Ministerio Público
La jurista ha litigado en causas emblemáticas defendiendo los derechos de personas del pueblo Mapuche, mientras en paralelo ha sido fotografiada, intervenida telefónicamente e incluso perseguida judicialmente. Por lo mismo, llama a que las instituciones deben cuadrarse con detener este tipo de hostigamientos.
A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.
El gobierno de entonces entregó el equipo de Sebastián Dávalos a Carabineros en una diligencia que dependía de Bruno Villalobos, quien fue nombrado general director de la policía uniformada seis meses después por la presidenta Michelle Bachelet. Los equipos habían sido intervenidos y formateados, y Dávalos fue al final sobreseído por el fiscal Sergio Moya, quien luego se vio involucrado en la Operación Huracán con Villalobos.
Después de que la ex funcionaria del Minsal Andrea Albagli hiciera la denuncia, otros dos empleados de la entidad han asegurado lo mismo ante el Ministerio Público. El caso de los correos ahora se maneja directamente desde el segundo piso de La Moneda.
Según consta en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, el abogado y militante RN, Rodrigo Arancibia, cometió el delito de “tráfico ilícito de drogas” en General San Martín 665, misma dirección del penal Colina 1.
Una reunión de mayo de 2019 marcó el quiebre definitivo entre socios y administrativos de la mutualidad. En la ocasión se cambiaron estatutos internos con artimañas cuestionables que motivaron a la PDI a recurrir a la justicia. La Fiscalía Económica Nacional comenzó una investigación sobre los movimientos financieros de la cuestionada mutualidad.
El Ministerio Público había solicitado su sobreseimiento, pero el Juzgado de Garantía de Temuco dio 90 días para realizar nuevas diligencias, entre ellas, citar a declarar al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que se refiera sobre el conocimiento que tenían los fiscales sobre el montaje.
Los abogados señalan que el Ministerio Público no ha entregado copia de toda la documentación de la causa, lo que afecta el debido proceso e incluso abriría la puerta a la anulación del juicio en caso de llevarse a cabo en las condiciones actuales.
Luis Arroyo, uno de los persecutores de La Araucanía que fue parte de la investigación que acusó a ocho mapuche con evidencias falsas, eliminó conversaciones de su WhatsApp que podrían comprometerlo más a fondo en el montaje. El fiscal regional del Maule, dice que no constituye delito.
Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.
A propósito de la renuncia de Susana Tonda a la dirección del Sename, INTERFERENCIA conversó con este congresista que lideró las primeras investigaciones en torno a las históricas vulneraciones de los derechos de los menores. El diputado acusa que la prioridad del gobierno es engrosar el negocio de las subvenciones a privados, lo que ha probado no servir.
S. -cuya identidad será mantenida en reserva-, diagnosticado con trastorno del espectro autista, se enfrenta hoy, un día después del día internacional del autismo, a una audiencia donde se decidirá si continúa en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, luego de ser acusado de participar en desórdenes públicos durante el estallido social. S. fue uno de los 13 supuestos ‘primera línea’ cuya medida cautelar fue reducida a arresto domiciliario por el juez Daniel Urrutia, argumentando razones humanitarias por la crisis del Covid—19, lo que fue revocado por la Corte de Apelaciones el mismo día.
En el registro audiovisual, grabado por cámaras de una empresa pesquera, se ve cómo el vehículo persigue a alta velocidad a varias personas, matando de forma instantánea a Manuel Rebolledo Navarrete. El uniformado se encuentra sólo con arraigo nacional y firma quincenal.
El fiscal Jaime Retamal Herrera, de la Fiscalía Regional Metropolitana, solicitó al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago que se fije fecha para la audiencia de formalización de Rodrigo Sanzana Olhaberry, un carabinero acusado de causar lesiones graves a un estudiante de la Usach en 2015.
En 2016 la Fundación Monte Verde, que custodia el lugar cercano a Puerto Montt donde se hallaron los restos de asentamientos humanos más antiguos del continente, denunció que el hoy diputado Kuschel (RN) instaló dos estructuras sobre una parte del terreno que es de su propiedad. El parlamentario asegura que se trata de construcciones superficiales que no afectan las excavaciones. En diciembre la PDI realizó las primeras diligencias en el lugar.
El 28 de noviembre de 2019 Copa fue detenido mientras participaba en una manifestación siendo imputado por presuntos ataques a Carabineros y del lanzamiento de un bomba molotov. Tras 70 días en prisión preventiva el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio cambió la cautelar, dándole arresto domiciliario total. Conadi Iquique emitió un informe que explica el uso del petardo en ceremonias aymaras. Copa no tiene antecedentes penales.
