Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar  a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.

La acción legal ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y sustanciada por la Fiscalía Centro Norte, revela que bajo la responsabilidad del titular de la 42º Notaría de Santiago, se falsificaron cinco escrituras con las cuales distintos sujetos intentaron usurpar propiedades a sus legítimos dueños por cifras millonarias y la creación de una empresa falsa.

El penalista aseguró que existieron conversaciones por el nombramiento de autoridades en el Poder Judicial y la fiscalía entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte de Apelaciones, Danilo Quezada; el supremo Mario Carroza, la ex fiscal judicial Lya Cabello y la jueza Paula Brito. Además, reveló chats por causas judiciales con distintos fiscales.

El año pasado, el Consejo Superior del Poder Judicial, presidido entonces por el ministro Fuentes Belmar, decidió entregar un “reconocimiento” con fondos públicos a Supremos que cumplieran el límite de 75 años de edad, con el propio Fuentes teniendo 74. No alcanzó a recibir el regalo: fue eliminado por el Consejo bajo su actual presidente, Ricardo Blanco.

La reciente formulación de cargos informada por la Comisión para el Mercado Financiero en contra de LarrainVial por posibles infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Única de Fondos (LUF), se suman a una mala gestión que desde 2023 se hizo patente con la vinculación de la firma a casos como la ropa pirata en La Polar, una acusación de lavado de activos y el Caso Factop. 

La semana pasada, este medio publicó dos reportajes sobre siete departamentos del Poder Judicial en Vitacura, cuyo uso estuvo limitado a ministros de la Suprema y de las Cortes de Apelaciones de Santiago hasta fines de 2023. Acá los descargos del Poder Judicial al respecto y la respuesta de Interferencia a ellos. 

J. E. Fuentes Garrido es juez de Familia y por grado no podía acceder al beneficio, reservado para Supremos y la Corte de Apelaciones. Eso hasta noviembre de 2023, cuando el Consejo Superior, presidido por su propio padre, cambió el reglamento. En diciembre, el Consejo aprobó la solicitud de Fuentes Garrido para vivir en los exclusivos departamentos.

Son siete inmuebles en el sector oriente, los que también pueden ser utilizados por ministros de la Corte de Apelaciones en caso de que la Suprema no los tome todos. Con sueldos que bordean los $15 millones, sólo pagan $470 mil pesos de arriendo, aunque se requiere que no posean inmuebles en Santiago. En contraste, desde la Organización de Trabajadores Judiciales aseguran que “no tenemos ni sala cuna”.

La declaración del actual ministro corresponde a su intervención en el Senado durante la nominación de Ángela Vivanco por parte del fallecido ex presidente Sebastián Piñera. En ese entonces, Álvaro Elizalde cuestionó la idoneidad de la abogada dada su trayectoria política y redes. 

En el veredicto, se recogieron los casos desprendidos de las conversaciones que Vivanco sostuvo con Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. Entre otras cosas, se cuestionó su actuar en el caso de Belaz Movitec con Codelco, su injerencia en nombramientos judiciales y, además, los ofrecimientos de su pareja, G. Migueles, al fiscal C. Palma. 

Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.

La decisión del Pleno del tribunal de alzada capitalino, obedeció a que el informe evacuado por la magistrada, Carla Capello, no fue satisfactorio e incluso algunas explicaciones carecían de verosimilitud.

La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a  27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.

En los casos de Vivanco y Matus, el libelo se ampara en la relación que sostenían con el abogado Luis Hermosilla que quedó al descubierto tras revelaciones de los medios de comunicación, mientras que con Muñoz por la presunta entrega de información privilegiada a su hija para su beneficio patrimonial. 

Con el caso Hermosilla, no solo se ha conocido lo que parece constituir un entramado de tráfico de influencias en el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, como es el caso del ministro Jean Pierre Matus y la ministra Ángela Vivanco, sino también en la tramitación y fallos diferenciados para ciertas causas patrocinadas por ex parlamentarios que hoy ejercen como abogados y que indirectamente pudieron verse beneficiados con ello, como lo ocurrido en la causa de Codelco con la bielorrusa CBM.

En entrevista con Interferencia, el diputado DC asegura que "están todos los antecedentes para esa acusación constitucional y de esta forma evitar que las faltas a la probidad o la corrupción dañen de manera irreparable a la Corte Suprema". Asimismo, confía en que la derecha dé su apoyo, pues argumenta que "no es un tema de derechas ni izquierdas".  

El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.

Entre los mensajes, se constata que Hermosilla efectúo esfuerzos para asegurar la llegada de Vivanco a la Suprema y que una vez estando allí ella le compartió información que aún no era pública sobre recursos judiciales que afectaban a Carabineros y la PDI cuando Hermosilla trabajaba para el Ministerio del Interior, en el segundo período de Sebastián Piñera. 

De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte

El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.

La decisión que afecta a la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, fue adoptada ayer en el Pleno del tribunal de alzada capitalino. Si bien la conducta de la magistrada fue abordada “sin pasiones”, lo cierto es que el video que circuló en las redes que la muestra junto a un hombre tapado con la capucha de un “canguro” apropiándose de pedruscos de hermoseamiento, es calificada como “impresentable”.

El caso que involucra a la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, podría ser analizado hoy en el ampliado de ministros del tribunal de alzada capitalino. Esto luego que el fin de semana se viralizó un video que la muestra junto a un sujeto apropiándose de piedras para el hermoseamiento de la comuna de Colina.

El fiscal del caso audios Miguel Ángel Orellana, un reconocido experto en crimen organizado, calificó a Luis Hermosilla como un “consejero delictivo”. Entre los nombres mencionados en este escándalo figuran Andrés Chadwick, Sebastián Sichel y Jean Pierre Matus. En los próximos días se conocerán los descargos de los abogados defensores.

En escrito enviado a este medio, el magistrado precisa algunos puntos respecto a un artículo publicado el domingo pasado.

Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.

En la indagatoria interna realizada en la entidad registral -y que publica Interferencia- se descubrió que el abogado externo de la casa financiera que tramitaba los casos de remates, utilizó word 19 para falsificar certificados de gravámenes e hipotecas de tribunales de la Región Metropolitana, Viña del Mar y Antofagasta.

La información consta en una querella que interpuso la casa financiera ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde responsabiliza a un abogado externo de la situación. Sin embargo, asegura que todos los remates o acuerdos con clientes deudores son reales “y efectivamente cobrables”.

La acción legal en contra de quienes resulten responsables, fue ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la independiente en la bancada PPD, Camila Musante. En ella, la parlamentaria detalla episodios vinculados a los whatsapp del abogado Luis Hermosilla y pide que los ministros Jean Pîerre Matus, Ángela Vivanco y el ex titular de Interior, Andrés Chadwick, sean citados a declarar. 

A meses de iniciada la investigación en contra de esta fundación, que cerró en noviembre de 2023 y una de las aristas más emblemáticas del caso convenios, todavía no hay una fecha concreta para la audiencia de formalización y, en efecto, tampoco actores formalizados.

En el expediente de la instancia disciplinaria debería constar la copia certificada de las comunicaciones digitales de dos casos donde aparecen vinculados los ministros Carroza, Vivanco y Letelier. Se baraja la posibilidad de pedir una copia al fiscal nacional, pero el actual sistema de persecución penal establece que los antecedentes de una investigación están vedados a terceros ajenos al procedimiento.