Corte de Apelaciones de Santiago
Tras más de nueve años en prisión por la participación en un asalto a un banco en Pudahuel, Jorge Mateluna Rojas fue indultado por el presidente Gabriel Boric a fines de diciembre del 2022. Él dice que fue juzgado por su pasado frentista y denunció todo este tiempo una serie de errores en el juicio que lo llevaron de vuelta a una celda. Esta es una investigación periodística que puso la lupa sobre el proceso judicial del caso.
El tribunal de alzada de Santiago rechazó por unanimidad un recurso interpuesto por el abogado y ex constituyente, quien buscaba silenciar un reportaje de este medio donde se revelaba que presentó un contrato falsificado a su ex empleador, una comunidad de vecinos, a quienes pidió $30 millones de indemnización mediante una cláusula no incluida en el contrato real.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad presentado por el INDH, el que buscaba revocar una sentencia de 2021 donde se acreditó el despido discriminatorio de Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios. Según el fallo, Sergio Micco sacó irregularmente a Torres del instituto por su trabajo en el informe anual de 2019.
Junto al ex diputado de la UDI, que no se inhabilitó, otro voto clave para las aseguradoras de Penta y del Grupo Bice fue el ministro Nelson Pozo, ex militante del PS.
Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, solicitó por Transparencia saber cuántas bases de datos utiliza la Agencia Nacional de Información. Datos que fueron denegados, pese a que el Consejo para la Transparencia acogió un amparo en su favor. El Consejo de Defensa del Estado judicializó el caso, logrando que se declarase ilegal el requerimiento y pidiendo costas por un juicio que García nunca solicitó.
Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la amonestación escrita que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) hizo en mayo en contra de La Red por la entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, quien cumple condena por el asesinato a Jaime Guzmán.
La semana pasada el magistrado aseguró que el poder judicial está al servicio de las elites y que durante el estallido social se volvió cómplice pasivo de las violaciones a los derechos humanos. Dio como ejemplo que el tribunal de alzada había rechazado entre octubre y diciembre de 2019 casi todos los recursos de amparo y de protección.
Con los votos del ministro Juan Cristóbal Mera y el abogado Jorge Benítez, el tribunal otorgó el beneficio condicional a Carlos Massouh Mehech, quien cumplía condena por el homicidio de Wagner Salinas y Francisco Lara –ambos pertenecientes al GAP– en 1973. La ministra Verónica Sabaj se opuso a la medida.
Al gobierno le interesa reemplazar al ministro Rodrigo Pica para volver a afirmar su frágil mayoría en el TC, mientras que el máximo tribunal buscaría premiar a uno de los suyos que está naufragando en su intento por llegar a esa misma corte. Mirando hacia el futuro, el diseño piñerista es blindarse ante posibles juicios internacionales.
El ministro Hernán Larraín nombrará en estos días a los 12 abogados externos que integrarán la Corte Suprema los próximos tres años. Si el pasado es un indicio, serán varios los que se repetirán el plato.
El próximo miembro corresponde al cupo de la oposición, según la ya histórica práctica del antiguo duopolio político.
Sin tocar temas específicos del currículum de la candidata del gobierno al máximo tribunal, los senadores –encabezados por Alfonso de Urresti– omitieron cualquier mención a datos específicos que cuestionan el perfil de la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Su esposo, Luis Federico Werner Medina, es militar en retiro, mientras que su hermano –con quien no se relaciona hace 20 años, según ella– es director de comunicaciones de la Corporación 11 de Septiembre y ha visitado Punta Peuco.
La ministra es profesora en la Escuela de Carabineros y participa en causas donde están involucrados miembros de la fuerza policial. Ha estado en resoluciones de la principal arista del Pacogate y, en 2016, la misma Corte Suprema declaró su apartamiento en una causa de derechos humanos donde estaban procesados funcionarios en retiro.
