Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.

De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte

El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.

La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.

El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.

La decisión que afecta a la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, fue adoptada ayer en el Pleno del tribunal de alzada capitalino. Si bien la conducta de la magistrada fue abordada “sin pasiones”, lo cierto es que el video que circuló en las redes que la muestra junto a un hombre tapado con la capucha de un “canguro” apropiándose de pedruscos de hermoseamiento, es calificada como “impresentable”.

En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.

Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.

Se trata del ingeniero en ejecución en gestión pública, Renato Robles Iturrriaga, adscrito como ejecutivo a la gestión de cobro, en la Tesorería. Como sueldo percibe poco más de $2 millones 599. Patricio Mejías Esparza es un sujeto que desarrolla labores administrativas en la regional Oriente del SII. La audiencia de formalización quedó fijada pafra el 21 de agosto.

La información consta en una querella que interpuso la casa financiera ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde responsabiliza a un abogado externo de la situación. Sin embargo, asegura que todos los remates o acuerdos con clientes deudores son reales “y efectivamente cobrables”.

La información consta en una resolución adoptada por el organismo fiscalizador fechada el 12 de julio pasado., en contra de Natalia Romero.  La parlamentaria arriesga una multa por más de $3 millones.. A la decisión del organismo fiscalizador, se suma una investigación de la fiscalía de O’Higgins en contra de su principal asesora por acceso ilegal a fichas clínicas para supuestos fines políticos.

Jaime Tohá indicó que no tiene “ningún interés”, ya que “las comisiones suelen ser una puesta en escena”. Independiente de lo anterior, Interferencia descubrió que a través de su empresa asesoró a la firma “Tuwe”, la misma que ganó el concurso por $300 millones para modificar la orgánica del organismo y que fue anulado por la Contraloría. El caso se suma a la licitación del BAES, donde su consultora preparó un documento para Sodexo, una de las participantes.

Pese a la reciente acusación de Mario Desbordes de "operación" contra Ciper, INDH y la fiscal Ximena Chong, el actual candidato a alcalde de Santiago sostuvo conversaciones con el ex juez Juan Poblete en medio de la elección de María Teresa Letelier a la Corte Suprema. "Apoyémosla entonces" y "estamos hablando con los nuestros", son algunos de los mensajes que el ex ministro de Estado envió a Poblete. 

Este lunes, el alcalde de Recoleta fue imputado por los delitos de administración desleal, cohecho, estafa y fraude al fisco que habría cometido como presidente de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp). Más allá de lo judicial, el Gobierno buscará resguardarse de las esquirlas del caso mientras la interna del PC enfrentará un dilema interno, pese al respaldo público a Daniel Jadue. 

La Justicia Civil absolvió al ex comandante en jefe por lavado de activos, pero estableció malversación de caudales públicos, un delito que investiga la Justicia Militar. Se acreditó el uso de $10 millones mensuales para su casa, $6 millones al mes para uso personal, viáticos improcedentes de hasta US$3.000 y un maletín con $120 millones en efectivo cuando dejó su cargo.

Una publicación de Ciper sostiene que tras solo días de asumir, Muñoz empezó a filtrar antecedentes a Luis Hermosilla. La información está relacionada con cinco causas distintas. Entre ellas, la que involucra al renunciado director de la PDI, Héctor Espinosa, acusado por malversación de fondos. Las otras, serían la minera Dominga, el Casino Enjoy, el ex alcalde Raúl Torrealba y el ex intendente Felipe Guevara.

La decisión -que fue adoptada por su colega, el regional Sur Héctor Barros, a cargo de mensajes o actos violentos en contra de autoridades nacionales- se inició a raíz de una crónica publicada por Interferencia el pasado 29 de enero. En la red, @murray.ro escribió: “Vamos por el hijo de la Chong, que no salga a la calle le vamos a cobrar”.

