Gemma Montiel se desempeñaba como profesora asesora del Centro de Estudiantes del INBA entre los años 2006 y 2016. Fue acusada de instigar las movilizaciones estudiantiles mediante un sumario que tuvo como prueba 260 páginas de transcripciones de conversaciones por Whatsapp transcritas. Dice que la coordinación entre establecimientos, municipalidad y Carabineros existe hace mucho tiempo y que la prueba usada en su contra fue ilícita y manipulada.

La institución se negó a transparentar la cantidad de unidades compradas del camión Alpine RCT4 año 2020, a pesar de haber sido consultados por esto vía Ley de Transparencia con el fin de saber a cuánto asciende el gasto público en vehículos de este tipo desde el 2019 a la fecha. La cantidad de carros comprados es un dato que la policía considera como "secreto". 

INTERFERENCIA accedió al grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el rector del INBA y profesores, mediante el cual se buscaba evidencia para expulsar o detener estudiantes. El alcalde de Santiago presionaba a través de sus funcionarios por información y para que se aplicaran sanciones. La concejala Hassler (PC) denunciará los hechos a Contraloría.

La pandemia condicionó una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, el llamado a realizar actividades en distintos puntos permitió que el movimiento diera una nueva gran demostración de fuerza. Esta vez se subrayó el carácter antirracista, anticapitalista y antifascista de la huelga, entre otras cualidades.

Andrés Cruz estuvo en el Ministerio Público en uno de los momentos políticamente más tensos del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche. Hoy es docente en la Universidad de Concepción y busca ser parte de la Convención Constituyente, y pese a su currículum centrado en el área penal, es enfático en que la solución para la violencia en La Araucanía y Arauco es política.

El ahorcamiento de Camilo Miyaki bajo custodia de Carabineros en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda –descrita por la Fiscalía como un suicidio– y la desestimación de la prisión preventiva para el sargento Juan González Iturriaga luego de que asesinara de seis balazos al malabarista Francisco Martínez durante un control de detención, gatillaron diversas protestas en Santiago y otras ciudades.

Los primeros destinaron $59 millones en la compra de este elemento ornamental, mientras que Gendarmería desembolsó $32 millones para el mismo fin durante el año pasado. Totalizaron la compra de 463 unidades durante el año que la pandemia azotó al mundo.

El perito forense, profesor Chaminade University y ex uniformado, Carlos Gutiérrez, conversa sobre la urgencia de reestructurar las policías y analiza el actuar de carabineros de Panguipulli, en el altercado vivido el viernes y que le costó la vida a un malabarista  después de ser acribillado por un carabinero.

Una semana que era positiva para el gobierno gracias al plan de vacunación se vio opacada por el asesinato de un joven a manos de la policía uniformada en Panguipulli. Esto reactivó las protestas en distintos puntos del país, principalmente en dicha comuna, donde la municipalidad terminó totalmente incendiada. Durante la jornada, ni La Moneda ni el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, emitieron palabra alguna.

Idemia Identity & Security Chile fue escogida en licitación como la empresa que en los próximos 72 meses estará a cargo del arriendo de equipos para que los uniformados identifiquen a la ciudadanía. El ruido de esto es que la compañía fue multada por el Registro Civil y ha enfrentado diversos cuestionamientos precisamente por el sistema de identificación del organismo.

El policía fue condenado a 16 años como autor del homicidio de Camilo Catrillanca. Su caso se diferencia de otros como los de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, en cuyos homicidios los responsables policiales fueron castigados solo con tres años de libertad vigilada. En cuanto al homicidio de Alex Lemun en 2002, el juicio fue reagendado para mayo de este año.

Según la policía civil, lo desembolsado fue “proporcional” a otros allanamientos en cuanto al gasto por funcionario, y que el saldo del operativo es positivo desde la perspectiva del costo-beneficio. En lo que va del año ya van 8 decomisos de marihuana más grandes que este.

Pese los escasos avances de la Fiscalía de la Araucanía en la investigación, en una ceremonia póstuma al cabo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado vinculó el crimen a la “causa mapuche”. Otro antecedente es que la misma munición de calibre 5,56 fue utilizada tanto en el caso de Eugenio Naim como en el de Camilo Catrillanca.

La agencia londinense, Forensic Architecture, midió la acumulación de gas CS durante el 20 de diciembre de 2019. Por momentos, las concentraciones también superaron 27 veces el nivel que entidades califican de “peligrosidad inmediata para la vida y salud”. 

Las Patrullas de Atención a Comunidades Indígenas (PACI) de Carabineros se crearon en 2013 para acercar a la institución a comunidades indígenas en sectores rurales. Sin embargo, muchos desconfían de ellos, pues un día pueden participar en una ceremonia, y al siguiente ser parte de un allanamiento con Fuerzas Especiales.

