Fiscalía
Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.
A partir del caso de tres jóvenes que fueron denunciados tras la labor policial de un ex agente de la Operación Huracán, es posible reconstruir el modus operandis policial con el que se han producido varias detenciones que la Fiscalía busca sean consideradas en flagrancia.
Hace tres semanas el fiscal José Morales solicitó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros un informe de un rifle calibre 22, propiedad de Edward Abugattas Saba, uno de los dos dueños de Kayser, quien lo entregó de manera voluntaria. La razón fue que uno de los cuerpos calcinados hallados en la fábrica el domingo 20 de octubre presentó un proyectil de bala de ese mismo calibre.
Gonzalo Yuseff, un ex fiscal, tiene desde abril un contrato a honorarios con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas por 4,5 millones de pesos. Una de sus principales labores es "asesorar al ministro en materias de planificación superior de la Defensa Nacional".
Un registro de las conversaciones por WhatsApp entre el fiscal Sergio Moya y el jefe del Ministerio Público revela que ambos se coordinaron, hasta cierto punto, para denunciar a Arias en abril de este año. En los diálogos analizan las reacciones del acusado ante los medios, coordinan llamados a otros fiscales y acuerdan qué destino tendría la investigación contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Se trata del único de los cinco cadáveres que permanecía sin identificar, reconocido finalmente como Luis Antonio Salas Martínez. Cabe señalar que no es el mismo cuerpo que presenta fragmentos metálicos en su muslo, el que corresponde a Andrés Ponce Ponce, ni tampoco el que presenta orificios en su tórax que no fueron indagados, perteneciente a Yoshua Osorio Arias, ambos casos informados por INTERFERENCIA.
El Servicio Médico Legal confundió las autopsias en su reporte a la Fiscalía. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, la entidad forense reconoció que el cuerpo con fragmentos metálicos en su muslo izquierdo en realidad corresponde a Andrés Ponce Ponce.
El Servicio Médico Legal (SML) describió estas lesiones en el tórax de Yoshua Osorio (17). Según Luis Ravanal, médico forense, el SML debió haber analizado los orificios, definiendo cuál fue su origen y haberlos medido. Su análisis contrasta con el de otro médico forense, quien indicó que los orificios “se deben interpretar como secundarios a la temperatura”; es decir, como un resultado de lo que produce el fuego en un cuerpo que se está calcinando.
Existen una serie de interrogantes sobre qué pasó y cómo murieron las cinco personas encontradas en la fábrica de esa empresa hace diez días. INTERFERENCIA fue al lugar de los hechos y conversó con varios médicos forenses a partir de un video real donde se ven los cadáveres en la fábrica.
Diputado Hugo Gutiérrez pretende llevar el caso de la empresa de big data –que asesoró a Chile Vamos en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias–a la Contraloría y al Ministerio Público. La punta de lanza es Francisca Cruzat, concejala por Vitacura, quien aprobó el presupuesto comunal 2018 que incluía la contratación de servicios a esa firma tecnológica, y no se inhabilitó siendo que trabajaba en Instagis. Ello sería sólo la punta de un inmenso iceberg.
La historia ha salido a flote nuevamente a raíz de la audiencia de preparación de juicio en contra de Marco Enríquez-Ominami, quien está involucrado en el caso OAS por la utilización de un avión durante la misma campaña en que se cuestionó a Evelyn Matthei.
La coordinación logística y el complejo sistema de activación de los explosivos, llamaron la atención de los investigadores y expertos en la materia. Al cierre de esta edición, ninguna organización se había atribuido el ataque. Un experto criminalístico consultado por INTERFERENCIA, cree que esta acción estaría iniciando el llamado agosto negro, por parte de organizaciones anarquistas internacionales.
El tribunal de Lautaro fijó para el 22 de julio como nueva fecha para audiencia de preparación del juicio oral del caso del lonko Alberto Curamil y tres comuneros, acusados de asalto. Los imputados cumplen casi un año en prisión preventiva.
