Este martes la Cámara aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en el sur del país. La medida obtuvo 102 votos a favor, 25 en contra y 16 abstenciones y fue ratificada por el Senado, con 31 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Con ello, el despliegue militar se extenderá por 15 días más en su prórroga número 29 desde que se inició el año pasado.
A los 66 días del gobierno de Gabriel Boric (CS), la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, comunicaba el lunes 16 de mayo de 2022 el primer decreto de estado de emergencia para las provincias de Arauco y Bío Bío, en las regiones del Bío Bío y la Araucanía.
Aquel episodio marcó un primer giro del Gobierno, que se resistió en recurrir a esta herramienta constitucional en plenitud y promovió una medida 'acotada', que inicialmente se centró en el resguardo de rutas, caminos y carreteras, además de impulsar el denominado Plan Buen Vivir como una forma de aparejar el despliegue militar con el diálogo con las comunidades.
A la fecha, de los 516 días de gobierno que lleva la administración Boric, durante 450 días las Fuerzas Armadas han estado desplegadas en la denominada 'Macrozona Sur', a la que los mapuche llaman Wallmapu. "Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur", dijo Boric un 24 de noviembre de 2021 en su calidad de diputado y candidato presidencial en campaña.
A la fecha, de los 516 días de gobierno que lleva la administración Boric, durante 450 días las Fuerzas Armadas han estado desplegadas en la denominada 'Macrozona Sur', a la que los mapuche llaman Wallmapu.
Un segundo giro vino con la actual ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien continúo una estrategia iniciada por la ex ministra Siches, pero que no pudo impulsar durante su gestión a cargo de Interior. En efecto, Tohá llevó adelante la denominada Ley de Infraestructura Crítica que faculta a las Fuerzas Armadas proteger 'infraestructura crítica' (fronteras) y permite la colaboración con las policías para labores como control de identidad, revisión de equipaje y detención de personas en caso de delito.
Esta nueva medida ofrecía una ventaja al Ejecutivo, pues -a diferencia del despliegue militar en el sur del país-, al hacerlo bajo el alero de la infraestructura crítica, la prórroga ante el Congreso debe hacerse cada 90 días y no cada 15 días como ocurre con el estado de emergencia en La Araucanía y Bío Bío. Con todo, el día 28 de febrero comenzó el despliegue militar en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; a la fecha, 161 días con las Fuerzas Armadas desplegadas en el norte del país.
Pese a que fue facultad del presidente decretar el primer estado de emergencia en el sur, para luego recurrir a la Ley de Infraestructura Crítica y en el norte, las medidas han tenido constantemente la venia del Congreso. De hecho, una vez cumplido el primer año con Fuerzas Armadas en el sur del país, la sede legislativa prorrogó en 22 ocasiones el oficio presidencial, con un constante apoyo oficialista pese a algunas resistencias.
Desde el oficialismo, el Partido Comunista siempre ha mostrado reticencia con la medida -como también algunos personeros del Frente Amplio-, y en sucesivas votaciones sus parlamentarios han votado de manera dividida, mientras que las diputadas mapuche Emilia Nuyado (PS) y Ericka Ñanco (RD) siempre han criticado la medida adoptada por el Ejecutivo.
Pese a que fue facultad del presidente decretar el primer estado de emergencia en el sur, para luego recurrir a la Ley de Infraestructura Crítica y en el norte, las medidas han tenido constantemente la venia del Congreso.
En ese sentido, Nuyado señaló en su intervención en sala que "hoy día no estaríamos lamentando una cantidad de situaciones [que] también siguen afectando hasta el día de hoy al pueblo mapuche. Donde si bien esta comisión cifra la esperanza en mecanismos que vayan hacia la restitución de tierras, pero eso va a ser difícil. Hoy día no es fácil, además, cuando se quiere dialogar y por otro lado se pretenden instalar bases militares en el territorio mapuche. ¡Qué difícil es vivir en Chile! Qué difícil es para el pueblo mapuche en el Wallmapu donde se tienen que definir estas situaciones de parte del Gobierno".
En la oposición también existen diferencias. Por un lado, hay quienes señalan que deben endurecerse las medidas dado el carácter 'acotado' que tiene el decreto presidencial, por lo que abogan por el estado de sitio, promovido principalmente por sectores de la UDI y Republicanos. Asimismo, hay quienes afirman que el estado de excepción debería incluso extenderse a la región de Los Ríos producto de delitos ocurridos en la zona. En la arena política en las últimas votaciones de estados de emergencia, la oposición ha condicionado sucesivamente su apoyo en virtud del endurecimiento de las medidas.
Un tono que ha ido creciendo conforme avanzan las últimas prórrogas -pese a la disminución de la violencia rural-, debido a la persistencia de hechos puntuales como los ocurridos el 2 de agosto en Traiguén, que acabó con el incendio de la Posta de Salud Rural Aniñir, la sede vecinal, una parroquia católica, la Escuela Aniñir y tres vehículos.
