Fuerzas Armadas
Siguiendo con el artículo de ayer, Agustín Edwards viaja a Estados Unidos y se reúne con diversos personeros del gobierno de Richard Nixon para pedir apoyo en la desestabilización de Allende e impedir que el Parlamento ratifique su triunfo en las urnas. Entrega información sobre las fuerzas armadas chilenas y acerca de quiénes son los más capacitados para sacar al médico socialistas del escenario político.
Pese a que en marzo de este año nuestro medio junto con Periódico Resumen revelaron el registro que muestra cómo el 21 de octubre de 2019 el vehículo de la Armada se abalanzó directamente contra la víctima, al conductor aún se le imputa el delito de cuasidelito de homicidio. La Fiscalía espera una reconstitución de escena que está frenada por la pandemia, mientras el infante de marina sigue en sus funciones.
La Ley de Inteligencia vigente establece que la coordinación está a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien posteriormente informa al mandatario. En medio de la crisis sanitaria y con el estallido social en aparente pausa, el gobierno busca que la Cámara de Diputados despache lo antes posible esta iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en el Senado.
La iniciativa busca que el presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar “infraestructura crítica”, pero no existe claridad sobre qué significa este concepto, lo que se vuelve un argumento para rechazar la medida, pese a que pasó el trámite de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Intendente del Bío Bío aseguró que video es categórico, mientras que el ministro de Defensa prefirió ser “prudente” frente al registro que muestra el asesinato de una persona a manos de una patrulla conducida por un infante de marina.
El artículo publicado por este medio el lunes 20 titulado “Malversación de fondos: el prontuario militar del padre del actual jefe del Ejército, Ricardo Martínez” recibe una serie de objeciones por parte de la comandancia en jefe. A continuación la respuesta íntegra del jefe del Ejército de Chile.
Gonzalo Yuseff, un ex fiscal, tiene desde abril un contrato a honorarios con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas por 4,5 millones de pesos. Una de sus principales labores es "asesorar al ministro en materias de planificación superior de la Defensa Nacional".
En los últimos tres meses en cuatro países sudamericanos se ha decretado estado de excepción o de emergencia para reprimir protestas sociales, movilizando el ejército en labores de orden público y seguridad interior. Debido a la represión han muerto 66 personas y diversos organismos internacionales han registrado abusos y violaciones a los derechos humanos que ponen en entredicho la imagen democrática que la derecha ha intentado construir en las últimas décadas.
En caso de aprobarla el Congreso, serán inmediatamente aplicables ciertos artículos de los códigos Penal y de Justicia Militar que ofrecen grados de impunidad bajo condiciones que determine el Presidente. Es una medida que ya los militares habían solicitado cuando el Gobierno estuvo a punto de volver a sacarlos a las calles el 13 de noviembre, tal como informó INTERFERENCIA.
Mientras que varios en la Democracia Cristiana han apoyado desde ya el proyecto de ley presidencial, sin una definición de lo que es "infraestructura crítica", otros en la oposición consideran la iniciativa como anticonstitucional.
En su lucha contra Karadima, asegura Hamilton, vio y enfrentó “el rostro de los verdaderos dueños de Chile”. Para el médico, el sistema neoliberal y algunos grandes empresarios son los principales responsables de las desigualdades y los males que han provocado el estallido social y asegura que el actual movimiento es el despertar del pueblo de Chile.
Quienes atienden a heridos en medio de las protestas, recibieron impactos directos de agua del guanaco e incluso una bala de goma. En tanto, en la Posta Central de Santiago, el director del recinto ordenó cerrar la entrada de urgencias con una cadena y prohibir la entrada a la prensa y organismos de Derechos Humanos.
Hace 50 años se produjo la primera asonada militar que -en parte- anticipó lo que iba a venir. El intento del golpe de Estado tomó por sorpresa al gobierno de Eduardo Frei-Montalva. Pero, ¿cuáles fueron los antecedentes de este movimiento militar? En esta serie de varios capítulos, INTERFERENCIA reconstruye la historia.
Durante estos días INTERFERENCIA ha ofrecido la reproducción de los aspectos más significativos de los libros clave que explican el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En esta entrega, la última, republicamos el capítulo uno, El Golpe, del libro “Operación Exterminio. La represión contra los comunistas chilenos”, de Carmen Hertz, Apolonia Ramírez y Manuel Salazar, impreso por LOM Ediciones.
La filial de la compañía chilena en Perú se ha adjudicado varios proyectos con el sector de Defensa de ese país, lo que preocupa a expertos chilenos en seguridad.
Sisdef provee ingeniería a sistemas de defensa y pertenece en un 90% a Asmar y otro 10% a Coretech, una sociedad constituida en 2010 por altos cargos de la primera compañía y que está controlada por un oficial en retiro de la Armada. La firma adquirió ese porcentaje en condiciones singulares: por ejemplo, una cláusula indicaba que si algún día querían vender su 10%, la empresa pública estaría obligada a comprarlo.
El 24 de julio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre, la cual entregaba el 10% del total de las exportaciones anuales de Codelco a las Fuerzas Armadas. A partir de datos de Cochilco se estima que la cuprífera estatal destinó recursos para pertrechos equivalentes al PIB de Haití.
Un decreto de Pinochet de 1975 le ha permitido, hasta hoy, al Ejército enajenar propiedades fiscales, realizando lucrativos negocios inmobiliarios. Pese a un pronunciamiento de la Contraloría en 1998, que anuló ese decreto, la institución continúa con la práctica. Ahora está negociando con terrenos premium en el sector oriente de Santiago.
A fines de 2018 el ministro Felipe Ward dijo que había recuperado $140 mil millones en propiedades fiscales ocupadas de manera ilegal. Pero la mayoría de los ocupantes son organismos del Estado, quienes hasta la fecha se mantienen en los inmuebles.
Según un reportaje de El Mostrador, la tajada más grande de la torta presupuestaria se la llevan los ex uniformados. Cerca del 5% del presupuesto nacional está destinado a pagar las pensiones en las Fuerzas Armadas y Carabineros, superando incluso la inversión que el país hace al pilar solidario para jubilados por AFP.
La acción judicial afirma que el almirante Julio Leiva Molina ha tolerado y financiado con gastos reservados una serie de seguimientos, amenazas, intercepción de llamadas telefónicas e intentos de infiltración en tribunales, cometidos por funcionarios de la Armada para amedentrar al magistrado Jaime Arancibia Pinto, quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de DD.HH. investigadas en el país.
Entre 2008 y 2018, un elevado monto de dinero de esta rama de las Fuerzas Armadas fue a parar a diversas entidades asociadas a la comunidad naval, como centros educacionales, culturales, católicos, deportivos y recreacionales, entre otros. Conozca las 47 identificadas por INTERFERENCIA y sus respectivos aportes.
Este viernes el Ejército emitió el acta que ordena su retiro absoluto de la institución. En el documento, que reproduce INTERFERENCIA, el oficial que ha denunciado no ser promovido por denunciar malas prácticas, señala que no acatará la orden hasta que la decisión no sea tomada por el Presidente vía decreto supremo.
Allanamiento, secuestro y tortura psicológica son algunos de los “aberrantes y humillantes hechos” que denuncia el teniente Gonzalo Jaña en una carta enviada al Presidente Piñera. Estas prácticas habrían comenzado luego de que él denunciara el robo de material de guerra al interior de su regimiento.
El ex capitán del Ejército Jair Bolsonaro corre con ventaja para ganar la primera vuelta presidencial de Brasil el 7 de octubre. ¿Cuál es el papel que desempeñan los militares en la actual política de ese país?