Hoy 3 de febrero el fiscal Arias retomará sus funciones en O'Higgins y si bien no se topará con Moya –quien fue trasladado a la Fiscalía de San Bernardo– sí lo hará con Allendes, una de las que lo confrontó directamente durante el conflicto interno de los fiscales.
INTERFERENCIA estuvo con Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres, los dos menores de edad que fueron acusados de incendio por la Fiscalía, pese a que un registro muestra que ellos no iniciaron el fuego. Los jóvenes relataron su experiencia mientras estuvieron privados de libertad, además de su anhelo por ser declarados inocentes.
La Corte Suprema rechazó ayer la remoción del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, asestando un duro golpe al fiscal nacional Jorge Abbott. Y también a quienes, como el ex fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, que valoraron las acusaciones en su momento.
Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.
Hace tres semanas el fiscal José Morales solicitó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros un informe de un rifle calibre 22, propiedad de Edward Abugattas Saba, uno de los dos dueños de Kayser, quien lo entregó de manera voluntaria. La razón fue que uno de los cuerpos calcinados hallados en la fábrica el domingo 20 de octubre presentó un proyectil de bala de ese mismo calibre.
El fiscal comentó a los familiares de las víctimas que las cámaras de las inmediaciones desaparecieron con el incendio. Pero el guardia que se encontraba en la fábrica el día del saqueo, dijo que se preocupó de "guardar los videos que habían en el lugar", y que estos se los llevó el gerente de operaciones de Kayser.
Gonzalo Yuseff, un ex fiscal, tiene desde abril un contrato a honorarios con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas por 4,5 millones de pesos. Una de sus principales labores es "asesorar al ministro en materias de planificación superior de la Defensa Nacional".
Un registro de las conversaciones por WhatsApp entre el fiscal Sergio Moya y el jefe del Ministerio Público revela que ambos se coordinaron, hasta cierto punto, para denunciar a Arias en abril de este año. En los diálogos analizan las reacciones del acusado ante los medios, coordinan llamados a otros fiscales y acuerdan qué destino tendría la investigación contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Pablo Gómez, ex líder de las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, hoy se encuentra asesorando al Ministerio del Interior en querellas en el marco de las protestas iniciadas el 18 de octubre. En este trabajo, coincide con personajes como Jorge bofill, Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú, quienes participaron de las defensas de involucrados en los casos Penta y SQM.
Se trata del único de los cinco cadáveres que permanecía sin identificar, reconocido finalmente como Luis Antonio Salas Martínez. Cabe señalar que no es el mismo cuerpo que presenta fragmentos metálicos en su muslo, el que corresponde a Andrés Ponce Ponce, ni tampoco el que presenta orificios en su tórax que no fueron indagados, perteneciente a Yoshua Osorio Arias, ambos casos informados por INTERFERENCIA.
El Servicio Médico Legal confundió las autopsias en su reporte a la Fiscalía. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, la entidad forense reconoció que el cuerpo con fragmentos metálicos en su muslo izquierdo en realidad corresponde a Andrés Ponce Ponce.
El Servicio Médico Legal (SML) describió estas lesiones en el tórax de Yoshua Osorio (17). Según Luis Ravanal, médico forense, el SML debió haber analizado los orificios, definiendo cuál fue su origen y haberlos medido. Su análisis contrasta con el de otro médico forense, quien indicó que los orificios “se deben interpretar como secundarios a la temperatura”; es decir, como un resultado de lo que produce el fuego en un cuerpo que se está calcinando.
Existen una serie de interrogantes sobre qué pasó y cómo murieron las cinco personas encontradas en la fábrica de esa empresa hace diez días. INTERFERENCIA fue al lugar de los hechos y conversó con varios médicos forenses a partir de un video real donde se ven los cadáveres en la fábrica.
Diputado Hugo Gutiérrez pretende llevar el caso de la empresa de big data –que asesoró a Chile Vamos en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias–a la Contraloría y al Ministerio Público. La punta de lanza es Francisca Cruzat, concejala por Vitacura, quien aprobó el presupuesto comunal 2018 que incluía la contratación de servicios a esa firma tecnológica, y no se inhabilitó siendo que trabajaba en Instagis. Ello sería sólo la punta de un inmenso iceberg.
