Estallido social

La oposición parece estar cuadrada en aprobar hoy martes la acusación constitucional contra el ministro del Interior. En 90 páginas, los diputados de oposición –incluida la Democracia Cristiana–, apuntaron a la violencia de Carabineros y el trato deferente a camioneros y a marchas del rechazo por sobre las manifestaciones contrarias a la ideología del gobierno.

Después de huir con la munición de un marino para denunciar en redes sociales que los uniformados utilizaban armamento de guerra, estuvo encarcelado por once meses, lugar en que sufrió violencia de gendarmes y otros presos. Actualmente arriesga al menos cinco años de presidio y espera el juicio con arresto domiciliario nocturno. Antes de las protestas sostenía a su familia, pero desde que lo persigue la justicia no ha podido volver a trabajar y carga las consecuencias psicológicas que le ha dejado el caso.

Desde Insulza llamando el mismo 18 de octubre a “reprimir con energía” a quienes saltaron torniquetes, pasando por la declaración de “estamos en guerra” de Piñera que fue retrucada por el general Iturriaga al día siguiente, hasta el “vamos a tener que disminuir nuestros privilegios” de Cecilia Morel en un audio filtrado donde también había calificado el levantamiento social como “una invasión extranjera, alienígena”.

Revisando los archivos para afrontar la cobertura de lo que fue el estallido social, encontramos las portadas que día a día fuimos creando para nuestros lectores, y vimos valor en volver a compartirlas. De tal modo creamos una Máquina del tiempo que nos permitirá viajar a la portada de INTERFERENCIA de hace justo un año atrás.

A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.

En la entrada del metro, una estudiante sangra profusamente luego de ser impactada por perdigones. Empujado por un carabinero, un secundario rueda escaleras abajo. Arrastrado por Fuerzas Especiales, un dirigente estudiantil grita su RUT luego de ser sacado a la fuerza de un departamento.

Ambos disuasivos – utilizados más de 238 mil veces entre octubre de 2019 y marzo de 2020 – cuentan con el químico CS, el cuál según un estudio científico francés publicado por INTERFERENCIA genera cianuro en el organismo. Para comparar, durante las protestas de Hong Kong se percutaron 16 mil cartuchos en también seis meses, disparándose un 1200% más en Chile.

Registros audiovisuales muestran cómo un efectivo de FF. EE. empujó a un adolescente que corría por el puente ubicado al costado de Plaza Dignidad, mientras se desarrollaba una protesta. El joven de 16 años cayó desde siete metros al lecho del río, encontrándose internado en la Clínica Santa María con múltiples fracturas pero estable dentro de su gravedad. Parlamentarios piden la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas.

Los querellantes han manifestado su preocupación por la dilación de causas por violaciones a los DD.HH ocurridas posterior al 18 de octubre de 2019 —que incluyen heridos oculares, atropellos y golpizas— y que todavía no se formalizan, esto pese a que varias de las diligencias apuntan a funcionarios de Carabineros que ya están identificados.

El abogado Daniel Soto fue parte del equipo fundador del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros en 2011, además de profesor desde 2012 y ex asesor de la institución. Para él, el policía debiera ser el "principal agente promotor de los derechos humanos"; aunque pueden transformarse en "el principal infractor de los derechos que tienen a su cargo".

Las cuentas Twitter de humor político han crecido de manera exponencial desde el estallido social y se han vuelto aún más populares con la pandemia. Según expertos, su éxito se debe al anonimato y a su capacidad de conectar con la actualidad. INTERFERENCIA se contactó y habló con algunos de ellos, tanto de derecha como de izquierda.

Samuel Donoso –quien defendió a Patricio Contesse por el caso SQM y fue penalista en casos Spiniak y Mop Gate– asumirá la representación del presidente Piñera ante la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta por el manejo de la pandemia. Por su parte, el exministro Mañalich será defendido por Gabriel Zaliasnik, quien fuera asesor legal de SQM, defensor de Iván Moreira en el caso Penta y de la UDI en el caso Spiniak.

Pese a que en marzo de este año nuestro medio junto con Periódico Resumen revelaron el registro que muestra cómo el 21 de octubre de 2019 el vehículo de la Armada se abalanzó directamente contra la víctima, al conductor aún se le imputa el delito de cuasidelito de homicidio. La Fiscalía espera una reconstitución de escena que está frenada por la pandemia, mientras el infante de marina sigue en sus funciones.

El texto escolar del curso terminal de liceos públicos en Francia -uno de los 13 a los que puede optar cada institución- fue actualizado con fotos de las manifestaciones iniciadas en octubre pasado en Chile. Analistas afirman que, a diferencia de Chile, el currículum francés permite el debate de hechos relevantes recientes y pone el foco en la reflexión, y no en datos específicos para memorizar.

