Pese a entregar mensajes hacia la izquierda y en favor de la memoria histórica en las vísperas de esta jornada, lo cierto es que el Gobierno acumula señales que hacen pensar en una distante -si no inexistente- refundación de la institución policial.

Un mes antes del estallido social, medios nacionales dieron cuenta del inminente uso de estas armas en las calles con notas sobre las capacitaciones de Carabineros. Según fuentes al interior de la institución, luego del 18/O, el ex subsecretario Rodrigo Ubilla junto a una facción de la policía se opusieron a su uso; decisión que parecería ser definitiva a 4 años de adquiridas.

José Fuentes Castro, condenado a cadena perpetua por el Caso Degollados, está libre desde 2016, a pesar de que Gendarmería estableció ese mismo año que no tiene “conciencia del delito cometido y del mal causado”. INTERFERENCIA tuvo acceso a audios donde Fuentes relata la 'receta' para obtener beneficios y la libertad condicional.

INTERFERENCIA accedió a horas de conversación telefónica proporcionadas por la Comisión Funa en las que José Fuentes -hoy en libertad condicional- afirma que contó todo para librarse de una investigación interna en dictadura que lo acusaba de 'comunista'. Gustavo González Jure guardó silencio.

En 1981 la Revista de Carabineros elogió profusamente a la oficial después de que la balearon a la salida de su casa. El enaltecimiento de la policía a la ex agente de la Dina contrasta con la realidad de este infame personaje de la dictadura, reconocida por utilizar a su perro para vejar detenidas.   

Se trata del coronel Eduardo Witt, quien fue declarado culpable por crímenes durante la revuelta del 2019 y condenado a 300 días de presidio, pero luego rebajado a firma mensual. La cabo 2° Thalia Morales denuncia un “trato indigno” de su parte después de que no se le diera una atención “especial” dado su alto grado durante una de las firmas.

Según una denuncia ingresada a la Corte Suprema, el director de Justicia de Carabineros, Jaime Elgueta, ha designado al teniente coronel Rogelio Requena discrecionalmente en el cargo subrogante de la Corte Marcial, pasando por encima de 17 oficiales con mayor antigüedad y accediendo al beneficio de más de $200 mil por cada citación.

Hace tres días, INTERFERENCIA reveló que el coronel Araya Parodi –en arresto domiciliario nocturno acusado de agredir a un niño– sigue recibiendo beneficios institucionales a pesar de tener una investigación por acoso sexual en su contra y una denuncia por VIF. Esta semana le abrieron otro sumario en relación a mal uso de su arma.

Además de ser acusado por Fiscalía de provocarle un estallido ocular a un niño el año 2014 en La Legua y estar siendo investigado por Carabineros por acoso laboral y sexual, el coronel Jorge Araya Parodi fue denunciado por violencia intrafamiliar. No se le han suspendido los beneficios institucionales.

La candidata por la Región Metropolitana dijo que votará por Gabriel Boric sólo en en una hipotética segunda vuelta enfrentado con la derecha y prometió legislar “con mi gente, pues de eso se trata el venir de la población; darle voz a tu pueblo”.

El software utilizado para las cámaras adquiridas por la ex subsecretaria permitía el reenvío intrazable de evidencia a terceros. “¿No entienden que no puedo cuestionar al gobierno o me quitan recursos?”, habría dicho un teniente coronel ante la denuncia de los funcionarios. 

El ex uniformado fue requerido por un cobro de pagaré. “Quedé en prisión preventiva, no pude seguir pagando, a diferencia de personas de mayor jerarquía de Carabineros”, dijo. Además, este lunes, los ex carabineros imputados por Huracán, Gonzalo Blu, Patricio Marín y el informático Alex Smith, además de Osses, quedaron con arresto domiciliario nocturno, y no en prisión preventiva.

Dos días después de cumplirse un nuevo aniversario del ataque policial que cegó su ojo derecho, este estudiante de Concepción relata en primera persona el trauma que vivió, las dificultades que ha tenido -junto al resto de los heridos- para encontrar justicia y reparación, y su análisis a dos años de la revuelta del 18 de octubre de 2019. 

La Corte de Apelaciones dejó en libertad al oficial de Carabineros Claudio Crespo apelando a su conducta anterior, y a que no sería un riesgo para la sociedad al estar de baja; quedando con arraigo y firma quincenal. Esto, pese a que el caso de E.G., baleado un año antes que Gatica, se encuentra aún en investigación, con Crespo formalizado por apremios, falsificación de instrumento público y obstrucción.

Quien fuera una figura destacada dentro del círculo de confianza de la ex mandataria, participando en importantes cargos dentro de sus dos mandatos, enfrenta hoy un difícil escenario, acusada de una millonaria malversación de gastos reservados durante su etapa como subsecretaria de Carabineros.

