Las escuchas telefónicas indagadas por la PDI pusieron al presidente Gabriel Boric como protagonista por un posible financiamiento a su campaña con platas de la fundación. A esto se suma que Alberto Larraín tuvo una llegada fallida al Gobierno e incrementó en 10 veces los convenios que su fundación obtuvo con la actual administración. 

Mientras se define la presentación de un posible candidato presidencial, militantes del FA apuntan a su partido como "hecho para un grupo de amigos". Otros se distancian de la idea de una "bolsa de trabajo", y sostienen que prima una búsqueda ideológica respecto a una instrumentalización de la colectividad tras la fusión de CS, RD y Comunes, en el momento que la tienda sufría los coletazos del Caso Convenios. 

En un día marcado también por la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra de la casa de Allende, además salió de imprevisto uno de los arquitectos principales del Frente Amplio.

El reciente partido unificado del Frente Amplio conformado por ambas colectividades, tiene bajo su responsabilidad multas por más de $48 millones en conjunto, por concepto de observaciones a los balances presentados al Servicio Electoral durante años anteriores.

La votación excluyó a Comunes, partido que se encuentra en proceso de disolución tras solicitud del Servel. En CS votó el 23% del padrón y en RD el 7%. De aprobarse esta fusión, se transformaría en la colectividad más grande del país con 62 mil militantes.

Una de las lecturas que se realizan en la interna de los partidos oficialistas es que la querella presentada por Jackson nuevamente debilitó los puentes de consenso entre las dos coaliciones de Gobierno, y en particular un quiebre directo con el Partido Socialista. Una decisión que, fuentes conocedoras, indican no convencía incluso al propio Presidente. 

Tras no asistir en dos ocasiones ante la comisión del Congreso, ayer finalmente Miguel Crispi aseguró a esa instancia que le informó al presidente Boric del caso el 16 de junio, nueve días después de haber sabido del caso por un 'rumor'. Otros personeros de RD, como Juan Ignacio Latorre, lo sabían al menos desde el 6 de junio, mientras que Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, se enteró el 2 de mayo. 

El ex ministro de Desarrollo Social dio un paso al costado en un gesto que buscó signar como 'altruista' para no entorpecer el diálogo en torno a la agenda gubernamental y de pensiones. La derecha desistió de la acusación constitucional, pero dice que la renuncia no es suficiente para bajar la presión frente a este caso de corrupción sistemática.

El robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social puso a Jackson (RD) en la polémica debido al trasfondo del Caso Convenios. La rápida acción de Carabineros y Fiscalía que encontraron los equipos electrónicos, liberaron la presión sobre el ministro, pese a que la caja fuerte robada sigue sin encontrarse. Desde la Moneda blindaron a Jackson, afirmando que había respaldo de todo y trataron de infame una carta en que la UDI pedía la renuncia del ministro.  

Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.

"Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza", dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, luego de revelarse que el presidente de Revolución Democrática conoció los primeros antecedentes del caso Democracia Viva diez días antes de que se hiciera público, información que afirma no comunicó al ministro Carlos Montes (PS) ni al ministro Giorgio Jackson (RD), lo cual hoy agudiza la crisis entre las filas oficialistas.

Interferencia conversó con la familia del propietario del inmueble, quien confirmó que desde 2019 la diputada RD arrienda la casa. Vecinos aseguran que la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez, también vivió en esa dirección, y que la casa funcionó como un centro de reuniones políticas durante la campaña presidencial de Boric.

La gran diferencia entre la izquierda tradicional y la nueva generación radica en la vilipendiada ideología. Sin ella, los partidos están más expuestos a la fragilidad ética; bien lo sabe la vieja Concertación. Pero se puede madurar y aprender de los errores del pasado, para no repetir la impunidad del financiamiento ilegal de la política.

La derecha anunció una comisión investigadora para llevar la responsabilidad política al titular de Vivienda, donde sucedieron los posibles delitos, y al titular de Desarrollo Social, quien es el fundador y líder de RD. En tanto, dentro del PS no cayó bien el respaldo irrestricto de Gabriel Boric a autoridades regionales salpicadas por el caso.

Se trata de tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público, el congelamiento de la toma de razón de contratos con fundaciones por parte de Contraloría y una nueva investigación del Servel a Aprueba por Chile. En tanto, Gonzalo Winter (CS) afirmó que "ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo", mientras que la derecha pide la renuncia de los ministros Carlos Montes (PS) y Giorgio Jackson (RD).

Alcaldes contra Catalina Pérez, ella contra sus cercanos, todos RD. Viejos socialistas contra jóvenes frenteamplistas en el Gobierno y las directivas partidarias. Pugnas de 'lotes' de Convergencia Social y Revolución Democrática por una fusión que se hace más compleja. Golpes van, golpes vienen.