Con todo, el uso de las Fuerzas Armadas para tareas que escapan de sus funciones es algo que también molesta al Ejército. De hecho, su comandante en jefe, general Javier Iturriaga, quien en medio de la discusión sobre la reforma constitucional que habilitaba el resguardo de infraestructura crítica por parte de los militares, criticó el proyecto en enero de 2023.
En la oposición también existen diferencias. Por un lado, hay quienes señalan que deben endurecerse las medidas dado el carácter 'acotado' que tiene el decreto presidencial, por lo que abogan por el estado de sitio, promovido principalmente por sectores de la UDI y Republicanos. Asimismo, hay quienes afirman que el estado de excepción debería incluso extenderse a la región de Los Ríos producto de delitos ocurridos en la zona.
“Todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea de nuestro rol principal”, dijo Iturriaga durante una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados y precisó que “es un deber dejarlo en público conocimiento. Sé que es parte de la discusión, pero son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas y entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy el país".
Daniel Soto, abogado especializado en derecho público, seguridad y derechos humanos, a raíz del despliegue de las Fuerzas Armadas en labores relativas a las policías señaló a Interferencia que "la extensión indefinida de los regímenes constitucionales de emergencia plantea que no existe, ni se está planificando tampoco, una política estatal para abordar estos problemas de la seguridad pública, sino que sólo se sigue considerando echar mano a medidas efectistas, caras e ineficaces. Denota, además, desconocimiento y desconfianza de las autoridades políticas por la labor que desempeñan Carabineros e Investigaciones y muestra una falta de personalidad importante de los jefes de ambas instituciones policiales, quienes nunca han representado al Ejecutivo que las Fuerzas Armadas están desempeñando tareas que les corresponde desempeñar sólo a las policías".
Sobre las medidas efectivas que el Ejecutivo podría aplicar, Soto indica que "se debieran implementar medidas que refuercen el profesionalismo policial y no al revés. En lo inmediato se debiera considerar: 1) replegar las fuerzas militares porque carecen de equipamiento y entrenamiento para tareas policiales; 2) implementar en el Ministerio del Interior una dirección general de policías con participación de oficiales generales de Carabineros, Investigaciones y Policía Marítima; 3) disponer equipos policiales de trabajo conjuntos e interoperables para la prevención y la investigación delictual".
Un balance positivo por parte del Gobierno
No obstante, el balance que el Gobierno elabora en base a los estados de excepción es positiva.
Un informe elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública detalla: "Hasta el 03 de agosto, se observa una disminución del 11% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur con respecto al 2022 y un descenso del 39% con respecto al 2021. La variación 2022-2023 es incidida por la disminución de un 40% en el Biobío y contrarrestada por el aumento de un 15% en la Araucanía. Arauco fue la provincia que más incidió en la disminución de los casos a nivel de provincias con estado de excepción, con un decrecimiento del 37% de los casos: incendios (-41%), usurpaciones (-81%), atentados y amenazas a la autoridad (-73%) y los daños (-64%), guiaron la variación negativa en la provincia".
Continúa el documento:
Gabriel Boric se convierte en el presidente de los últimos tres períodos presidenciales que más veces ha utilizado las Fuerzas Armadas en La Araucanía y Bio Bío.
"En contraste, los casos aumentaron un 14% en Malleco, incididos por el aumento en la comuna de Ercilla. La dinámica fue distinta entre 2021 y 2022, los casos disminuyeron un 37% en la Araucanía y un 46% en el Biobío. En el período 2022-2023 los ataques incendiarios en las provincias bajo el estado de excepción disminuyeron un 21%: Lumaco y Arauco no registraron ataques incendiarios entre el 1 de enero y el 03 de agosto del 2023. Se han detenido más del triple de cantidad de personas por eventos de violencia rural (+270%) en comparación a 2022. Adicionalmente, los eventos con presencia de armas de fuego disminuyeron un 26%. En contraste, los cortes de ruta aumentaron en un 13% en las provincias con EEC, concentrados en Cautín".
Este tipo de cifras ha sido el respaldo que desde el Ministerio del Interior han esgrimido para mantener el despliegue militar en la zona.
Boric, Piñera y Bachelet
Con esto, Gabriel Boric se convierte en el presidente de los últimos tres períodos presidenciales que más veces ha utilizado las Fuerzas Armadas en La Araucanía y Bio Bío.
De hecho, sin considerar el estallido social, ni la crisis sanitaria producto de la pandemia ni tampoco estados de catástrofe, el expresidente Sebastián Piñera (cercano a RN), decretó estado de emergencia el 12 de octubre de 2021, medida que fue prorrogada en diez ocasiones hasta el final de su gobierno extendiéndose por las provincias de Bio Bío, Arauco, Cautín y Malleco, en las regiones de Bio Bío y la Araucanía. La medida duró un poco más de cinco meses hasta la llegada de Boric al poder.
Bajo el mismo criterio, en el caso de Michelle Bachelet (PS), la ex presidenta no recurrió al decreto de estado de emergencia en las regiones de la Araucanía y Bio Bío durante su segundo mandato presidencial.
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Cuando la excepción se hace
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