El cumplimiento de la medida cautelar en Escar por malversación de fondos por $1.600 millones desde 2007 no tiene precedentes en 30 años, y está causando molestia en la institución: “En la Escuela son oficiales en formación y ven la impunidad como ejemplo”, opina un carabinero.

Esto podría llevar cuestionar los actos administrativos de ambos altos mandos y sus alzas salariales. Contraloría sugirió sanciones porque los oficiales no tomaron "medidas oportunas" para evitar la crisis de derechos humanos de 2019 y 2020.

A partir de publicaciones en prensa donde se daba cuenta de más de 100 funcionarios que fueron pasados a retiro de manera irregular, modificando sus diagnósticos clínicos u omitiendo que sus enfermedades se originaron por incidentes en actos de servicio, no han dejado de aparecer nuevos antecedentes.

Durante la tarde del viernes la Coordinadora Arauco Malleco tomó el control total de Santa Ana-Tres Palos, destruyeron instalaciones que ocupaba Carabineros en el predio, y junto a la comunidad de Coi Coi, realizaron una siembra en “homenaje al weichafe Toño”. Mientras que el subsecretario del Interior,  Juan Francisco Galli, ha minimizado el hecho que Carabineros se movilicen en camionetas forestales.

El ex titular de Interior denunció ante el fiscal Eugenio Campos –quien indaga el megafraude de Carabineros– la existencia de saldo sin justificar “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución”, correspondientes a gratificaciones y gastos en adquisición de terrenos, vehículos y equipos. Con esto, ya serían $45 mil millones en investigación por el Pacogate.

La carta firmada por ganadores de 45 nacionalidades del premio ambiental Goldman solicita al mandatario acciones inmediatas para detener “ataques agresivos y a menudo letales” contra líderes mapuche como el que sufrió Curamil –también premiado con el Goldman por defender el río Curacautín de hidroeléctricas–, herido con siete perdigones disparados por Carabineros el pasado 29 de abril. Habla Curamil a INTERFERENCIA respecto de la carta. 

La parlamentaria Claudia Mix (FA-Comunes) solicita al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, indicar la razón detrás del uso de las camionetas de Forestal Mininco durante el enfrentamiento donde mataron a Pablo Marchant, además de aclarar si esto está relacionado a “fines propios de la institución”.

Esta pasada jornada, la Convención Constituyente vio interrumpida su labor durante la tarde debido a que los constituyentes de la Lista del Pueblo, Alejandra Pérez y Manuel Woldarsky fueron detenidos ilegalmente junto a nueve personas más en manifestación por la libertad de los presos políticos de la revuelta.

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) aclaró en INTERFERENCIA que al momento de ir a reconocer el cuerpo vio que se trataba de otro weichafe; Pablo Marchant. "Estamos consternados. Murió combatiendo en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco, en una faena custodiada por Carabineros, por lo que lo vamos a reivindicar”.

El tribunal Supremo ordenó dar la “tramitación correspondiente” al recurso constitucional, por lo que tanto Carabineros como la Municipalidad de Santiago deberán responder ante posible afectación de derechos de estudiantes luego de que montaran una red para delatar alumnos junto a funcionarios del internado.

La camioneta Mahindra en que se movilizaban pertenece a la sociedad Agrícola Ganadera Santa Bárbara Limitada, la cual estaría constituida por la hija del director de SQM, Hernán Büchi, como también por el brazo derecho de Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon.

La cifra más baja de preocupación sobre la delincuencia se obtuvo en 2019 (39%), en medio del estallido social y hoy está en 53%. Respecto al pueblo mapuche, la mayoría afirma tener una visión positiva de ellos y no los relaciona con hechos de violencia.

Entre el 29 de noviembre de 2019 y el 4 de marzo de 2020, a cinco meses de iniciado el estallido social, la institución adquirió distintos vehículos que variaron en precio entre $160 y $998 millones la unidad; además de reparar los antiguos por $1.9 mil millones. Carabineros se niega a revelar la cantidad de nuevas unidades adquiridas.

INTERFERENCIA está entregando a sus lectores, en una decena de capítulos, el libro que narra la biografía del fallecido general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA durante la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet. Creemos que este es un modo de no olvidar uno de los capítulos más negros de la historia contemporánea de nuestro país.

INTERFERENCIA accedió a la totalidad del chat donde funcionarios municipales y carabineros solicitaban a miembros del internado información clave para aplicar Aula Segura. Aparte del caso de Ana María Gajardo, los mensajes revelan el sometimiento de algunos directivos que fueron parte del sistema de delación a la policía y al alcalde Alessandri, la publicación de datos sensibles de alumnos de otros liceos y reportes de asambleas de apoderados.