El 20 de octubre de 2019, el subteniente Diego Benavides baleó a dos menores de 9 y 10 años y a un joven de 18, quien manejaba el vehículo en que se trasladaban. Fiscalía descubrió que Benavides y los cabos 1° Omar Torres y Víctor Saavedra falsificaron sus declaraciones, inventando una agresión. Los tres policías siguen en servicio en distintos recintos de la institución.

El martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

Desde hace más de 30 años que Chile no vivía una jornada del Día del Trabajador bajo toque de queda, la cual rige en el territorio nacional desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada. Un equipo de cinco periodistas de INTERFERENCIA hizo una ronda nocturna por varias comunas de Santiago y esto es lo que encontró.

El nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el gremio empresarial más influyente junto a la Sofofa, insinúa que la crisis sanitaria por el Coronavirus cambiará de una manera u otra el actual modelo de desarrollo del país.

La institución policial -luego de una solicitud de transparencia- comunicó solamente el monto desembolsado entre el 1 de enero y el 19 de marzo del 2020, sin informar unidades compradas ni el modelo. El último gasto dentro de vehículos destinados a control del orden público corresponde al 2019, donde se destinaron $4.266 millones para la compra de cuatro vehículos blindados, tres camiones lanza agua y tres carros de transporte de personal blindados.

S. -cuya identidad será mantenida en reserva-, diagnosticado con trastorno del espectro autista, se enfrenta hoy, un día después del día internacional del autismo, a una audiencia donde se decidirá si continúa en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, luego de ser acusado de participar en desórdenes públicos durante el estallido social. S. fue uno de los 13 supuestos ‘primera línea’ cuya medida cautelar fue reducida a arresto domiciliario por el juez Daniel Urrutia, argumentando razones humanitarias por la crisis del Covid—19, lo que fue revocado por la Corte de Apelaciones el mismo día.

Desde el miércoles 25 de marzo el gobierno dio prioridad a once proyectos de ley en la Cámara y 35 en el Senado. Solo dos de ellos se relacionan con la salud pública, mientras que la mayoría apunta a la agenda de seguridad. Todo esto en medio de llamados a la unidad nacional para enfrentar la pandemia.

Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas en Chile durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Para abogados y familiares de los presos, se trata de un instrumento de represión política.

Sergio Micco informó de los despidos de los directores de la Unidad de Estudios y de Administración y Finanzas, este último quien recibió perdigones policiales en sus funciones. El hecho abre la discusión acerca de los grados de autonomía que está perdiendo la entidad pública a cargo de controlar al gobierno y la policía en materia de derechos humanos.

La iniciativa busca que el presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar “infraestructura crítica”, pero no existe claridad sobre qué significa este concepto, lo que se vuelve un argumento para rechazar la medida, pese a que pasó el trámite de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Como una especie de bitácora online, ordenada cronológicamente, la página incluye un resumen de las principales noticias ocurridas desde el anuncio del alza del pasaje del metro en el país. Su creador, el periodista Sebastián Andrade, espera seguir alimentando la página con noticias y columnas de opinión entorno al estallido social.

El 14 de febrero ingresó la orden de compra hacia la empresa Solcrein Service Limitada, que tras un concurso público se adjudicó la licitación de más de 240 millones de pesos para pintar y limpiar las fachadas y pavimentos de la ciudad que han sido rayados desde el inicio de la revuelta.

Mientras algunos locales han cerrado, otros han decidido ser un soporte para los manifestantes, ayudando con limones, espacio para cabildos y apoyando las huelgas. INTERFERENCIA conversó con responsables de tres locales alrededor de la Plaza Dignidad. Todos coinciden en que lo que más ha perjudicado sus ventas es la represión policial y las lacrimógenas y que seguirán apoyando las demandas sociales, a pesar de los números.

Verisk Maplecroft, una empresa británica con presencia en los cinco continentes, analizó las manifestaciones en todo el mundo e incluyó a Chile y a Hong Kong entre los países más riesgosos. La firma llama la atención sobre la represión policial frente a las manifestaciones, la que puede poner en riesgo a los empleados de las firmas internacionales avencidadas en el país.

El 22 de diciembre, el mismo día en que salió el informe de Big Data publicado por La Tercera, fue subida la entrevista de 39 minutos realizada por el periodista Andrés Oppenheimer que intenta reforzar la idea de que habría una campaña de fake news de origen ruso, operada desde Venezuela, en contra del gobierno.

El Presidente viajaría mañana a la asunción de Alberto Fernández, siendo -sin explicitarse- una persona non grata en ese país.