Fiscalía
Los abogados señalan que el Ministerio Público no ha entregado copia de toda la documentación de la causa, lo que afecta el debido proceso e incluso abriría la puerta a la anulación del juicio en caso de llevarse a cabo en las condiciones actuales.
Pese a que en marzo de este año nuestro medio junto con Periódico Resumen revelaron el registro que muestra cómo el 21 de octubre de 2019 el vehículo de la Armada se abalanzó directamente contra la víctima, al conductor aún se le imputa el delito de cuasidelito de homicidio. La Fiscalía espera una reconstitución de escena que está frenada por la pandemia, mientras el infante de marina sigue en sus funciones.
Luis Arroyo, uno de los persecutores de La Araucanía que fue parte de la investigación que acusó a ocho mapuche con evidencias falsas, eliminó conversaciones de su WhatsApp que podrían comprometerlo más a fondo en el montaje. El fiscal regional del Maule, dice que no constituye delito.
Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.
La Fiscalía recibió denuncias de la Armada y del Ministerio del Interior para pesquisar los hechos y determinar legalmente si es que pusieron en riesgo la salud pública. Por su parte, ambos acusados presentaron sus excusas y enfrentarán sumarios sanitarios.
Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas en Chile durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Para abogados y familiares de los presos, se trata de un instrumento de represión política.
En el registro audiovisual, grabado por cámaras de una empresa pesquera, se ve cómo el vehículo persigue a alta velocidad a varias personas, matando de forma instantánea a Manuel Rebolledo Navarrete. El uniformado se encuentra sólo con arraigo nacional y firma quincenal.
El fiscal Jaime Retamal Herrera, de la Fiscalía Regional Metropolitana, solicitó al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago que se fije fecha para la audiencia de formalización de Rodrigo Sanzana Olhaberry, un carabinero acusado de causar lesiones graves a un estudiante de la Usach en 2015.
En 2016 la Fundación Monte Verde, que custodia el lugar cercano a Puerto Montt donde se hallaron los restos de asentamientos humanos más antiguos del continente, denunció que el hoy diputado Kuschel (RN) instaló dos estructuras sobre una parte del terreno que es de su propiedad. El parlamentario asegura que se trata de construcciones superficiales que no afectan las excavaciones. En diciembre la PDI realizó las primeras diligencias en el lugar.
Hoy 3 de febrero el fiscal Arias retomará sus funciones en O'Higgins y si bien no se topará con Moya –quien fue trasladado a la Fiscalía de San Bernardo– sí lo hará con Allendes, una de las que lo confrontó directamente durante el conflicto interno de los fiscales.
INTERFERENCIA estuvo con Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres, los dos menores de edad que fueron acusados de incendio por la Fiscalía, pese a que un registro muestra que ellos no iniciaron el fuego. Los jóvenes relataron su experiencia mientras estuvieron privados de libertad, además de su anhelo por ser declarados inocentes.
La Corte Suprema rechazó ayer la remoción del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, asestando un duro golpe al fiscal nacional Jorge Abbott. Y también a quienes, como el ex fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, que valoraron las acusaciones en su momento.
Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.
A partir del caso de tres jóvenes que fueron denunciados tras la labor policial de un ex agente de la Operación Huracán, es posible reconstruir el modus operandis policial con el que se han producido varias detenciones que la Fiscalía busca sean consideradas en flagrancia.
Hace tres semanas el fiscal José Morales solicitó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros un informe de un rifle calibre 22, propiedad de Edward Abugattas Saba, uno de los dos dueños de Kayser, quien lo entregó de manera voluntaria. La razón fue que uno de los cuerpos calcinados hallados en la fábrica el domingo 20 de octubre presentó un proyectil de bala de ese mismo calibre.
Gonzalo Yuseff, un ex fiscal, tiene desde abril un contrato a honorarios con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas por 4,5 millones de pesos. Una de sus principales labores es "asesorar al ministro en materias de planificación superior de la Defensa Nacional".
