El 13 de mayo se superó por primera vez la cifra de 2.000 nuevos casos diarios. Ese día el ex ministro Mañalich anunció cuarentena para todo el Gran Santiago. Tras varias semanas con menos contagios, el país de nuevo llega a esas cifras. La diferencia es que esta vez el 97% de la Región Metropolitana está desconfinada.

Según un cruce de cifras realizado por el físico chileno Alonso Silva, en el Gran Santiago existe una fuerte correlación entre mortalidad y pobreza. La falta de acceso a una buena salud sería una de las causas.

Un 53% de las personas sometidas a ventilación mecánica invasiva en este hospital de la zona norte de Santiago murieron durante el mes más duro de la pandemia. Por otra parte, el 42% de estos pacientes falleció en el Hospital Sótero del Río durante el mismo mes. Cifras considerablemente más elevadas que en junio del año anterior.

A un año de una auditoría, la subsecretaría no subsanó observaciones por un software que no usó en al menos dos de tres años de licencia que pagó. Además, enfrentará un juicio de cuentas por $110.869.565, cuyo fin es establecer responsabilidades en pérdida o deterioro de recursos.

El modelo CWH-3010 de la empresa china Chen Wei llegó en mayo como parte de una donación de ese gremio empresarial. Pero muchos especialistas denuncian que esas máquinas apenas sirven y el propio Minsal los dio de baja, aunque después los envió a regiones. 

Ñuñoa pasará a la fase tres de desconfinamiento con 28 casos activos más que cuando entró en cuarentena en marzo. Las Condes lo hará con 133 casos activos, menos que los 181 que tenía al inicio de la cuarentena, pero con un aumento constante durante agosto. El Minsal asegura que se cumplen los indicadores para ir levantando las restricciones.

Este medio publicó un artículo donde se afirmaba que existía cierto malestar entre representantes de la industria de la salud, porque el ministro Enrique Paris había estado ausente de la discusión legislativa en torno a esta ley. En esta misiva, el Ministerio de Salud asegura que el titular "ha liderado la discusión en la Ley de Fármacos II".

Jaime González Kazazian es el negociador principal del gobierno en la discusión de esta ley. Sectores de la industria no están contentos con él, y quieren a alguien con más peso para negociar con Guido Girardi, creador de esta iniciativa. Pero el ministro Enrique Paris no ha tenido protagonismo en el debate de un mercado que mueve millones de dólares y que afecta el bolsillo de millones de chilenos.

Mientras que el Ministerio de Obras Públicas que dirige Alfredo Moreno, no realizó ninguna exigencia extra por la emergencia sanitaria a las empresas concesionarias, pudiendo hacerlo legalmente, uno de sus inspectores a cargo de fiscalizar estas cárceles dijo que no pueden hacer nada, pues dotar de elementos de protección “no sale en las bases de la licitación”.

Desde la cartera de Salud aseguran que los pagos correspondientes al 2020 –año en que asumieron este gasto– se encuentran al día, habiendo cancelado US$ 1,3 millones que la OPS apuntaba como impagos. El saldo adeudado corresponde entonces a pagos no realizados por la institución anterior a cargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual no pagó la mitad de la cuota de 2019.

En el total de contagios registrados, Chile se encuentra en octavo lugar, mientras que en número de fallecidos está en noveno lugar, pero tercero en cantidad de fallecidos por millón de habitantes.

Casi 1 de cada 10 personas nacidas en Chile y 2 de cada 10 migrantes viven esta realidad de hacinamiento, con miedos a contagiarse de Covid-19 o ser desalojados por un arrendador que administra bajo su propia ley, inmune a las multas y notificaciones municipales. De las 44 denuncias recibidas para este reportaje, dos personas decidieron contar su historia y sólo una se atrevió a exponer a su arrendador, luego de dejar la vivienda. El miedo a quedar en la calle pesa demasiado.

Orlando Durán dejó el gobierno en junio pasado, después de que INTERFERENCIA revelara que como encargado de las residencias sanitarias, seleccionó una empresa de su pareja para albergar pacientes de Covid-19. Recientemente inició un proyecto para gestionar temas de salud en administraciones comunales, pero hasta el momento no tiene contratos.

Lleva más de 4 meses en cuarentena total. Las cifras de contagio indican que no está en una situación peor que otras comunas, como la liderada por Evelyn Matthei. Entonces, ¿por qué siguen confinados? Expertos indican que faltan datos para dar una razón técnica.

