Fiscalía
La auditoría también estableció atrasos en la entrega de estupefacientes decomisados por las policías. El Servicio de Salud solo los recibe de lunes a viernes en horario hábil y no existen fondos en el presupuesto 2025 para ampliar la recepción los fines de semana, entre otras irregularidades.
Filtraciones y robo de computadores en el reactor nuclear de La Reina, una nueva causa por apremios ilegítimos en contra de Claudio Crespo, la detención y posterior libertad de una irlandesa que colaboró en la fuga del FPMR de la CAS, la responsabilidad de la embajada de EE.UU en la muerte de Gonzalo Lira y los ex DINA que cobran pensión estando prófugos, son algunos de los artículos clave fuera de los casos mediáticos de este 2024.
La ex Defensora Penal Pública logró que el titular del máximo tribunal, Ricardo Blanco, le otorgara de forma llamativa una audiencia que solo 48 horas después fue incluida en la agenda del jefe del Poder Judicial. Distintos abogados del foro reconocieron lo llamativo de la situación. Uno de ellos indicó que, a partir de ello, cualquier abogado lo puede “solicitar y que lo reciban”.
Luego de que el Ministerio Público no lograra acreditar que el infante Ricardo Seguel fuera el de los disparos que acabaron con la vida de Yordan Llempi, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete absolvió al acusado de homicidio.
El organismo de control estableció la pérdida de 179 ampollas del opioide con que el crimen organizado transnacional produce millones de dólares a nivel mundial. Solo a modo de comparación, en dos recientes operaciones de la fiscalía, en Santiago, se incautaron 140 unidades de esta droga de alta adicción. Su consumo en Chile, de acuerdo al Ministerio Público, ha ido en aumento.
El director (s) Richard González, confirmó los hechos e indicó que la sustracción ocurrió en la Oficina de Planificación y Control de Gestión. Explicó que nunca había ocurrido una situación de estas características y que las cámaras de seguridad eran vigiladas tanto por el Ejército, a cargo de la seguridad perimetral y también por civiles al interior del recinto. Explicó que se inició un sumario administrativo y la denuncia a la fiscalía. También descartó un riesgo nuclear.
Sebastián Benfeld señaló a Interferencia que la defensora medioambiental recibió "amenazas que constan de ataques verbales explícitos, cortes de camino, agresiones físicas y también a la propiedad de Julia Chuñil".
Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.
El caso lo lleva la Fiscalía Oriente, y hasta ahora hay 6 imputados, pero el líder sería el venezolano Jeffrey Milian Gamez, quien recibió el dinero en una cuenta bancaria nacional del resto de sus cómplices. Un tribunal de garantía autorizó el alzamiento del secreto bancario de todos los mencionados, para seguir la ruta del dinero.
La acción legal ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y sustanciada por la Fiscalía Centro Norte, revela que bajo la responsabilidad del titular de la 42º Notaría de Santiago, se falsificaron cinco escrituras con las cuales distintos sujetos intentaron usurpar propiedades a sus legítimos dueños por cifras millonarias y la creación de una empresa falsa.
En el marco de una cautela de garantía en el Séptimo Juzgado del ramo, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz reveló el antecedente inédito. Todo en el marco de la legalidad de la diligencia que permitió incautar un tercer celular que manejaba el suspendido PS. Si bien se extraerán los datos, el magistrado Ponciano Sallés ordenó borrar los whatsapp con sus abogados y familiares.
Las diligencias que encabeza el fiscal regional Centro Norte avanzan a pasos agigantados, pero los problemas de La Moneda están lejos de terminar. A la crisis política se suma otra al interior de la policía civil, mientras el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, intenta hacer frente a la tormenta. En tanto, ayer los abogados de la ex autoridad solicitaron acceso a la carpeta de investigación..
Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.
De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte
El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.
La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.
