Ministerio Público
Según expertos no se veía un despliegue de esta cantidad de policías civiles desde 1987, para el secuestro del coronel Carlos Carreño por parte del FPMR. El operativo dejó insatisfechos a policías, políticos y a la ciudadanía. Tan solo ayer en Zapallar, se incautaron 3 mil matas de marihuana, bajo la vigilancia de la Fiscalía de La Ligua.
En su declaración ante el ministerio público, el imputado Daniel Goldberger reconoce haber escrito la carta con amenazas dirigidas a la persecutora. Además de pedir disculpas, el psicólogo de la UDD explica que la idea de la misiva surgió de él como una alternativa “no violenta” al plan inicial de tirarle huevos a la casa de Chong.
En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.
La condena de Orpis e Isasi pone fin a uno de los casos que -junto a Penta y SQM- terminaron con la idea de Chile como un oasis en el que la corrupción no tenía cabida. INTERFERENCIA publica a continuación extractos del libro 'Pescado Rabioso' de Carlos Tromben, donde revisa el origen del caso, el rol de Pablo Longueira y del gobierno de Sebastián Piñera.
Este ex oficial, acusado de cometer abusos y operaciones de escuchas ilegales a autoridades, policías y en el caso Spiniak; es hoy un operativo especial de la Agencia Nacional de Inteligencia.
El ex ministro declara hoy en calidad de testigo en el juicio por el asesinato del comunero mapuche. Sin embargo, persiste la duda si acaso no supo desde el primer momento que nunca existió un enfrentamiento armado, ocultando durante varios días la verdad. El ex general Victtoriano asegura que le informó el mismo día que no hubo intercambio de disparos y que Camilo Catrillanca no portaba armas.
Después de huir con la munición de un marino para denunciar en redes sociales que los uniformados utilizaban armamento de guerra, estuvo encarcelado por once meses, lugar en que sufrió violencia de gendarmes y otros presos. Actualmente arriesga al menos cinco años de presidio y espera el juicio con arresto domiciliario nocturno. Antes de las protestas sostenía a su familia, pero desde que lo persigue la justicia no ha podido volver a trabajar y carga las consecuencias psicológicas que le ha dejado el caso.
La jurista ha litigado en causas emblemáticas defendiendo los derechos de personas del pueblo Mapuche, mientras en paralelo ha sido fotografiada, intervenida telefónicamente e incluso perseguida judicialmente. Por lo mismo, llama a que las instituciones deben cuadrarse con detener este tipo de hostigamientos.
A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.
El gobierno de entonces entregó el equipo de Sebastián Dávalos a Carabineros en una diligencia que dependía de Bruno Villalobos, quien fue nombrado general director de la policía uniformada seis meses después por la presidenta Michelle Bachelet. Los equipos habían sido intervenidos y formateados, y Dávalos fue al final sobreseído por el fiscal Sergio Moya, quien luego se vio involucrado en la Operación Huracán con Villalobos.
Después de que la ex funcionaria del Minsal Andrea Albagli hiciera la denuncia, otros dos empleados de la entidad han asegurado lo mismo ante el Ministerio Público. El caso de los correos ahora se maneja directamente desde el segundo piso de La Moneda.
Según consta en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, el abogado y militante RN, Rodrigo Arancibia, cometió el delito de “tráfico ilícito de drogas” en General San Martín 665, misma dirección del penal Colina 1.
Una reunión de mayo de 2019 marcó el quiebre definitivo entre socios y administrativos de la mutualidad. En la ocasión se cambiaron estatutos internos con artimañas cuestionables que motivaron a la PDI a recurrir a la justicia. La Fiscalía Económica Nacional comenzó una investigación sobre los movimientos financieros de la cuestionada mutualidad.
El Ministerio Público había solicitado su sobreseimiento, pero el Juzgado de Garantía de Temuco dio 90 días para realizar nuevas diligencias, entre ellas, citar a declarar al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que se refiera sobre el conocimiento que tenían los fiscales sobre el montaje.
Los abogados señalan que el Ministerio Público no ha entregado copia de toda la documentación de la causa, lo que afecta el debido proceso e incluso abriría la puerta a la anulación del juicio en caso de llevarse a cabo en las condiciones actuales.
