Desde el pasado 18 de octubre, a diario las manifestaciones han sido parte de la Alameda. El paso de la gente ha dejado su huella en los muros: stencil, grafiti, serigrafía, rayados, explican las demandas sociales.

Sucedió desde el 19 al 21 de octubre, durante el estado de emergencia decretado por Sebastián Piñera, a la altura de la Estación Las Parcelas del Metro. Los vecinos escuchaban gritos y hay relatos de torturas.

Algunos de los mencionados en los documentos de Inteligencia de Carabineros optaron por presentar recursos de amparo, entre ellos Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima y activista medioambiental, recurso que fue admitido.

La pobreza sigue siendo un problema de máxima urgencia en el siglo XXI. La contribución de Banerjee, Duflo y Kremer -investigadores ganadores del Nobel de Economía 2019- es relevante, pues aborda la pobreza desde dimensiones muy específicas. Es decir, se basan en la idea de pobreza como un problema multidimensional, que va mucho más allá de ausencia de recursos, sino que considera también el acceso a la educación, las limitaciones en las condiciones de salud, la exclusión social y la financiera, entre otros.

En enero de 2019, cuando se comenzó a medir, tenía más del doble: 20,9%. Asimismo, la reprobación ciudadana, también casi se duplicó, pasando del 35,2% al 61,1% entre enero y octubre. 

En un comunicado se afirma que los periodistas de la sección Nacional del diario se han visto obligados a firmar artículos pese a ser alterados en los procesos de edición, entre otras prácticas que apuntan a una cobertura sesgada durante la crisis de las protestas.

El pasado 27 de octubre el periódico Página 12, de Argentina, publicó esta entrevista a Clarisa Hardy, ex ministra de Planificación de Michelle Bachelet y actual presidenta de Instituto Igualdad. En la conversación, que compartimos en INTERFERENCIA, Hardy analiza el momento político tras el estallido social y llama la atención a la clase política frente a un movimiento que no ha encontrado respuesta en sus representantes.

El fiscal Xavier Armendáriz indicó a los familiares de las víctimas que el único cadáver no identificado tiene una lesión ocurrida entre 8 a 12 horas antes del desastre. En la autopsia aparecen fragmentos metálicos en el muslo de la víctima, los que no fueron investigados por el Servicio Médico Legal ni estarían siendo indagados por la Fiscalía.

Existen una serie de interrogantes sobre qué pasó y cómo murieron las cinco personas encontradas en la fábrica de esa empresa hace diez días. INTERFERENCIA fue al lugar de los hechos y conversó con varios médicos forenses a partir de un video real donde se ven los cadáveres en la fábrica.

El Servicio Médico Legal (SML) describió estas lesiones en el tórax de Yoshua Osorio (17). Según Luis Ravanal, médico forense, el SML debió haber analizado los orificios, definiendo cuál fue su origen y midiéndolos. Su análisis contrasta con el de otro médico forense, quien indicó que los orificios “se deben interpretar como secundarios a la temperatura”; es decir, como un resultado de lo que produce el fuego en un cuerpo que se está calcinando.

El promedio de heridos hasta el lunes 4 de noviembre -160 lesionados oculares de gravedad en 18 días de manifestaciones- es notoriamente superior respecto de cualquier otro conflicto en 2019, incluidas las protestas de Hong Kong -donde el estallido ocular es todo un ícono-, la zona del conflicto israelí-palestino, las protestas de los chalecos amarillos de Francia o las del separatismo catalán. Un panorama muy distinto al presentado por el general director de Carabineros a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

INTERFERENCIA supo del intento del gobierno de poner en agenda la prentendida existencia de activistas venezolanos y cubanos como instigadores de la quema del Metro. En el caso de La Tercera , la información generó una crisis interna, mientras que en El Mercurio, aparentemente pasó desapercibida.

El nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli) -más allá del cambio de tono- mantiene la estrategia de fuerte represión en contra de los manifestantes, pero sin poder resguardar la integridad de la policía.

Considerando un consumo equivalente a una familia de cuatro integrantes, Gas Sur de CGE estaría cobrando a los penquistas más de 20 mil pesos respecto a las cuentas de clientes residenciales y comerciales de la Región Metropolitana abastecidos por Metrogas. Lo anterior, en el contexto de una disputa entre firmas de gas natural licuado que pretenden instalar proyectos GNL en la bahía de Concepción que han sido cuestionados por la ciudadanía.