquiridas.
La institución se negó a transparentar la cantidad de unidades compradas del camión Alpine RCT4 año 2020, a pesar de haber sido consultados por esto vía Ley de Transparencia con el fin de saber a cuánto asciende el gasto público en vehículos de este tipo desde el 2019 a la fecha. La cantidad de carros comprados es un dato que la policía considera como "secreto".
La agencia londinense, Forensic Architecture, midió la acumulación de gas CS durante el 20 de diciembre de 2019. Por momentos, las concentraciones también superaron 27 veces el nivel que entidades califican de “peligrosidad inmediata para la vida y salud”.
Luego de que decenas de manifestantes resultaran quemados, Carabineros negó utilizar soda cáustica o químicos similares en los carros lanza agua. Pero un componente que oficialmente sí emplean puede causar quemaduras de 1º y 2º grado, según estudios en Francia, Uruguay, Japón, Inglaterra y EE.UU. Varios factores potencian este efecto lesivo.
El abogado Daniel Soto ayudó a fundar el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros el 2011 e hizo clases en la institución hasta septiembre de este año. Junto a su colega Rodrigo Pérez de Arce, realizaron un estudio jurídico para responder el por qué falló el uso de la fuerza durante el estallido, centrándose en el derecho internacional.
El ex general director Mario Rozas firmó un contrato en 2017 por 1 millón 635 mil pesos mensuales para arrendar una vivienda en Madrid, mientras era agregado policial. En tanto, el general Enrique Bassaletti solicitó arrendar una residencia en 2015 por cerca de 3 millones de pesos en Reino Unido, cuando se aprestaba a ejercer la misma labor en el extranjero.
El general director reconoció que recibió una asignación irregular en 2015, pero dijo que no la devuelve porque no ha sido “notificado” por Contraloría. INTERFERENCIA accedió al contrato de arriendo, el cual es parte de las investigaciones que ha realizado el diputado Leonardo Soto (PS) sobre los millonarios pagos a agregados policiales en el exterior.
Son amigos, vacacionan juntos y enfrentaron el estallido social estrechamente con discursos similares. La continuidad que representaría el nuevo general director abre las incógnitas sobre si seguirán las violaciones a derechos humanos como también los casos de corrupción, puesto que los oficiales clave en estas situaciones –incluido Yáñez– siguen firmes en el alto mando.
En agosto el jefe zonal de Santiago Oeste solicitó a los funcionarios realizar labores permanentes de vigilancia y seguimiento de camiones de la tabacalera, entregando incluso una hoja Excel con las rutas y horarios de traslados, mientras un suboficial debe permanecer ocho horas al día en la central de monitoreo de la empresa.
Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y ahora Víctor Pérez. Todos han salido en medio de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros. Pero el general director se mantiene y nadie explica el porqué con claridad. Pero un hecho es que en la derecha y uniformados en retiro, la situación está causando molestia.
La entidad fiscalizadora confirmó que abrirá una investigación por presuntas irregularidades.
El general Raúl Aburto, encargado de supervisar la relación de Carabineros con servicios y empresas de seguridad privada, nunca hizo sonar alarma alguna. Tampoco la generala Pamela Olivares, esposa del gerente de seguridad de la empresa tabacalera, un coronel en retiro de la policía. El Director General Mario Rozas, compañero de generación de ambos generales y quien los ascendió al alto mando, ha mantenido silencio.
El alto mando habría recibido pagos por realizar labores de seguridad privada en las cuales ocupó a personal activo de Carabineros y autos institucionales para realizar trabajos de escolta, denuncia hecha a Contraloría por la diputada Cristina Girardi.
Ambos disuasivos – utilizados más de 238 mil veces entre octubre de 2019 y marzo de 2020 – cuentan con el químico CS, el cuál según un estudio científico francés publicado por INTERFERENCIA genera cianuro en el organismo. Para comparar, durante las protestas de Hong Kong se percutaron 16 mil cartuchos en también seis meses, disparándose un 1200% más en Chile.
Registros audiovisuales muestran cómo un efectivo de FF. EE. empujó a un adolescente que corría por el puente ubicado al costado de Plaza Dignidad, mientras se desarrollaba una protesta. El joven de 16 años cayó desde siete metros al lecho del río, encontrándose internado en la Clínica Santa María con múltiples fracturas pero estable dentro de su gravedad. Parlamentarios piden la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas.
La falta de transparencia en su gestión ha llevado a más de 50 ex uniformados a solicitar el rescate de sus primas de seguro de vida a la mutualidad. Recibirán mucho menos dinero que si siguen pagando la póliza, pero temen que, si no sacan parte de sus fondos ahora, se queden sin nada. Ya convocaron a una protesta fuera de sus oficinas para ser escuchados.
El abogado Daniel Soto fue parte del equipo fundador del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros en 2011, además de profesor desde 2012 y ex asesor de la institución. Para él, el policía debiera ser el "principal agente promotor de los derechos humanos"; aunque pueden transformarse en "el principal infractor de los derechos que tienen a su cargo".
Un artículo de investigadores chilenos publicado por editorial de la prestigiosa revista Nature presenta datos sobre pacientes de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador. El estudio dice además que siguieron llegando pacientes por esta causa a pesar de que las autoridades habían prohibido el uso de estos balines, los cuales contenían metal además de goma.
En diez años Ingeniería Solem S.A. ha recibido órdenes de compra directas por más de $1.200 millones, pese a que existen más proveedores, y una de las funciones contratadas puede hacerse usando dispositivos Simccar disponibles por la policía desde 2015.
La institución policial -luego de una solicitud de transparencia- comunicó solamente el monto desembolsado entre el 1 de enero y el 19 de marzo del 2020, sin informar unidades compradas ni el modelo. El último gasto dentro de vehículos destinados a control del orden público corresponde al 2019, donde se destinaron $4.266 millones para la compra de cuatro vehículos blindados, tres camiones lanza agua y tres carros de transporte de personal blindados.
Nuestro medio tuvo acceso a la carpeta investigativa en la que se señala que la policía percutó más de dos mil veces sus escopetas ese viernes 8 de noviembre, el mismo día en que la ONU urgió a las autoridades chilenas “cesar de inmediato el uso de balines y perdigones”.
El barrista de Colo Colo, atropellado y muerto por un camión de Carabineros en la noche del martes 28 de enero en los alrededores del Estadio Monumental, fue parte del programa Diálogos Futboleros. Tanto la entidad policial como Estadio Seguro están bajo la responsabilidad política y administrativa del ministro Gonzalo Blumel.
David Gaete Beltrán fue parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) en la Provincia de Arauco y participó de los allanamientos del bullado montaje que encarceló a un grupo de mapuche, fue denunciado por torturas en 2017 y hoy acusa a tres jóvenes de lanzar bombas molotov en Plaza Dignidad.