A pesar de tener amplia difusión en medios, el operativo que roció con Bioclean a los habitantes de la ciudad está ahora con un sumario sanitario abierto. Los dardos apuntan al alcalde William Arévalo Cornejo y a la Dirección de Aeronáutica Civil que autorizó el vuelo.

José Miguel Olivares es miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1988 y deberá decidir si sancionar a dos diputados de ese partido por votar a favor del retiro del 10% de fondos de pensiones. También actuó en representación de la empresa canadiense Weatherhaven, con la que el Minsal contrató la compra de cinco hospitales modulares por casi 14 millones de dólares.

El recurso cuenta con testimonios de familiares de funcionarios y vecinos de la comuna de Santiago, que fallecieron sin recibir atención médica, algo que según la concejala Irací Hassler (PC) podría haberse evitado al incluir a los municipios en la estrategia sanitaria. Esta es la tercera querella interpuesta contra autoridades responsables del manejo de la crisis, después de las presentadas por la concejala de Conchalí, Grace Arcos (PC) y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

El médico, quien participó de ‘Médicos Sin Fronteras’ durante la epidemia de ébola en África, asegura que el plan ‘Paso a Paso’ presentado por el gobierno para desconfinar el país “no da cuenta de las necesidades y los problemas de cómo se produce la transmisión de la enfermedad”.

Hotel Clínico Spa, empresa vinculada a Orlando Durán, ex jefe de Atención Primaria del Ministerio de Salud, albergó a pacientes de Covid-19 entre marzo y junio de este año. Estaba ubicada en un edificio residencial en el centro de Santiago y nunca tuvo las autorizaciones necesarias para funcionar.

La empresa canadiense WeatherHaven fue favorecida por un contrato directo por cerca de US$14 millones para traer cinco hospitales modulares que debían ser internados desde Perú, donde se ubica la fábrica, y que están atrasados en su entrega. Esta empresa cuenta con una investigación pendiente por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de El Callao, por contrataciones ligadas a la Marina de Guerra peruana.

En pleno estallido social la hija del Presidente recibió la autorización para edificar una residencia de descanso de 180 m2 y dos pisos. Algunos vecinos están preocupados, porque esta construcción, así como numerosas otras en este balneario exclusivo, pueden ser un foco para expandir el contagio de coronavirus.

INTERFERENCIA había revelado que fueron 187 millones los que se pagó a Hotel Puerto Mayor para que albergara a pacientes de Covid-19. El recinto pertenece a la familia del subsecretario y vicrepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia y dejó de funcionar por el alto precio de sus habitaciones.

Si bien el Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio realizó una compra pública por $ 222 millones a fines de mayo, el 9 de junio la anuló para realizar un nuevo trato vía arrendamiento de inmueble, cuyo contenido no se ha dado a conocer y que puede tardar meses en ser subido a Transparencia. Algo que recuerda mucho a Espacio Riesco.

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que ya no será Redes Asistenciales la repartición a cargo de administrar las residencias sanitarias, sino la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en coordinación con el ex subsecretario Rodrigo Ubilla. Esto luego de una seguidilla de artículos de INTERFERENCIA que mostraron irregulares contratos que benefician a personeros UDI dentro del gobierno.

En medio de los cuestionamientos a los contratos de residencias sanitarias por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los antecedentes dan cuenta que este organismo -junto con la Subsecretaría de Salud Pública- han desembolsado millones en esta empresa, pagando cada mascarilla por más de 500 pesos, valor superior al de otros proveedores.

Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.

Al contrato hecho por el subsecretario Arturo Zúñiga por $ 205 millones para arrendar una residencia sanitaria ligada a uno de sus subalternos, se suma ahora que el Servicio de Salud de Valparaíso, contrató un hotel que es negocio de la familia de Cristóbal Leturia del MOP, quien también es vicepresidente de la UDI.

INTERFERENCIA reveló que el subsecretario de Redes Asistenciales contrató por $205 millones un hotel vinculado a un alto cargo del servicio. La autoridad aseguró que ordenó un sumario y detener el pago, pero los correos de sus cercanos sugieren todo lo contrario. 

El subsecretario de redes asistenciales firmó una orden de compra con Hotel Clínico Spa, cuya dirección y teléfono coinciden con un negocio hotelero perteneciente a Orlando Durán, jefe de la División de Atención Primaria y encargado de coordinar las residencias sanitarias. Este último dice que la coincidencia fue por error de una funcionaria.

La medida beneficia a Sacyr, un gigante español que se ha adjudicado concesiones en los cinco continentes y que controla la sociedad de privados que administra el hospital público. Esto, a la vez que funcionarios acusan bajos sueldos, falta de implementos y despidos como represalias.