En 2011 José Morales fue alertado de un millonario lavado de activos en Carabineros. Ordenó seis diligencias acotadas y prohibió que se hiciera cualquier otra. El trabajo se lo encargó a la Dipolcar, entonces dirigida por Bruno Villalobos. Los uniformados dijeron que no había irregularidades y el persecutor archivó la causa. Ahora, un formalizado en el caso PacoGate presentará una querella en contra del fiscal.
Eugenio Campos, a cargo del Pacogate, tuvo un sumario en su contra que recomendó que fuera expulsado del Ministerio Público. Pero el ex fiscal nacional Sabas Chahuán sólo lo amonestó.
José Queipul -comunero de Temucuicui- recibió un disparo de Carabineros en la pierna y actualmente está hospitalizado. Los policías dejaron la cámara GoPro en la guantera y el mapuche está en prisión preventiva después de la querella presentada por el abogado del gobierno, Reinaldo Osorio, quien ha sido cuestionado por también ejercer para la Corte de Apelaciones de Temuco, en un claro conflicto de intereses.
Vinculado a la Operación Huracán, al millonario fraude “Pacogate” y a la muerte de un estudiante durante la dictadura, el ex general director de Carabineros -muy cercano a Michelle Bachelet y también a su poderoso subsecretario Mahmud Aleuy- sigue con su situación judicial en calma.
El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.
Sergio Moya realizó asesorías a los carabineros involucrados en el montaje de la Operación Huracán, lo que llevó a su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias, a abrir un sumario. Hasta ese momento, ambos eran casi amigos.
Para el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, víctima del montaje Operación Huracán realizado por Carabineros en 2017, los recientes whatsapp revelados por Ciper muestran que el ex general director de Carabineros articuló el procedimiento que lo inculpó a él y otros siete mapuche con pruebas falsas. Además, apunta al ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
El 34º Juzgado del Crimen de Santiago acogió una querella presentada por Nelson Valenzuela, uno de los formalizados en la causa que lidera el Ministerio Público, en la que denuncia que cinco ex generales directores de Carabineros aprobaron un desfalco de $ 16 mil millones.
En 2017 el ex General Director entregó $21,5 millones de sus gastos reservados para adquirir el programa que permite manipular información de un teléfono sin dejar rastro. En su última rendición a Contraloría, Villalobos no entregó los detalles que exige la ley y el Contralor rechazó su rendición.
Los abogados de uno de los mayores (r) formalizados en el PacoGate, recurrieron a esta acción judicial para que se investigue esta millonaria arista que el Ministerio Público se negó a incluir dentro de la causa.
Los cuatro condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger - Mackay están bajo el control de la Justicia, pero la Fiscalía abre ahora una línea de investigación contra la red de apoyo que permitió a José y Luis Tralcal estar prófugos. Mientras, la defensa continuará su labor con un recurso ante la CIDH y contra el fiscal del caso.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al fiscal regional de Los Ríos, Juan Meléndez, con el objetivo de esclarecer los hechos que produjeron la muerte del presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan, Marcelo Vega, y de su acompañante en el vehículo siniestrado, Jorge Hualme, cuyo cuerpo fue encontrado el martes en una caleta cercana a la zona.
La Ley de Inteligencia establece que los antecedentes policiales recopilados a su amparo son de carácter secreto, sin embargo, un correo de un fiscal a un detective de la PDI revela que el Ministerio Público manejaba información clave a la que no debió tener acceso y que terminó perjudicando la defensa del lonko.
Rodrigo Quintanilla, amigo íntimo y estrecho colaborador del dueño de Grupo Arcano, lo grababa sin que nadie lo supiera. Murió poco antes de que estallara el caso, pero en su computador figuran inéditos audios y un laboratorio para falsificar documentos bancarios y notariales. INTERFERENCIA tuvo acceso a ellos y los revela por primera vez.
El primer juicio por este caso está en su etapa final. Víctimas y testigos vienen declarando desde marzo en la mayor causa bursátil que ha vivido Sanhattan. Entre ellos, ejecutivos de la AFP Habitat, quienes cifraron en US$ 11,6 millones las pérdidas para sus fondos. INTERFERENCIA obtuvo sus declaraciones.