Dos semanas atrás la diputada Ahumada (ex PDG) ofició al seremi de Vivienda de Antofagasta, un ex asesor de Pérez en Revolución Democrática, por un trato directo por $426 millones con la Fundación de la pareja de la también ex presidenta del partido. "No sabemos si va a terminar aquí", dice Ahumada a Interferencia.

Pese al difícil escenario que tenían los candidatos mapuche para conseguir un asiento, Alihuen Antileo (IND) consiguió un cupo a través de los escaños reservados con una histórica votación. Mientras que Kinturay Melin en la Araucanía y Julio Ñanco en la región de Aysén, participaron por cupos regulares por Revolución Democrática y esperan lograr un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. 

El sector oficialista se reunió en Cerro Castillo para trazar la agenda legislativa a futuro y afrontar la gran derrota del 7 de mayo, insistiendo en la unidad para futuras elecciones, incluyendo eventualmente a la DC. Al encuentro no asistió la timonel del PPD, Natalia Piergentili, una de las ideólogas de las listas separadas.

Pese a que hay cierto 'optimismo' y en los peores pronósticos auguran 21 escaños para las fuerzas progresistas (con lo que tendrán veto), de consolidarse un bloque hegemónico de derecha, esto implicará ceder terreno en la agenda y buscar alianzas con la derecha tradicional y el PDG para no caer en la intrascendencia.  

Con pancartas alusivas al acoso sexual y la lucha en contra de la violencia de género, la marcha del 8M en la capital convocó a mucho  más personas a la Alameda que en 2022. La manifestación tuvo una fuerte presencia de performances, danza y arte.

Los ex diputados de RD Miguel Crispi, Jorge Brito, Natalia Castillo, Maite Orsini y Pablo Vidal. y el PC Amaro Labra, solicitaron 43 informes en dos años a esta consultora ligada a Revolución Democrática por concepto de "asesorías externas". La consultora ahora asesora a la familia Angelini en un proyecto inmobiliario en Viña del Mar.

Tras un artículo publicado de INTERFERENCIA que reveló los vínculos de El Mapa con Copec, la alcaldesa de Viña del Mar envió una carta a la Directiva de su partido, Revolución Democrática, exigiendo transparentar la relación de los militantes de la consultora con el proyecto Inmobiliaria Las Salinas. Además, comunicó que buscará cerrar la criticada actividad 'Plaza de Bolsillo', favorable a los intereses de los Angelini, que El Mapa promovía en el lugar, todavía contaminado por petroquímicos.

Los diputados votarán hoy por los 12 expertos que designarán para el organismo que acompañara al futuro Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de Constitución. En esta primera lista, a la derecha le tocan 6 expertos, al oficialismo 5 y a la DC junto con ex militantes de la tienda y otros parlamentarios; uno. El Senado entregará su nómina el miércoles. 

Con la irrupción de figuras políticas antes consideradas secundarias al debate constitucional y las visiones que estas traen consigo, el proceso sufre una nueva postergación. A partir de ahora, las negociaciones serán a contrarreloj para quienes buscan tener en abril del próximo año elecciones de nuevos convencionales. 

Convergencia Social, Comunes y Revolución Democrática son partidos jóvenes con un rápido ascenso al poder político. INTERFERENCIA constató las diferencias estructurales que existen entre cada sede y el dispar presente en el que se encuentran.

Hasta este lunes el Apruebo totalizaba $137 millones en aportes, en su mayoría provenientes de Revolución Democrática. Esta cifra fue duplicada con un único aporte individual de $164 millones ingresado por el PS. Al cuadro también se sumaron los ex convencionales, Salinas y Vilches con donaciones para la Asamblea Maule Sur y Modatima.

El ex dirigente universitario, crítico de la política del gobierno de Gabriel Boric en Wallmapu, decidió no repostularse al cargo después de haber sido acusado sin evidencias de difamar a la antigua directiva nacional de la colectividad. Su sucesor es el joven que protagonizó la emblemática foto de la bandera mapuche en Plaza Dignidad durante el Estallido Social.

José Ancalao recuerda cómo hace diez años conoció a los líderes estudiantiles que hoy son autoridades de Gobierno y cómo cambiaron una vez en el poder. Comenta criticamente su actual gestión en materia mapuche y evalúa sus principales errores, los que cree se fundan en una mirada soberbia y academicista respecto del problema. 

Javier Ponce (ind.) presentó problemas de salud poco después de asumir, por lo que informó su intención de dejar el cargo. Ante la indecisión del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), para encontrar un sucesor, todas las tareas han recaído en la cuestionada delegada de la Región del Bío Bío, Daniela Dresdner (RD), quien dijo que "en este momento no tenemos manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona".