En los 10 meses de la administración de Gabriel Boric, la oposición ha presentado tres acusaciones constitucionales en contra de ministros de Estado, la primera en contra de Izkia Siches (Interior) en junio de 2022, y las últimas en contra de Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Marcela Ríos (Justicia) en enero de 2023.
La acusación en contra de Siches, impulsada por el Partido Republicano, no prosperó y se acogió la cuestión previa, es decir, la Cámara votó por mayoría siempre que la acusación no cumplía los requesitos necesarios. Sin embargo, entre los argumentos entregados se apuntaba a su responsabilidad en el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de personas acusadas por delitos en el contexto del estallido social, como también no haber denunciado los hechos ocurridos en su visita a Temucuicui, constitutivos de delitos.
Este jueves, Jackson enfrentará la misma situación en su rol de ministro de Desarrollo Social, a quien se le acusa principalmente de una subejecución presupuestaria en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), además por las denuncias realizadas por la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien acusó que sufrió presiones para votar de una manera distinta a su voluntad en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana.
El recurso de las acusaciones constitucionales, desde el retorno a la democracia y considerando las últimas presentadas, se ha utilizado en 27 oportunidades, de las cuales 25 han sido en contra de ministros y dos en contra de un Presidente.
En el caso de Ríos, ex titular de Justicia, tendrá que enfrentar dentro de las próximas semanas una acusación constitucional producto de su rol en la crisis desatada a raíz de los 13 indultos otorgados por Boric, quien indicó 'desprolijidades' en el proceso.
En definitiva, el recurso de las acusaciones constitucionales, desde el retorno a la democracia y considerando las últimas presentadas, se ha utilizado en 27 oportunidades, de las cuales 25 han sido en contra de ministros y dos en contra de un Presidente.
Dicha figura constitucional ha sido invocada 15 veces desde el año 2011 con la acusación constitucional en contra del ministro del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter. Las 10 acusaciones restantes se distribuyen entre los años 1991 y 2008.
Sin embargo, desde el retorno de la democracia solo se registran tres casos de acusaciones constitucionales que prosperaron. La primera en 2008 contra Yasna Provoste (DC), ministra de Educación de Michelle Bachelet (PS), por irregularidades en la secretaria regional ministerial de Educación de la Región Metropolitana; la segunda en contra de Harald Beyer (independiente), ministro de Educación del primer gobierno de Sebastián Piñera (independiente ex RN), por el lucro en las universidades; y Andrés Chadwick (UDI), ministro del Interior en el segundo mandato de Piñera, por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.
En su mayoría, las acusaciones constitucionales han sido desechadas por la Cámara de Diputadas y Diputadas sin necesidad de llegar hasta el Senado, aunque en 11 casos se ha acogido la cuestión previa, una alternativa a la que los acusados pueden recurrir después de que la comisión designada se pronuncie sobre la acusación y antes de que la Cámara inicie el debate sobre esta.
De esta manera, quien ha sido acusado puede -tanto de palabra como de forma escrita- deducir la cuestión previa, en ella debe argumentar que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución señala, que en el caso de los ministros de Estado estipula : "por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución y los delitos de tración, concusión, malversación de fondos públicos y soborno".
Luego, la cuestión previa debe ser deducida sometiéndose a votación en la Cámara y resolviéndose por la mayoría de los diputados presentes, 78 de 155 parlamentarios en el caso de estar todos en Sala. Si la cuestión previa es acogida, se entenderá la acusación por no interpuesta. Por otro lado, en el caso de no acogerse la cuestión previa, la Cámara deberá votar la acusación, que requiere la mayoría de los diputados presentes para ser aprobada (en el caso del presidente de la República requiere la mayoría de los diputados en ejercicio), si es desechada no puede renovarse la discusión y no puede insitirse en ella.
Finalmente el Senado se pronuncia sobre la culpabilidad del acusado, que para ser aprobada requiere la mayoría de los senadores en ejercicio, 26 de 50 parlamentarios. De ser declarado culpable procede la destitutición del cargo y la prohibición de ocupar cargos públicos por cinco años, sean de elección popular o no.
Segundo gobierno de Piñera
En el último gobierno de Sebastián Piñera, se concentra buena parte del total de acusaciones constitucionales. Durante ese periódo la oposición presentó siete acusaciones constitucionales en contra de ministros (solo una aprobada) y dos en contra del Presidente.
La primera de ellas fue en contra del ministro de Salud de la época, Emilio Santelices (independiente), presentada en mayo de 2018 y fundamentada principalmente por el protocolo de objeción de conciencia para la ley de aborto de tres causales.
La siguiente fue presentada contra la titular de Educación, Marcela Cubillos (UDI), en septiembre de 2019, impulsada mayoritariamente por el Partido Socialista, y que entre sus argumentos señalaban la vulneración del principio de probidad, en cuanto a falta de veracidad y también en el envió masivo de correos a apoderados sobre el proyecto de ley denominado ‘Admisión Justa’.
Después de aquellas acusaciones, las siguientes se dieron en el contexto del estallido social. La primera de ellas, en contra del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, presentada en octubre de 2019, en la cual fue declarado culpable en diciembre de 2019 de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes al omitir adoptar medidas para detener violaciones a los derechos humanos.
La acusación constitucional ha sido invocada en 15 ocasiones desde el año 2011 en contra de un ministro. El resto, 10 acusaciones, se distribuyen entre los años 1991 y 2008.
Dentro del mismo contexto, en noviembre de 2019, fue presentada una acusación constitucional en contra del presidente Piñera por -indicaba el documento presentado por la oposición- su responsabilidad en "las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado en el último mes". La acusación no prosperó y en la Cámara de Diputadas y Diputados fue acogida la cuestión previa, entendiéndose como no presentada.
Las siguientes acusaciones constitucionales se dieron en el contexto de la pandemia por Covid-19. La primera de ellas se presentó en septiembre de 2020 en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich (independiente), debido a su gestión durante la crisis sanitaria. En el escrito entregado por la oposición se le acusaba de “haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población”, sumado al “ocultamiento de datos y faltas a la probidad”.
Un mes después, en octubre de 2020, se presentó una acusación en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), con dos argumentos principales; su responsabilidad política al vulnerar el derecho de igualdad ante la ley durante el paro de camioneros iniciado en agosto de ese año y por la caída de un manifestante desde el Puente Pio Nono durante el primer aniversario del estallido social con presunta responsabilidad de funcionarios de Carabineros.
El siguiente en la lista fue Raúl Figueroa (independiente), ex ministro de Educación, quien en julio de 2021 fue acusado por la oposición de infringir la Constitución y las leyes en tres puntos: regulación y financiamiento del sistema educativo, infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación y amenaza a la vida, la integridad física y la psíquica.
Luego, nuevamente fue acusado constitucionalmente el presidente Piñera en octubre de 2021, esta vez tras la publicación de los Pandora Papers por parte de Ciper, que revelaron que el ex mandatario durante la venta de Dominga a Carlos Alberto Délano, estableció una cláusula que indicaba que el pago de la última cuota de la compraventa se efectuaría solo en caso que no se realizaran cambios regulatorios que afectaran el desarrollo del proyecto minero para condicionar que el sector no fuera declarado zona de exclusión. Si bien la acusación fue admitida en la Cámara, en noviembre de 2021, el Senado la rechazó.
En total, durante el último Gobierno de Piñera, la entonces oposición presentó siete acusaciones constitucionales en contra de ministros (solo una aprobada) y dos en contra del presidente. En su primer mandato, enfrentó otras tres en contra de secretarios de Estado.
En esta acusación destaca el papel de Jaime Naranjo (PS) y Giorgio Jackson (RD), quienes protagonizaron tal vez el episodio más curioso de las acusaciones constitucionales. Jackson estaba impedido de viajar a Valparaíso a la hora en que se decidiría la acusación constitucional de Piñera por deber guardar confinamiento, dado que fue contacto cercano de Gabriel Boric, quien tuvo Covid la semana antes de la acusación. Para esperar el plazo de confinamiento de Jackson, Naranjo leyó todo el libelo acusatorio, lo que le tomó 9 horas y dio tiempo a Jackson para que pudiera llegar a dar el voto clave y así evitar que la acusación se frenase en la Cámara. Una situación complicada, en medio de la campaña presidencial de 2021.
La última acusación constitucional presentada durante el segundo mandato de Piñera fue en contra del ex ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand (RN), en mayo de 2022, acusado de haber comprometido el ‘honor y la seguridad de la nación’ debido a su gestión durante el ingreso de inmigrantes desde el norte del país por los pasos fronterizos con Perú y Bolivia, momento en que el titular de Relaciones Exteriores se encontraba en España, país donde luego asumió el cargo de Secretario General Iberoamericano.
Segundo gobierno de Bachelet
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se presentaron tan solo dos acusaciones constitucionales; la primera contra la ministra de salud de ese entonces, Carmen Castillo Taucher (independiente), presentada en noviembre de 2015 y una segunda en contra de Javiera Blanco (independiente, cercana a la DC) en agosto de 2016, mientras era ministra de Justicia.
La acusación en contra de Castillo se fundamentó en la responsabilidad de la ministra por una gestión negligente, a juicio de la oposición, quienes además acusaban una crisis en el Ministerio por renuncias de altos cargos dentro de la cartera, además de responsabilidades políticas por la crisis hospitalaria que el país enfrentaba.
En el caso de Blanco, la oposición atribuyó falta de responsabilidad debido a irregularidades dentro de Gendarmería, donde se detectó una alteración en las remuneraciones con el objetivo de obtener mayores pensiones para gendarmes, además de nombramientos irregulares dentro de la institución. En ambas acusaciones se acogió la cuestión previa, y no llegó al Senado.
Primeres gobiernos de Piñera y Bachelet
Durante el primer gobierno de Piñera, la oposición recurrió en tres oportunidades a la acusación constitucional. Dos en contra del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. La primera en agosto de 2011 y la segunda en abril de 2012.
La primera acusación en contra de Hinzpeter se fundamentó en su responsabilidad por no haber autorizado una marcha estudiantil los primeros días de agosto y por la excesiva represión en dicha manifestación. En su segunda acusación, Hinzpeter tuvo que enfrentar nuevamente su responsabilidad política por la represión policial ocurrida durante las protestas en Aysén.
El otro ministro acusado fue Harald Beyer, entonces titular de Educación, en marzo del 2013 y declarado culpable en abril del 2013, siendo destituido y con prohibición de ejercer cargos públicos durante 5 años.
En cuanto a Beyer, el ex ministro fue acusado de no ejercer las acciones necesarias para evitar que las universidades obtuvieran lucro por medio de la educación, pues pese a la existencia de denuncias no existió fiscalización por parte de su cartera.
Las acusaciones constitucionales en contra de Andrés Chadwick, ex ministro del Interior de Piñera, Harald Beyer, ex ministro de Educación de Piñera y Yasna Provoste, ex ministra de Educación de Bachelet, son las únicas que han sido aprobadas por el Senado desde el retorno a la democracia.
La situación de Beyer estaba íntimamente relacionada con una acusación constitucional anterior, contra Yasna Provoste, también ministra de Educación, pero de Bachelet, quien se convirtió en la primera ministra de Estado en ser acusada constitucionalmente de manera exitosa. Esto, pues muchos analistas de la época consideraron que la acusación a Beyer era una respuesta directa a la acusación a Provoste, en una lógica de gallito político.
Durante el primer mandato de Bachelet solo se registra una acusación constitucional, presentada en marzo de 2008 en contra de la ministra de Educación de la época, Yasna Provoste, quien fue declarada culpable en abril de 2008, siendo destituida y con prohibición de desempeñar cargos públicos por 5 años.
La acusación constitucional presentada por la oposición fue aprobada y Provoste fue acusada de haber dejado la Constitución y las leyes sin ejecución por no corregir las graves infracciones e irregularidades cometidas por la entonces secretaria regional ministerial de Educación de la Región Metropolitana en gestión de recursos públicos.
Acusaciones constitucionales durante las presidencias de Aylwin, Frei y Lagos
Más atrás en el tiempo, durante la presidencia de Ricardo Lagos, se presentaron dos acusaciones constitucionales, la primera en marzo de 2003 en contra del entonces ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi (DC) y la segunda en noviembre de 2004 en contra del ministro de Justicia de la época, Luis Bates (DC).
En el caso de Rodríguez, detalla el documento de la acusación, se le sindicaba como responsable político de un robo de intrumentos financieros que afectó a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) avaluado en US$100 millones. La acusación fue desechada en la Cámara,
Respecto a Bates, el documento fechado en noviembre de 2004, indica entre sus argumentos la negativa del ministro a presentar la lista de personas indultadas por el presidente en ejercicio en abril de ese mismo año aludiendo a la confidencialidad de los antecedentes. No obstante, fue acogida la cuestión previa.
De remontarse hasta antes del año 2000, en octubre de 1998 fue presentada una acusación constitucional en contra de Ricardo Lagos (PPD), entonces ex ministro de Obras Públicas del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC).
En el documento de la época, el primer argumento se fundamenta en el no pago de indemnizaciones producto de expropiaciones de franjas de terrenos en la comuna de Pïtrufquén, para construir un proyecto de regadío. La acusación fue desechada por la Cámara.
En junio de 1997, también fue acusado el ministro de Educación de Frei, José Pablo Arellano (DC), a quien responsabilizaban de atentar contra el estado de derecho y el derecho de legalidad 'al haber dejado diversas disposiciones legales sin ejecución, siendo responsable de adeudar a más de 70.000 profesores', señala el documento de la época. No obstante, en la Cámara se desechó la acusación.
En el caso del gobierno de Patricio Aylwin, fueron tres los ministros acusados constitucionalmente durante su mandato. En junio de 1991 se desechó la acusación en contra de Germán Correa, ministro de Transportes y Telecomunicaciones de la época, a quien responsabilizaban de facilitar la existencia de radiodifusoras ilegales y no aplicar sus facultades para enfrentae la problemática.
Por otro lado, en mayo de 1994 fue presentada una acusación constitucional contras los ministros de Minería y Hacienda, Alejandro Hales y Alejandro Foxley de manera conjunta, a quienes acusaban de responsables políticos por problemas al interior del directorio de Codelco además de problemas comerciales en el mercado del cobre. La Cámara acogió la cuestión previa.
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