INTERFERENCIA tuvo acceso a la declaración judicial de Ricardo Toro como imputado en el caso de fraude al fisco que ha significado el procesamiento de 800 funcionarios del Ejército. Este oficial fue jefe de Departamento de Personal de esta fuerza militar en 2008, antes de ser nombrado jefe de la Oficina Nacional de Emergencia en 2012.

Según oficio de fiscalía del año 2018, la investigación realizada demuestra que se desviaron ilegalmente los dineros hacia los afectados por el fraude del FAM. Esto ocurrió entre los años 2008 y 2016, lo cual involucra a los tres comandantes en jefe de ese período: Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo  y Óscar Izurieta, cuyo caso ya se conocía.

En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.

Tras el estallido social, los gerentes de seguridad del holding aumentaron la coordinación entre ellos, han elaborado informes “confidenciales” con tintes políticos, se han reunido con el alto mando de Carabineros y han contratado a ex uniformados, entre ellos un miembro de la temida brigada Mulchén de la DINA y un general (r) relacionado a casos de desfalcos en el Ejército.

Muchos países de América Latina han recurrido a las fuerzas armadas durante la pandemia. La creciente y permanente presencia castrense ha generado cierta preocupación. “Se han levantado alertas sobre los procesos de militarización que se están viviendo, así como de la criminalización de los problemas sanitarios”, afirma esta socióloga y experta en temas de seguridad.

Llegó el momento de levantar el toque de queda militar, no así todas las restricciones a la vida nocturna.

“Volvieron a pasar el Bío Bío, a robar otra vez con cañones y muchos aparatos para la guerra, trayendo, dicen, mil y quinientos hombres; y todo lo que hizo fue quemar casas, sembrados, hacer familias cautivas quitándoles de los pechos sus hijos a las madres que corrían a los montes a esconderse”, denunció el líder mapuche cuando el gobierno chileno desconoció la soberanía indígena reconocida desde Quillín en 1641 y hasta el Tratado de Tapiwe en 1825.

La empresa Cramick SA vendió a dicha institución 130 escopetas antidisturbios 'Meriva', calibre 12mm, por más de $47 millones. La compra se hizo a pesar de que hasta el general de Carabineros, Mario Rozas, suspendió el uso de este armamento en noviembre de 2019, y a la evidencia de que estas armas han causado ceguera y graves lesiones oculares al utilizarse como mecanismo de control de disturbios.

Entre 2008 y 2014 la minera donó un sistema de tratamiento de aguas servidas y agua potable que se ubicó en uno de los predios que la multinacional arrendó para alojar al personal que trabajó en el desarrollo de la operación de la mina Los Bronces. En ese lugar hoy en día funciona el regimiento Arsenales de Guerra. A esto se suman otros aportes.

La iniciativa es de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, integrada por dos municipios que deben presentar observaciones al proyecto Los Bronces Integrado. La idea corre de manera paralela con la propuesta de decenas de ONG’s medioambientales, que apoyados por el Congreso Nacional, intentan darle un mayor estándar de protección al predio: declararlo Parque Nacional.

Luego de intercambiar a partir de 2009 terrenos con la multinacional en la comuna de Colina, el Ejército además le cedió en 2012 gratuitamente parte de sus predios para que la empresa instalara ductos mineros.

Entre los implicados en el crimen está el ex brigadier de Ejército, Pedro Espinoza, subdirector de la agencia de represión de Augusto Pinochet en los 70. En la lista aparecen agentes ligados a la Brigada Lautaro, una de las más temidas de la época.

El artículo publicado por este medio el lunes 20 titulado “Malversación de fondos: el prontuario militar del padre del actual jefe del Ejército, Ricardo Martínez” recibe una serie de objeciones por parte de la comandancia en jefe. A continuación la respuesta íntegra del jefe del Ejército de Chile.

En los últimos tres meses en cuatro países sudamericanos se ha decretado estado de excepción o de emergencia para reprimir protestas sociales, movilizando el ejército en labores de orden público y seguridad interior. Debido a la represión han muerto 66 personas y diversos organismos internacionales han registrado abusos y violaciones a los derechos humanos que ponen en entredicho la imagen democrática que la derecha ha intentado construir en las últimas décadas.