Luis Arroyo, uno de los persecutores de La Araucanía que fue parte de la investigación que acusó a ocho mapuche con evidencias falsas, eliminó conversaciones de su WhatsApp que podrían comprometerlo más a fondo en el montaje. El fiscal regional del Maule, dice que no constituye delito.
Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.
A propósito de la renuncia de Susana Tonda a la dirección del Sename, INTERFERENCIA conversó con este congresista que lideró las primeras investigaciones en torno a las históricas vulneraciones de los derechos de los menores. El diputado acusa que la prioridad del gobierno es engrosar el negocio de las subvenciones a privados, lo que ha probado no servir.
S. -cuya identidad será mantenida en reserva-, diagnosticado con trastorno del espectro autista, se enfrenta hoy, un día después del día internacional del autismo, a una audiencia donde se decidirá si continúa en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, luego de ser acusado de participar en desórdenes públicos durante el estallido social. S. fue uno de los 13 supuestos ‘primera línea’ cuya medida cautelar fue reducida a arresto domiciliario por el juez Daniel Urrutia, argumentando razones humanitarias por la crisis del Covid—19, lo que fue revocado por la Corte de Apelaciones el mismo día.
En el registro audiovisual, grabado por cámaras de una empresa pesquera, se ve cómo el vehículo persigue a alta velocidad a varias personas, matando de forma instantánea a Manuel Rebolledo Navarrete. El uniformado se encuentra sólo con arraigo nacional y firma quincenal.
El fiscal Jaime Retamal Herrera, de la Fiscalía Regional Metropolitana, solicitó al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago que se fije fecha para la audiencia de formalización de Rodrigo Sanzana Olhaberry, un carabinero acusado de causar lesiones graves a un estudiante de la Usach en 2015.
En 2016 la Fundación Monte Verde, que custodia el lugar cercano a Puerto Montt donde se hallaron los restos de asentamientos humanos más antiguos del continente, denunció que el hoy diputado Kuschel (RN) instaló dos estructuras sobre una parte del terreno que es de su propiedad. El parlamentario asegura que se trata de construcciones superficiales que no afectan las excavaciones. En diciembre la PDI realizó las primeras diligencias en el lugar.
El 28 de noviembre de 2019 Copa fue detenido mientras participaba en una manifestación siendo imputado por presuntos ataques a Carabineros y del lanzamiento de un bomba molotov. Tras 70 días en prisión preventiva el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio cambió la cautelar, dándole arresto domiciliario total. Conadi Iquique emitió un informe que explica el uso del petardo en ceremonias aymaras. Copa no tiene antecedentes penales.
Hoy 3 de febrero el fiscal Arias retomará sus funciones en O'Higgins y si bien no se topará con Moya –quien fue trasladado a la Fiscalía de San Bernardo– sí lo hará con Allendes, una de las que lo confrontó directamente durante el conflicto interno de los fiscales.
INTERFERENCIA estuvo con Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres, los dos menores de edad que fueron acusados de incendio por la Fiscalía, pese a que un registro muestra que ellos no iniciaron el fuego. Los jóvenes relataron su experiencia mientras estuvieron privados de libertad, además de su anhelo por ser declarados inocentes.
La Corte Suprema rechazó ayer la remoción del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, asestando un duro golpe al fiscal nacional Jorge Abbott. Y también a quienes, como el ex fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, que valoraron las acusaciones en su momento.
Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.
Hace tres semanas el fiscal José Morales solicitó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros un informe de un rifle calibre 22, propiedad de Edward Abugattas Saba, uno de los dos dueños de Kayser, quien lo entregó de manera voluntaria. La razón fue que uno de los cuerpos calcinados hallados en la fábrica el domingo 20 de octubre presentó un proyectil de bala de ese mismo calibre.
El fiscal comentó a los familiares de las víctimas que las cámaras de las inmediaciones desaparecieron con el incendio. Pero el guardia que se encontraba en la fábrica el día del saqueo, dijo que se preocupó de "guardar los videos que habían en el lugar", y que estos se los llevó el gerente de operaciones de Kayser.
Gonzalo Yuseff, un ex fiscal, tiene desde abril un contrato a honorarios con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas por 4,5 millones de pesos. Una de sus principales labores es "asesorar al ministro en materias de planificación superior de la Defensa Nacional".
