Carabineros
Fiscalía acusó a Mauricio Sepúlveda, armero de profesión, de internar cuatro armas de fuego no declaradas por el Aeropuerto de Santiago, pidiendo 18 años de cárcel. Sin embargo, resultaron ser maquetas destinadas a ser expuestas en la FIDAE. Durante la investigación, se le incautaron 36 armas reales, las que ahora se encuentran perdidas.
Según información publicada por medios de comunicación, desde el 2012 y la fecha, la institución más afectada por robos o extravíos de armas es Carabineros con un total de 229 casos. Le siguen la PDI con 74, el Ejército con 69, la Armada con 6, Gendarmería con 4 y la Fuerza Aérea con 1.
Un recurso de apelación contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, plantea que Labocar levantó, el 19 de diciembre, un pantalón supuestamente manchado con sangre desde la casa de la dirigenta mapuche. Sin embargo, pericias realizadas contradicen esa versión: “Esa afirmación entregada al Juez de Garantía de Los Lagos es falsa”.
Una publicación en Facebook dio a conocer estos hechos. Interferencia logró acreditar que, en paralelo a esa denuncia en redes, existe una acusación formal que ya está en manos de la Primera Fiscalía Militar de Santiago. Ninguno de los instructores involucrados ha sido suspendido.
Tras más de 100 audiencias de juicio oral, un reportaje de Ciper dio a conocer seis videos en los que el ex teniente coronel de Carabineros amenaza explícitamente a manifestantes durante la revuelta de 2019. Casos anteriores, una nueva formalización y una empresa familiar con contratos estatales forman parte del largo historial del ex G-3 de Fuerzas Especiales.
Fue el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien catalogó el plan como un fracaso tras la muerte de dos hinchas de Colo Colo en la previa de un partido por Copa Libertadores. Desde su implementación la iniciativa fue polémica y con el correr de los años enfrentó una escalada de violencia que intentó enfrentar de forma tangencial con suspensión de encuentros, aforos limitados, partidos sin público visitante y derecho de admisión, pero sin lograr su verdadero propósito.
"El desafío fundamental no es técnico sino político: reconocer que la seguridad pública moderna requiere tanto capacidad de coordinación como mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Sin estos elementos, el nuevo ministerio corre el riesgo de convertirse en un cambio nominal sin transformación sustantiva".
Luego de que Interferencia diera a conocer que el subprefecto fronterizo de Iquique dio positivo por cocaína en 2024, Carabineros emitió un boletín reportando que, de 15 mil test realizados ese año, 52 dieron positivo. El reporte también describe el caso de un funcionario que fue expulsado por intentar falsificar una prueba de orina.
La historia fue publicada hace un par de semanas por Interferencia. Baris Ratkevicius, teniente coronel de Carabineros, había sido nombrado como encargado del control de las fronteras de Iquique, a un año de haber dado positivo en un test por cocaína. Luego de la publicación, el carabinero fue removido, pero la institución no entregó más detalles sobre su paradero.
A un año de dar positivo por cocaína mientras desempeñaba funciones policiales en Pozo Almonte, el teniente coronel Baris Ratkevicius fue promovido a subprefecto fronterizo, encargado de asegurar el control de las fronteras de Iquique. Tras consulta de Interferencia, Carabineros informó que “actualmente se encuentra en desarrollo un sumario administrativo” contra Ratkevicius.
Este lunes se cumplen 1.000 días con Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. La medida se implementó el 18 de mayo de 2022, a 66 días de iniciado el gobierno. En paralelo, las Fuerzas Armadas también se encuentran desplegadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, totalizando en esa zona 716 días a la fecha bajo el sistema de "infraestructura crítica".
Chats de Hermosilla revelaron cómo la magistrada del tribunal de alzada capitalino, Verónica Sabaj, operó para que el Pleno sancionara al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El caso quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte,
La historia incluye armas, un casino tragamonedas ilegal al amparo de un supuesto mall chino, un contacto de Whatsapp identificado como “segundo a cargo”; un celular brasileño, un hombre con acento mexicano y un paquete de ketamina que viajó por avión desde los Países Bajos.
En la indagatoria, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz ya consiguió autorización judicial para obtener información georeferencial, mensajería de texto, entre otros, de tres teléfonos móviles de distintas compañías nacionales. El caso refiere a un plagio ocurrido en Ecuador, donde los secuestradores pedían 1 millón de dólares por no matar a la víctima.