En caso de aprobarla el Congreso, serán inmediatamente aplicables ciertos artículos de los códigos Penal y de Justicia Militar que ofrecen grados de impunidad bajo condiciones que determine el Presidente. Es una medida que ya los militares habían solicitado cuando el Gobierno estuvo a punto de volver a sacarlos a las calles el 13 de noviembre, tal como informó INTERFERENCIA.

Mientras que varios en la Democracia Cristiana han apoyado desde ya el proyecto de ley presidencial, sin una definición de lo que es "infraestructura crítica", otros en la oposición consideran la iniciativa como anticonstitucional.

En su lucha contra Karadima, asegura Hamilton, vio y enfrentó “el rostro de los verdaderos dueños de Chile”. Para el médico, el sistema neoliberal y algunos grandes empresarios son los principales responsables de las desigualdades y los males que han provocado el estallido social y asegura que el actual movimiento es el despertar del pueblo de Chile.

Tras iniciarse las masivas manifestaciones, INTERFERENCIA descontinuó su entrega acerca del recuerdo del episodio histórico llamado El Tacnazo. Hoy retomamos esa saga, la que aunque no coincide plenamente con la efeméride, de todos modos ilustra el tipo de viscicitudes que vive el Ejército, en instancias en que ha vuelto a las calles. Acá publicamos el texto sobre el episodio histórico del coronel Carlos Carreño, quien es conocido por haber sido secuestrado por el FPMR y liberado en São Paulo en 1987.​

Sucedió desde el 19 al 21 de octubre, durante el estado de emergencia decretado por Sebastián Piñera, a la altura de la Estación Las Parcelas del Metro. Los vecinos escuchaban gritos y hay relatos de torturas.

La clase política y el pueblo están desconectados, y entremedio hay un vacío en esta crisis. Distintos barrios de la capital se están organizando para atender sus propias demandas, operando en sus territorios y desplegando medidas de seguridad y conversaciones para definir cómo quieren seguir.

Quienes atienden a heridos en medio de las protestas, recibieron impactos directos de agua del guanaco e incluso una bala de goma. En tanto, en la Posta Central de Santiago, el director del recinto ordenó cerrar la entrada de urgencias con una cadena y prohibir la entrada a la prensa y organismos de Derechos Humanos.

Tras una jornada de marchas masivas en muchas ciudades del país, en las que la principal demanda era la renuncia del Presidente, el mandatario anunció diálogos de unidad con su oposición en el Congreso. Pero su gabinete sigue intacto. Es probable que ello deje completamente indiferente a los ciudadanos que se han manifestado.

Durante la segunda noche de toque de queda en distintas ciudades de Chile, el mandatario radicalizó su discurso y aseguro que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”. En paralelo, el control militar ya ha dejado al menos un muerto, además de múltiples heridos, incluidos niños.

El día comenzó con cacerolazos masivos y terminó con militares, en especial en Valparaíso, disparando en las calles.

El primer toque de queda por motivos políticos desde el fin de la dictadura fue un intento del presidente Sebastián Piñera por controlar el descontento social, pero no ocurrió esto. Las personas salieron a manifestarse de igual forma, y al menos no les ganó el miedo. En Santiago incluso Carabineros se vio atemorizado en sus propias comisarías por la presión social.

Hace 50 años se produjo la primera asonada militar que -en parte- anticipó lo que iba a venir. El intento del golpe de Estado tomó por sorpresa al gobierno de Eduardo Frei-Montalva. Pero, ¿cuáles fueron los antecedentes de este movimiento militar? En esta serie de varios capítulos, INTERFERENCIA reconstruye la historia.

Sisdef provee ingeniería a sistemas de defensa y pertenece en un 90% a Asmar y otro 10% a Coretech, una sociedad constituida en 2010 por altos cargos de la primera compañía y que está controlada por un oficial en retiro de la Armada. La firma adquirió ese porcentaje en condiciones singulares: por ejemplo, una cláusula indicaba que si algún día querían vender su 10%, la empresa pública estaría obligada a comprarlo.

Homicidios calificado y frustrado de Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana.

Esta asignación fiscal, que incluía chofer, bencina, pago de tag y mantención, estaba vigente en las Fuerzas Armadas y de Orden Público hasta comienzos de este año. Actualmente sólo permanecería en Carabineros. 

La institución castrense aportó, entre 2010 y 2017., un total de 1.260 millones de pesos a distintas fundaciones y corporaciones. La fundación Señoras del Ejército, fundada por Lucía Hiriart, fue por lejos la más beneficiada.