Luego de que decenas de manifestantes resultaran quemados, Carabineros negó utilizar soda cáustica o químicos similares en los carros lanza agua. Pero un componente que oficialmente sí emplean puede causar quemaduras de 1º y 2º grado, según estudios en Francia, Uruguay, Japón, Inglaterra y EE.UU. Varios factores potencian este efecto lesivo.

En el capítulo “Los años ochenta” de La Historia fue Otra: Memorias, la diputada Hertz (PC) describe un Chile conmocionado, con organizaciones sociales abocadas a las calles y las fuerzas del orden a reprimirlas. A continuación, la entonces abogada de la Vicaría de la Solidaridad entrega un recuento de las acciones del “mundo popular” para derrocar a Pinochet en los 80.

El estudio realizado en 196 países señala que Chile pasó de tener sus derechos “restringidos” a “obstruidos”. El motivo de esto es la represión ejercida por el gobierno de Sebastián Piñera a las protestas desde el inicio del estallido social hasta la fecha, así como también la persecución a defensores de derechos humanos y a LasTesis.

Tras el estallido social, los gerentes de seguridad del holding aumentaron la coordinación entre ellos, han elaborado informes “confidenciales” con tintes políticos, se han reunido con el alto mando de Carabineros y han contratado a ex uniformados, entre ellos un miembro de la temida brigada Mulchén de la DINA y un general (r) relacionado a casos de desfalcos en el Ejército.

El ex general director Mario Rozas firmó un contrato en 2017 por 1 millón 635 mil pesos mensuales para arrendar una vivienda en Madrid, mientras era agregado policial. En tanto, el general Enrique Bassaletti solicitó arrendar una residencia en 2015 por cerca de 3 millones de pesos en Reino Unido, cuando se aprestaba a ejercer la misma labor en el extranjero.

El general director reconoció que recibió una asignación irregular en 2015, pero dijo que no la devuelve porque no ha sido “notificado” por Contraloría. INTERFERENCIA accedió al contrato de arriendo, el cual es parte de las investigaciones que ha realizado el diputado Leonardo Soto (PS) sobre los millonarios pagos a agregados policiales en el exterior.

A petición de Carabineros, la entidad elaboró un documento donde se evalúa el impacto a la salud del armamento. Si bien no lograron estimar las concentraciones mínimas necesarias para dañar, el ISP advirtió que los elementos podrían potenciarse entre sí. INTERFERENCIA publicó anteriormente un estudio científico que demuestra que las lacrimógenas generan cianuro en el organismo.

El ex ministro declara hoy en calidad de testigo en el juicio por el asesinato del comunero mapuche. Sin embargo, persiste la duda si acaso no supo desde el primer momento que nunca existió un enfrentamiento armado, ocultando durante varios días la verdad. El ex general Victtoriano asegura que le informó el mismo día que no hubo intercambio de disparos y que Camilo Catrillanca no portaba armas.

Son amigos, vacacionan juntos y enfrentaron el estallido social estrechamente con discursos similares. La continuidad que representaría el nuevo general director abre las incógnitas sobre si seguirán las violaciones a derechos humanos como también los casos de corrupción, puesto que los oficiales clave en estas situaciones –incluido Yáñez– siguen firmes en el alto mando.

La causa se relaciona con el uso ilegítimo de grúas de la institución de la 6° Comisaría de Carabineros de Recoleta para trasladar vehículos a aparcaderos privados. Hasta ahora son cuatro oficiales y tres suboficiales involucrados en la causa.

Fabricado por la austriaca Rosenbauer, el Soft-Cobra 12.000 ha sido divisado en algunas oportunidades durante manifestaciones en Plaza Dignidad y en los alrededores de La Moneda. El vehículo habría sido adquirido con presupuesto del 2019, por lo que no forma parte de los $ 6,6 mil millones ya gastados durante el 2020 en vehículos lanza aguas y lanza gases.

El doctor en Historia plantea que desde el gobierno de Ricardo Lagos las comunidades mapuche acusan la “militarización del Wallmapu”. Según Pairican la situación actual es producto de “la apuesta de entregarle a Carabineros la resolución de un tema político”. 

El ahora ex funcionario de Carabineros se encuentra en prisión preventiva acusado de lesionar gravemente a Gustavo Gatica durante el estallido social. INTERFERENCIA accedió a registros que dan cuenta que Crespo, antes del 2019, disparó su escopeta al menos dos veces a una distancia que transgrede los protocolos, incluso provocando lesión ocular a uno de ellos.

En agosto el jefe zonal de Santiago Oeste solicitó a los funcionarios realizar labores permanentes de vigilancia y seguimiento de camiones de la tabacalera, entregando incluso una hoja Excel con las rutas y horarios de traslados, mientras un suboficial debe permanecer ocho horas al día en la central de monitoreo de la empresa.

Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y ahora Víctor Pérez. Todos han salido en medio de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros. Pero el general director se mantiene y nadie explica el porqué con claridad. Pero un hecho es que en la derecha y uniformados en retiro, la situación está causando molestia.