En mayo de este año la aseguradora anunció que vendería 450 viviendas en las que actualmente viven carabineros con sus familias, en medio de acusaciones de sobresueldos y mala gestión financiera de la mutualidad. INTERFERENCIA indagó en las escrituras de compraventa que Mutucar hizo de algunas de estas viviendas, para constatar que actualmente se están vendiendo a un precio cercano al doble del precio al que se vendían las mismas casas hace un año atrás.
Se encienden los ánimos entre carabineros de más bajo rango, y algunos empiezan acciones legales contra Mutucar. Esto, en medio de la liquidación de 450 inmuebles por parte de la entidad, la cual tiene serios cuestionamientos por parte de la Comisión para el Mercado Financiero. Varios policías sospechan que venden sus casas para tapar un desfalco.
El Consejo de Defensa del Estado había recurrido ante al tribunal de alzada con tal de revertir la decisión que tomó el 16° Juzgado Civil de Santiago en noviembre de 2017, la que rebajó una multa impuesta por la SVS contra Roberto Guzmán Lyon de 550.000 UF a 75.000. La Corte también rechazó la solicitud de Guzmán el que pretendía rebajar esta multa hasta 15.000 UF.
Juan Cristóbal Mera fue quien redactó el fallo favorable a estos agentes, en medio de la creación de un clima que busca indultarlos por razones humanitarias. No es primera vez que este alto funcionario –cercano a Carabineros, de donde fue profesor– antepone su pensamiento contrario a los derechos humanos en su labor como juez. En el pasado falló contra una mujer trans y recientemente contra el juez que decidió la liberación de la primera línea de la protesta social.
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por apoderados del Colegio Alemán contra el establecimiento. El fallo determinó que existe un beneficio en el puntaje NEM y el ranking de notas para la PSU a favor de los alumnos de la rama de formación alemana en desmedro de los de rama chilena, en el sistema de conversión de notas de la escala alemana a la chilena.
Juan Antonio Poblete y Adelita Ravanales –de la Corte de Apelaciones de Santiago– dictan clases en la Escuela de Carabineros. Si bien esto no representa una inhabilidad legal, si arroja dudas sobre su imparcialidad en el caso en que inhabilitaron al juez que había revocado la prisión preventiva en razón del coronavirus de 13 imputados de la primera línea, perseguidos y capturados por la policía uniformada.
Para distintos fines, la Ley de Inteligencia y el Código Penal permiten esta medida intrusiva, siempre con la aprobación de jueces. Pese a lo delicado de estas acciones, distintos magistrados las han autorizado en circunstancias muy inapropiadas, como se supo recientemente que pasó con el periodista Mauricio Weibel, quien fue espiado mientras investigaba el Milicogate.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó publicar esta información. Pero el Consejo de Defensa del Estado interpuso una queja que fue acogida por el máximo tribunal por razones de seguridad.
La ministra que busca llegar a la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de apelación presentado por Taimi Silva, ex esposa de Dinko Lusic, cuando debió inhabilitarse por su reciente parentesco. Silva además es la querellante en la causa que investiga las dudosas compraventas de propiedades en que participó Lusic.
Dobra Lusic está cada vez más cerca de ser la nueva ministra de la Corte Suprema, esto siempre y cuando el Senado ratifique el nombramiento hecho por el presidente Sebastián Piñera. Pero en paralelo, sigue adelante el conflicto que tiene la actual jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago con la Justicia.
Vinculado a la Operación Huracán, al millonario fraude “Pacogate” y a la muerte de un estudiante durante la dictadura, el ex general director de Carabineros -muy cercano a Michelle Bachelet y también a su poderoso subsecretario Mahmud Aleuy- sigue con su situación judicial en calma.
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo condenó a la cadena de farmacias a pagar más de 28 millones de pesos por reemplazar a 259 trabajadores en una huelga de 2014. Pese a que se solicitó la nulidad de la resolución, los trabajadores están confiados y esperan que la medida constituya un referente en la materia.