La decisión que afecta a la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, fue adoptada ayer en el Pleno del tribunal de alzada capitalino. Si bien la conducta de la magistrada fue abordada “sin pasiones”, lo cierto es que el video que circuló en las redes que la muestra junto a un hombre tapado con la capucha de un “canguro” apropiándose de pedruscos de hermoseamiento, es calificada como “impresentable”.
El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.
En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.
Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.
Se trata del ingeniero en ejecución en gestión pública, Renato Robles Iturrriaga, adscrito como ejecutivo a la gestión de cobro, en la Tesorería. Como sueldo percibe poco más de $2 millones 599. Patricio Mejías Esparza es un sujeto que desarrolla labores administrativas en la regional Oriente del SII. La audiencia de formalización quedó fijada pafra el 21 de agosto.
La información consta en una querella que interpuso la casa financiera ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde responsabiliza a un abogado externo de la situación. Sin embargo, asegura que todos los remates o acuerdos con clientes deudores son reales “y efectivamente cobrables”.
La información consta en una resolución adoptada por el organismo fiscalizador fechada el 12 de julio pasado., en contra de Natalia Romero. La parlamentaria arriesga una multa por más de $3 millones.. A la decisión del organismo fiscalizador, se suma una investigación de la fiscalía de O’Higgins en contra de su principal asesora por acceso ilegal a fichas clínicas para supuestos fines políticos.
Jaime Tohá indicó que no tiene “ningún interés”, ya que “las comisiones suelen ser una puesta en escena”. Independiente de lo anterior, Interferencia descubrió que a través de su empresa asesoró a la firma “Tuwe”, la misma que ganó el concurso por $300 millones para modificar la orgánica del organismo y que fue anulado por la Contraloría. El caso se suma a la licitación del BAES, donde su consultora preparó un documento para Sodexo, una de las participantes.
Pese a la reciente acusación de Mario Desbordes de "operación" contra Ciper, INDH y la fiscal Ximena Chong, el actual candidato a alcalde de Santiago sostuvo conversaciones con el ex juez Juan Poblete en medio de la elección de María Teresa Letelier a la Corte Suprema. "Apoyémosla entonces" y "estamos hablando con los nuestros", son algunos de los mensajes que el ex ministro de Estado envió a Poblete.
Este lunes, el alcalde de Recoleta fue imputado por los delitos de administración desleal, cohecho, estafa y fraude al fisco que habría cometido como presidente de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp). Más allá de lo judicial, el Gobierno buscará resguardarse de las esquirlas del caso mientras la interna del PC enfrentará un dilema interno, pese al respaldo público a Daniel Jadue.
La Justicia Civil absolvió al ex comandante en jefe por lavado de activos, pero estableció malversación de caudales públicos, un delito que investiga la Justicia Militar. Se acreditó el uso de $10 millones mensuales para su casa, $6 millones al mes para uso personal, viáticos improcedentes de hasta US$3.000 y un maletín con $120 millones en efectivo cuando dejó su cargo.
Una publicación de Ciper sostiene que tras solo días de asumir, Muñoz empezó a filtrar antecedentes a Luis Hermosilla. La información está relacionada con cinco causas distintas. Entre ellas, la que involucra al renunciado director de la PDI, Héctor Espinosa, acusado por malversación de fondos. Las otras, serían la minera Dominga, el Casino Enjoy, el ex alcalde Raúl Torrealba y el ex intendente Felipe Guevara.
La decisión -que fue adoptada por su colega, el regional Sur Héctor Barros, a cargo de mensajes o actos violentos en contra de autoridades nacionales- se inició a raíz de una crónica publicada por Interferencia el pasado 29 de enero. En la red, @murray.ro escribió: “Vamos por el hijo de la Chong, que no salga a la calle le vamos a cobrar”.
Transportes Terranova deberá pagar $477 millones por extraer 211 mil metros cúbicos de áridos entre 2018 y 2019 sin contar con la autorización correspondiente. Gran parte del material fue vendido a Mininco, que pagó más de $1.400 millones según cifras reportadas por el SII en una investigación penal paralela en trámite.
