Ministerio Público
El Ministerio Público explicó que no pudo reunir pruebas suficientes para acusar a García-Huidobro de un ataque incendiario en Carahue debido al desistimiento de un testigo. Sin embargo, hace dos meses, la propia fiscalía estuvo de acuerdo con sacarlo de prisión luego de que su defensa presentara antecedentes que demostraban su no participación en el delito.
El organismo de control estableció la pérdida de 179 ampollas del opioide con que el crimen organizado transnacional produce millones de dólares a nivel mundial. Solo a modo de comparación, en dos recientes operaciones de la fiscalía, en Santiago, se incautaron 140 unidades de esta droga de alta adicción. Su consumo en Chile, de acuerdo al Ministerio Público, ha ido en aumento.
El ex carabinero será formalizado el 10 de diciembre por una tercera causa, imputado por disparar a un ingeniero en el tórax y la pierna en octubre de 2019, requiriendo intervención quirúrgica. Crespo es acusado de cegar a Gustavo Gatica, estando en medio de juicio oral, y fue recientemente absuelto en otra causa por disparar a la cara de un manifestante a 5 metros.
Una “alerta de monitoreo” preparada por la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte, da cuenta del ingreso de un ex militar venezolano el pasado 28 de octubre, pero en el mismo mes habrían al menos otros cuatro casos similares. Una vez que ingresan a suelo nacional, es imposible seguirles el rastro, dicen en la PDI.
“Ella era como de la casa, pasaba metida en la oficina de Hermosilla y se encerraban por horas”, afirma un testigo de su relación. En efecto, entre inicios de 2021 y al menos hasta fines de 2022, al menos tres personas aseguran haberla visto en el edificio corporativo de Grupo Patio, donde el abogado tenía su oficina.
La declaración del ex ministro de Sebastián Piñera y amigo de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital del caso, se suma a una ampliación de querella que el SII presentó en contra de Leonarda Villalobos el 14 de noviembre.
En entrevista con Radio ADN fue consultado sobre si se arrepentía de algo durante su gestión. "No me arrepiento de haber impulsado un proyecto de prevención del suicidio [...] Ahora, sí me arrepiento de haberlo hecho con Procultura, mirando lo que pasó, obviamente. Yo me siento muy traicionado por la institución", afirmó Orrego.
El sujeto cruzó a Perú en octubre de 2023 a pocos meses de ser condenado a 541 días con pena remitida. El caso, a cargo de la Fiscalía Oriente, busca establecer un eventual blanqueo de activos “de persona natural”. En Estados Unidos, Aliaga enfrenta un proceso por fraude postal.
Una joven de Enseñanza Media asistió a un examen de salud y quien la atendió escuchó el relato y denunció. “Se siente intimidada”, porque su compañero usa frases de connotación sexual e intenta mirar bajo la falda de ella. La magistrada ordenó a la fiscalía llevar adelante una indagatoria, sin existir denuncia de los padres o el establecimiento.
Para hoy viernes a las 09:00 quedó programada la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación. Para concretar su detención, habría sido clave un informe de ADN realizado a la ropa de la víctima, según reveló Radio Biobío, y el testimonio del taxista que trasladó a la presunta víctima y a la ex autoridad hasta el hotel donde habrían ocurrido los hechos.
El juez Torres dictó la cautelar considerando “la cantidad de delitos, los graves antecedentes, [...] miles de millones involucrados”. Denuncias por potencial fraude datan de 2017, siendo una constante durante su gestión: gastos millonarios en peluches, festivales, obras de Disney y más; todo mientras no se pagaban servicios y se descuidaban obras municipales.
Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.
El penalista aseguró que existieron conversaciones por el nombramiento de autoridades en el Poder Judicial y la fiscalía entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte de Apelaciones, Danilo Quezada; el supremo Mario Carroza, la ex fiscal judicial Lya Cabello y la jueza Paula Brito. Además, reveló chats por causas judiciales con distintos fiscales.
Nannan Shen de 42 años, mantenía domicilios en tres regiones de Chile, un contrato de trabajo y tenía pendiente una solicitud de residencia. Se movía con libertad entre Asia y Sudamérica ingresando a personas traficadas por pasos no habilitados y el pago se hacía en al menos seis bancos chinos. Otro alto miembro de la organización sigue prófugo.