Transportes Terranova deberá pagar $477 millones por extraer 211 mil metros cúbicos de áridos entre 2018 y 2019 sin contar con la autorización correspondiente. Gran parte del material fue vendido a Mininco, que pagó más de $1.400 millones según cifras reportadas por el SII en una investigación penal paralela en trámite.

En la causa donde el Ministerio Público ingresó ayer la petición de formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su antecesor Mario Rozas, el Consejo de Defensa del Estado figura como querellante. Serán los consejeros quienes resolverán si acompañan a la fiscalía para imputar delitos ante un tribunal. 

Mientras las nuevas autoridades del Hospital San José buscaban información por un desfalco de $5.000 millones, aparecieron boletas correlativas, emitidas por la ex jefa jurídica del hospital, a la firma Steuern, propiedad de Villalobos. La sociedad es mencionada en el audio donde Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Villalobos buscan la forma de coimear a funcionarios del SII y la CMF.

La decisión la adoptó la Comisión de relaciones internas y ética del gremio y tendrá una duración indefinida. La noche del martes, Schiodtz se había adelantado a la situación, anunciando la suspensión voluntaria de sus labores gremiales. En el caso de la mutualidad, el ejecutivo ocupaba la presidencia del directorio.

Tras una publicación de Interferencia en la que se dio cuenta de informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público que apuntan a que Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos mientras era miembro del directorio de ENAP, esta federación gremial decidió que el caso sea visto por la comisión de relaciones internas y éticas del gremio. El ex director de Enap anunció la suspensión de su labor como consejero en dicho organismo y evalúa medidas por investigación en su contra.

Tras una publicación de Interferencia en la que se dio cuenta de informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público que apuntan a que Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos mientras era miembro del directorio de ENAP, esta federación gremial decidió que el caso sea visto por la comisión de relaciones internas y éticas del gremio.

Informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público apuntan a que mientras era miembro del directorio de ENAP, Paul Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos.

El robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social puso a Jackson (RD) en la polémica debido al trasfondo del Caso Convenios. La rápida acción de Carabineros y Fiscalía que encontraron los equipos electrónicos, liberaron la presión sobre el ministro, pese a que la caja fuerte robada sigue sin encontrarse. Desde la Moneda blindaron a Jackson, afirmando que había respaldo de todo y trataron de infame una carta en que la UDI pedía la renuncia del ministro.  

Ha declarado a Carabineros, Brigada de DD. HH. de la PDI y fiscalía que la compañía se llevó intacto el sistema de grabación (DVR) del interior de la bodega, donde se encontraron 5 cuerpos calcinados en octubre de 2019. Desde Kayser afirman que el sistema se quemó y además todos los equipos fueron sustraídos; confundiendo el guardia el DVR con los servidores.

Tras un año del asesinato de la periodista, los querellantes insisten en que hay pruebas que indican que el homicidio fue premeditado: un audio del acusado como autor material al que esta investigación tuvo acceso, y pistas como la procedencia de una camioneta que interactúa con quienes dispararon, además de la actitud pasiva de Carabineros. 

En esta columna exclusiva para Interferencia, el magistrado español Baltasar Garzón analiza cómo la ‘guerra judicial’ ha operado en América Latina para sacar del camino a políticos que incomodan a los más poderosos. Y lo ilustra con el caso del ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami. “En los últimos 8 años ha sido acusado hasta en 12 ocasiones de diferentes delitos que después quedan en nada”, afirma el juez que dio inicio al llamado caso Pinochet en 1998.

Ignacio Castillo Val renunció al cargo de secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para asumir la próxima semana como jefe de la Unidad Especializada de Drogas del Ministerio Público, por orden de Ángel Valencia. 

Tras más de nueve años en prisión por la participación en un asalto a un banco en Pudahuel, Jorge Mateluna Rojas fue indultado por el presidente Gabriel Boric a fines de diciembre del 2022. Él dice que fue juzgado por su pasado frentista y denunció todo este tiempo una serie de errores en el juicio que lo llevaron de vuelta a una celda. Esta es una investigación periodística que puso la lupa sobre el proceso judicial del caso.