Un registro de las conversaciones por WhatsApp entre el fiscal Sergio Moya y el jefe del Ministerio Público revela que ambos se coordinaron, hasta cierto punto, para denunciar a Arias en abril de este año. En los diálogos analizan las reacciones del acusado ante los medios, coordinan llamados a otros fiscales y acuerdan qué destino tendría la investigación contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Se trata del único de los cinco cadáveres que permanecía sin identificar, reconocido finalmente como Luis Antonio Salas Martínez. Cabe señalar que no es el mismo cuerpo que presenta fragmentos metálicos en su muslo, el que corresponde a Andrés Ponce Ponce, ni tampoco el que presenta orificios en su tórax que no fueron indagados, perteneciente a Yoshua Osorio Arias, ambos casos informados por INTERFERENCIA.
El Servicio Médico Legal confundió las autopsias en su reporte a la Fiscalía. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, la entidad forense reconoció que el cuerpo con fragmentos metálicos en su muslo izquierdo en realidad corresponde a Andrés Ponce Ponce.
El Servicio Médico Legal (SML) describió estas lesiones en el tórax de Yoshua Osorio (17). Según Luis Ravanal, médico forense, el SML debió haber analizado los orificios, definiendo cuál fue su origen y haberlos medido. Su análisis contrasta con el de otro médico forense, quien indicó que los orificios “se deben interpretar como secundarios a la temperatura”; es decir, como un resultado de lo que produce el fuego en un cuerpo que se está calcinando.
Existen una serie de interrogantes sobre qué pasó y cómo murieron las cinco personas encontradas en la fábrica de esa empresa hace diez días. INTERFERENCIA fue al lugar de los hechos y conversó con varios médicos forenses a partir de un video real donde se ven los cadáveres en la fábrica.
Diputado Hugo Gutiérrez pretende llevar el caso de la empresa de big data –que asesoró a Chile Vamos en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias–a la Contraloría y al Ministerio Público. La punta de lanza es Francisca Cruzat, concejala por Vitacura, quien aprobó el presupuesto comunal 2018 que incluía la contratación de servicios a esa firma tecnológica, y no se inhabilitó siendo que trabajaba en Instagis. Ello sería sólo la punta de un inmenso iceberg.
La historia ha salido a flote nuevamente a raíz de la audiencia de preparación de juicio en contra de Marco Enríquez-Ominami, quien está involucrado en el caso OAS por la utilización de un avión durante la misma campaña en que se cuestionó a Evelyn Matthei.
La coordinación logística y el complejo sistema de activación de los explosivos, llamaron la atención de los investigadores y expertos en la materia. Al cierre de esta edición, ninguna organización se había atribuido el ataque. Un experto criminalístico consultado por INTERFERENCIA, cree que esta acción estaría iniciando el llamado agosto negro, por parte de organizaciones anarquistas internacionales.
El tribunal de Lautaro fijó para el 22 de julio como nueva fecha para audiencia de preparación del juicio oral del caso del lonko Alberto Curamil y tres comuneros, acusados de asalto. Los imputados cumplen casi un año en prisión preventiva.
En 2011 José Morales fue alertado de un millonario lavado de activos en Carabineros. Ordenó seis diligencias acotadas y prohibió que se hiciera cualquier otra. El trabajo se lo encargó a la Dipolcar, entonces dirigida por Bruno Villalobos. Los uniformados dijeron que no había irregularidades y el persecutor archivó la causa. Ahora, un formalizado en el caso PacoGate presentará una querella en contra del fiscal.
Eugenio Campos, a cargo del Pacogate, tuvo un sumario en su contra que recomendó que fuera expulsado del Ministerio Público. Pero el ex fiscal nacional Sabas Chahuán sólo lo amonestó.
José Queipul -comunero de Temucuicui- recibió un disparo de Carabineros en la pierna y actualmente está hospitalizado. Los policías dejaron la cámara GoPro en la guantera y el mapuche está en prisión preventiva después de la querella presentada por el abogado del gobierno, Reinaldo Osorio, quien ha sido cuestionado por también ejercer para la Corte de Apelaciones de Temuco, en un claro conflicto de intereses.
Vinculado a la Operación Huracán, al millonario fraude “Pacogate” y a la muerte de un estudiante durante la dictadura, el ex general director de Carabineros -muy cercano a Michelle Bachelet y también a su poderoso subsecretario Mahmud Aleuy- sigue con su situación judicial en calma.
El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.