Durante la mañana de este martes, se conoció que la Policía de Investigaciones había llevado acabo tres allanamientos en dependencias vinculadas al diputado y esposo de la ex alcaldesa Cathy Barriga con la finalidad de incautar computadores, teléfonos y otros antecedentes para esclarecer una investigación en su contra por un arista del caso Barriga.
Con todos los chats de Luis Hermosilla en su poder, el abogado defensor está ejerciendo un poder que lo deja casi como juez y parte. Y ha sabido utilizar esa palanca en los medios de prensa para intimidar de manera indirecta a jueces, fiscales y políticos involucrados en la red de influencias de su hermano. ¿El más expuesto? El Fiscal Nacional Valencia.
El director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, llamó a "retiro absoluto" a la jefa nacional de Inteligencia, Cristina Vilches, debido a las diligencias que efectivos de la institución desarrollaron previo a la denuncia en contra del ex subsecretario y que habrían incluido revisión de cámaras, manipulación de un teléfono y acercarse al edificio donde la presunta víctima reside.
En el marco de una cautela de garantía en el Séptimo Juzgado del ramo, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz reveló el antecedente inédito. Todo en el marco de la legalidad de la diligencia que permitió incautar un tercer celular que manejaba el suspendido PS. Si bien se extraerán los datos, el magistrado Ponciano Sallés ordenó borrar los whatsapp con sus abogados y familiares.
Las diligencias que encabeza el fiscal regional Centro Norte avanzan a pasos agigantados, pero los problemas de La Moneda están lejos de terminar. A la crisis política se suma otra al interior de la policía civil, mientras el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, intenta hacer frente a la tormenta. En tanto, ayer los abogados de la ex autoridad solicitaron acceso a la carpeta de investigación..
El 20 de octubre de 2019, los cuerpos de Muga, Osorio, Ponce, Pérez y Salas fueron hallados en dependencias de la siniestrada fábrica. De aquel día a la fecha, se encontró una bala en uno de los cadáveres, detectaron lesiones no atribuibles al fuego, se exhumaron dos cuerpos y se levantó una comisión investigadora en el Congreso. Aún no hay responsables.
En el veredicto, se recogieron los casos desprendidos de las conversaciones que Vivanco sostuvo con Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. Entre otras cosas, se cuestionó su actuar en el caso de Belaz Movitec con Codelco, su injerencia en nombramientos judiciales y, además, los ofrecimientos de su pareja, G. Migueles, al fiscal C. Palma.
Pese a que en un comienzo Ángel Valencia negó tener mensajes con Luis Hermosilla, el fiscal nacional no había mencionado la reunión de caracter privado que sostuvo con el abogado y Andrés Chadwick, cita en que el penalista le consultó sobre la posibilidad de resolver en procedimiento abreviado la causa en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa.
La acción legal detalla al menos 20 productos que contienen elementos prohibidos por la autoridad sanitaria expresamente. Algunos provocan efectos anabólicos, depresión e incluso otros se venden como remedios en farmacias. El libelo ya está en manos del Ministerio Público.
Según informó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la renuncia del ex ministro del Interior radica en que "lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones" y señaló que tendrá "más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero".
Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.
Entre las conversaciones entre Guerra y Hermosilla se comparten información referida al caso Penta y la compraventa de Minera Dominga; discuten una estrategia de desprestigio de los fiscales Gajardo y Norambuena; y coordinan reuniones con Andrés Chadwick y Sebastián Piñera. "Las causas Vip ya se las quite y están en mi poder", dice uno de los mensajes de Guerra a Hermosilla.
Entre los 228 casos que la Fiscalía expuso —que inicialmente eran 1396— se describieron las acciones policiales que causaron consecuencias en el estallido social como ceguera unilateral, bilateral, politraumatismos, fracturas, heridas y, en el peor de casos, muerte. Lo anterior, por el actuar policial al margen de los protocolos con funcionarios que no respetaron normas para el uso de la fuerza y el armamento.
En 2 horas 40 minutos de exposición, la fiscal Chong pudo describir brevemente sólo 138 de las 1.386 causas del estallido social por las que acusan a los ex directores de Carabineros, R. Yáñez y M. Rozas, y al ex subdirector, D. Olate, por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.
En los últimos quince años, cinco ex directores generales de Carabineros han enfrentado la justicia: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure y Eduardo Gordon a los que este martes se sumarán los de Ricardo Yáñez y Mario Rozas por el delito de omisión por apremios ilegítimos ocurridos en el contexto del estallido social.
La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a 27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.