El organismo constató irregularidades en un informe reservado. Más de 1.200 visitas al machi Celestino Cordova, lo mismo con ex agentes de la dictadura. Pérdida de sumarios. Falta de allanamientos, drogas sin cadena de custodia y abogados que ingresaron un mismo día a cárceles de distintas regiones del país.
Javier González Valencia está ligado, según las autoridades colombianas, al "Clan de los Úsuga" , una asociación criminal con sede en Cali, compuesta por ex guerrilleros. En Chile fue detenido por un accidente de tránsito en Antofagasta, pero se describió que lideraba un grupo delictivo de 12 connacionales, dedicados al secuestro, el narco, entre otros delitos, en la misma región del Norte Grande.
La solicitud fue enviada al organismo fiscalizador el pasado 7 de enero y firmada por el presidente de la instancia Stephan Schubert, ya que el secretario de Estado no ha concurrido a dos “invitaciones”. En todo caso, el jefe de gabinete de este último, envió a la instancia las disculpas del caso, cuyos argumentos, lejos de apagar la molestia de los parlamentarios, la encendió con más fuerza.
La auditoría también estableció atrasos en la entrega de estupefacientes decomisados por las policías. El Servicio de Salud solo los recibe de lunes a viernes en horario hábil y no existen fondos en el presupuesto 2025 para ampliar la recepción los fines de semana, entre otras irregularidades.
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
Álex fue asesinado a golpes por carabineros en Maipú. Yoshua fue una de las cinco personas que fueron encontradas en las bodegas Kayser en Renca. Romario murió por disparos de militares en La Serena. Los tres casos retratan, a su manera, las tres maneras que tuvo el Estado de Chile de asesinar: a través de las policías, las Fuerzas Armadas y en oscuros casos de cuerpos que eran encontrados en edificios quemados.
Luego de que el Ministerio Público no lograra acreditar que el infante Ricardo Seguel fuera el de los disparos que acabaron con la vida de Yordan Llempi, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete absolvió al acusado de homicidio.
El ex carabinero —acusado también de cegar a G. Gatica— fue formalizado por disparar al ingeniero M. Zagaglioni, quien volvía a su casa del trabajo durante el estallido social. Mediante documentos policiales, fiscalía habría establecido que Crespo estuvo en el lugar y hora del ataque, corroborando que nadie más de la cuadrilla a su mando percutó disparos.
La decisión fue adoptada por el fiscal oriente contra el crimen organizado, Miguel Ángel Orellana. La determinación es la resultante del informe de Contraloría revelado ayer por Interferencia que estableció el extravió de 179 ampollas del opioide y otras 79 de morfina en dependencias de la policía uniformada.
El organismo de control estableció la pérdida de 179 ampollas del opioide con que el crimen organizado transnacional produce millones de dólares a nivel mundial. Solo a modo de comparación, en dos recientes operaciones de la fiscalía, en Santiago, se incautaron 140 unidades de esta droga de alta adicción. Su consumo en Chile, de acuerdo al Ministerio Público, ha ido en aumento.
La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.
Sebastián Benfeld señaló a Interferencia que la defensora medioambiental recibió "amenazas que constan de ataques verbales explícitos, cortes de camino, agresiones físicas y también a la propiedad de Julia Chuñil".
La Unidad de Crimen Organizado y Drogas detalla nuevas tendencias y agrega delitos como el robo de cajeros y autos a estas asociaciones delictivas. También destaca el alza de “delitos predatorios” como secuestros y extorsiones, mayormente ligados a extranjeros. Y un detalle, hoy el crimen organizado está en todo Chile.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
Una “alerta de monitoreo” preparada por la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte, da cuenta del ingreso de un ex militar venezolano el pasado 28 de octubre, pero en el mismo mes habrían al menos otros cuatro casos similares. Una vez que ingresan a suelo nacional, es imposible seguirles el rastro, dicen en la PDI.
Tras el receso a la formalización del ex subsecretario del Interior decretada por el juez Mario Cayul, a solicitud de la defensa de Monsalve, estos son los hechos que iniciaron con un beso no consentido el 1 de septiembre y que se extienden hasta la detención del ex sheriff en una unidad policial a la espera de retomar la audiencia.
