Contraloría ordenó al Municipio subsanar el pago de horas extras no justificadas por $11 millones al entonces director jurídico, Agustín Romero, durante la administración de Felipe Alessandri. El parlamentario fue notificado en agosto y tuvo un periodo de 10 días para comparecer ante el Departamento de Cobranza, pero no asistió. Afirma que no fue notificado y que la demanda es un amedrentamiento.

Rosario Carvajal (independiente de izquierda) asegura que, pese a tener mayoría en el concejo, la alcaldesa comunista prosiguió con el proceso regulador del ex edil de RN.

Además de reconocer la existencia de una coordinación entre la gestión de Alessandri, la policía uniformada y profesores del internado para delatar, detener y sancionar alumnos, la administración de Hassler ordenó eliminar toda la evidencia irregular emanada.

El tribunal Supremo ordenó dar la “tramitación correspondiente” al recurso constitucional, por lo que tanto Carabineros como la Municipalidad de Santiago deberán responder ante posible afectación de derechos de estudiantes luego de que montaran una red para delatar alumnos junto a funcionarios del internado.

“Escribimos la ley acá, en esta Municipalidad”, dijo en su momento el alcalde Felipe Alessandri durante una entrevista. Un 55% de los alumnos a los que se les persiguió por ley Aula Segura durante su administración fue absuelto de toda acusación, mientras que un 25% de las denuncias terminaron en sanciones.

El nuevo Concejo Municipal de la comuna céntrica tendrá a tres comunistas, una militante de Revolución Democrática, otra del Partido Ecologista Verde, otra de Comunes, una militante del Partido Socialista y una independiente, mientras que en oposición serán solo dos hombres de Renovación Nacional. Esto proyecta un escenario político menos conflictivo para la nueva alcaldesa.

En una estrecha elección Irací Hassler se impuso a Felipe Alessandri, marcando la derrota más dura para Chile Vamos a nivel nacional. Pero en varias comunas clave para la derecha se dio el mismo resultado para el bloque, el cual queda debilitado de cara a la presidencial y allana el camino para que Daniel Jadue llegue a La Moneda.

Los votantes castigaron duramente al duopolio que ha gobernado el país desde 1990. La derecha colapsó en todos los frentes y la ex Concertación va camino a descender hacia la tercera o cuarta fuerza política del país. El Frente Amplio, el Partido Comunista, la Lista del Pueblo y los independientes se alzan como los grandes ganadores -así como las mujeres en casi todos los frentes-, en lo que puede ser visto como el primer triunfo político del movimiento social que irrumpió el 18 de octubre de 2019.

Este fin de semana se realizarán las elecciones de alcaldes y concejales en todo el país. A raíz de esto, nuestro diario recopiló todas las publicaciones propias vinculadas a autoridades edilicias, marcadas siempre por la fiscalización al poder de estos organismos.

Los candidatos del Partido Republicano se han fortalecido y por primera vez en tres décadas los partidos de la tradicional alianza de derecha temen perder una o ambas comunas. Un resultado adverso, en especial en Las Condes, podría descarrilar definitivamente la aventura presidencial de Lavín.

Anónimos filtraron comentarios del Facebook personal y anónimo de Jeanny Gallardo. La administración de Carolina Tohá inició un sumario que culminó durante la gestión de Felipe Alessandri, ordenando su despido el 2017. Más de 300 alumnas firmaron una carta de apoyo a su gestión, la que en su último año registró los daños más bajos durante tomas en la comuna.

En la querella de la Corporación 4 de Agosto y la concejala Rosario Carvajal se solicita tomar declaración a Roberto Sánchez, un ex alto funcionario de la Dirección de Educación de Santiago (quien se postula a concejal por San Ramón), junto a otros involucrados en el grupo de espía. Alessandri, en tanto, prorrogó por segunda vez la entrega de oficio solicitado por Contraloría.

INTERFERENCIA accedió a la totalidad del chat donde funcionarios municipales y carabineros solicitaban a miembros del internado información clave para aplicar Aula Segura. Aparte del caso de Ana María Gajardo, los mensajes revelan el sometimiento de algunos directivos que fueron parte del sistema de delación a la policía y al alcalde Alessandri, la publicación de datos sensibles de alumnos de otros liceos y reportes de asambleas de apoderados.

Durante su último Concejo Municipal, el edil de Santiago aseguró desconocer la red de delación de estudiantes a cargo de un funcionario municipal de su confianza. 

INTERFERENCIA accedió al grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el rector del INBA y profesores, mediante el cual se buscaba evidencia para expulsar o detener estudiantes. El alcalde de Santiago presionaba a través de sus funcionarios por información y para que se aplicaran sanciones. La concejala Hassler (PC) denunciará los hechos a Contraloría.

Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, articula políticas públicas con los partidos políticos y no el coordinador ministerial, Jaime Mañalich. En tanto, los alcaldes Rodolfo Carter y Evelyn Matthei toman la iniciativa de limitar o cerrar centros comerciales, provocando la queja del ministro de Economía, Lucas Palacios.

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la expulsión de un estudiante, al igual que la semana antepasada lo hizo con una cancelación de matrícula del Instituto Nacional. El tribunal dijo que la medida carece de justificación seria y es arbitraria, ya que no hay pruebas que acrediten delitos de agresiones contra Carabineros. La Municipalidad avisó que recurrirá a la Corte Suprema.

El legislador del PC Hugo Gutiérrez pidió al órgano fiscalizador que se pronuncie sobre la legalidad que existió cuando la concejala Francisca Cruzat –actual directora de asuntos internacionales de Corfo– aprobó en 2018 el presupuesto de la comuna que incluía recursos para la empresa Instagis, donde ella trabajaba entonces.

Después de una nueva de jornada de incidentes en el liceo, autoridades de gobierno sostuvieron una reunión con el municipio de Santiago, en la que reafirmaron continuar con la misma estrategia policial que partió con Aula Segura.

Con 6.000 millones de pesos de deuda, este tradicional escenario anunció una reestructuración que implicó el despido de 59 trabajadores, lo que representa el 14% de su planta. Los funcionarios apuntan a Frédéric Chambert, director general, quien -según acusan- ha llevado a la institución a aumentar la deuda y llegar a esta situación, en instancias en que su salario mensual se mantiene en 10 millones de pesos.

A seis meses de promulgada la medida estrella de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la violencia en los liceos públicos se ha acentuado. Es una dinámica que en 2018 ya había sido advertida por expertos cuando se discutió esta ley.

Incertidumbre y molestia reinan entre los alumnos del centenario establecimiento, quienes no se resignan a aceptar la votación del viernes pasado, que determinó por un 54% contra un 46% (en un voto ponderado hexaestamental, en el que pesó la decisión de los apoderados y los directivos), que el liceo continúe siendo solo para hombres. Denuncian irregularidades y llaman a jornadas de reflexión, que son preámbulos para la movilización.

El proyecto de ley “Aula Segura” estipula que los directores puedan expulsar de inmediato a alumnos que cometan actos de violencia. El presidente Piñera encontró a su principal promotor en el Liceo de Aplicación, levantando la figura del rector Humberto Garrido. Pero su estilo, descrito por miembros de la comunidad educativa como “punitivo” y “mediático”, está alterando la convivencia interna.