En el registro audiovisual, grabado por cámaras de una empresa pesquera, se ve cómo el vehículo persigue a alta velocidad a varias personas, matando de forma instantánea a Manuel Rebolledo Navarrete. El uniformado se encuentra sólo con arraigo nacional y firma quincenal.

El fiscal Jaime Retamal Herrera, de la Fiscalía Regional Metropolitana, solicitó al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago que se fije fecha para la audiencia de formalización de Rodrigo Sanzana Olhaberry, un carabinero acusado de causar lesiones graves a un estudiante de la Usach en 2015. 

En 2016 la Fundación Monte Verde, que custodia el lugar cercano a Puerto Montt donde se hallaron los restos de asentamientos humanos más antiguos del continente, denunció que el hoy diputado Kuschel (RN) instaló dos estructuras sobre una parte del terreno que es de su propiedad. El parlamentario asegura que se trata de construcciones superficiales que no afectan las excavaciones. En diciembre la PDI realizó las primeras diligencias en el lugar.

El 28 de noviembre de 2019 Copa fue detenido mientras participaba en una manifestación siendo imputado por presuntos ataques a Carabineros y del lanzamiento de un bomba molotov. Tras 70 días en prisión preventiva el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio cambió la cautelar, dándole arresto domiciliario total. Conadi Iquique emitió un informe que explica el uso del petardo en ceremonias aymaras. Copa no tiene antecedentes penales.

Hoy 3 de febrero el fiscal Arias retomará sus funciones en O'Higgins y si bien no se topará con Moya –quien fue trasladado a la Fiscalía de San Bernardo– sí lo hará con Allendes, una de las que lo confrontó directamente durante el conflicto interno de los fiscales.

INTERFERENCIA estuvo con Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres, los dos menores de edad que fueron acusados de incendio por la Fiscalía, pese a que un registro muestra que ellos no iniciaron el fuego. Los jóvenes relataron su experiencia mientras estuvieron privados de libertad, además de su anhelo por ser declarados inocentes.

La Corte Suprema rechazó ayer la remoción del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, asestando un duro golpe al fiscal nacional Jorge Abbott. Y también a quienes, como el ex fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, que valoraron las acusaciones en su momento.

Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.

Hace tres semanas el fiscal José Morales solicitó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros un informe de un rifle calibre 22, propiedad de Edward Abugattas Saba, uno de los dos dueños de Kayser, quien lo entregó de manera voluntaria. La razón fue que uno de los cuerpos calcinados hallados en la fábrica el domingo 20 de octubre presentó un proyectil de bala de ese mismo calibre.

El fiscal comentó a los familiares de las víctimas que las cámaras de las inmediaciones desaparecieron con el incendio. Pero el guardia que se encontraba en la fábrica el día del saqueo, dijo que se preocupó de "guardar los videos que habían en el lugar", y que estos se los llevó el gerente de operaciones de Kayser.

Gonzalo Yuseff, un ex fiscal, tiene desde abril un contrato a honorarios con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas por 4,5 millones de pesos. Una de sus principales labores es "asesorar al ministro en materias de planificación superior de la Defensa Nacional".

Un registro de las conversaciones por WhatsApp entre el fiscal Sergio Moya y el jefe del Ministerio Público revela que ambos se coordinaron, hasta cierto punto, para denunciar a Arias en abril de este año. En los diálogos analizan las reacciones del acusado ante los medios, coordinan llamados a otros fiscales y acuerdan qué destino tendría la investigación contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Pablo Gómez, ex líder de las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, hoy se encuentra asesorando al Ministerio del Interior en querellas en el marco de las protestas iniciadas el 18 de octubre. En este trabajo, coincide con personajes como Jorge bofill, Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú, quienes participaron de las defensas de involucrados en los casos Penta y SQM.

Se trata del único de los cinco cadáveres que permanecía sin identificar, reconocido finalmente como Luis Antonio Salas Martínez. Cabe señalar que no es el mismo cuerpo que presenta fragmentos metálicos en su muslo, el que corresponde a Andrés Ponce Ponce, ni tampoco el que presenta orificios en su tórax que no fueron indagados, perteneciente a Yoshua Osorio Arias, ambos casos informados por INTERFERENCIA.

El Servicio Médico Legal confundió las autopsias en su reporte a la Fiscalía. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, la entidad forense reconoció que el cuerpo con fragmentos metálicos en su muslo izquierdo en realidad corresponde a Andrés Ponce Ponce.

El Servicio Médico Legal (SML) describió estas lesiones en el tórax de Yoshua Osorio (17). Según Luis Ravanal, médico forense, el SML debió haber analizado los orificios, definiendo cuál fue su origen y haberlos medido. Su análisis contrasta con el de otro médico forense, quien indicó que los orificios “se deben interpretar como secundarios a la temperatura”; es decir, como un resultado de lo que produce el fuego en un cuerpo que se está calcinando.

Existen una serie de interrogantes sobre qué pasó y cómo murieron las cinco personas encontradas en la fábrica de esa empresa hace diez días. INTERFERENCIA fue al lugar de los hechos y conversó con varios médicos forenses a partir de un video real donde se ven los cadáveres en la fábrica.

Diputado Hugo Gutiérrez pretende llevar el caso de la empresa de big data –que asesoró a Chile Vamos en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias–a la Contraloría y al Ministerio Público. La punta de lanza es Francisca Cruzat, concejala por Vitacura, quien aprobó el presupuesto comunal 2018 que incluía la contratación de servicios a esa firma tecnológica, y no se inhabilitó siendo que trabajaba en Instagis. Ello sería sólo la punta de un inmenso iceberg.

La historia ha salido a flote nuevamente a raíz de la audiencia de preparación de juicio en contra de Marco Enríquez-Ominami, quien está involucrado en el caso OAS por la utilización de un avión durante la misma campaña en que se cuestionó a Evelyn Matthei.

El tribunal de Lautaro fijó para el 22 de julio como nueva fecha para audiencia de preparación del juicio oral del caso del lonko Alberto Curamil y tres comuneros, acusados de asalto. Los imputados cumplen casi un año en prisión preventiva.  

En 2011 José Morales fue alertado de un millonario lavado de activos en Carabineros. Ordenó seis diligencias acotadas y prohibió que se hiciera cualquier otra. El trabajo se lo encargó a la Dipolcar, entonces dirigida por Bruno Villalobos. Los uniformados dijeron que no había irregularidades y el persecutor archivó la causa. Ahora, un formalizado en el caso PacoGate presentará una querella en contra del fiscal.

¿Qué está pasando en la fiscalía? Las últimas noticias hablan acerca de la reyerta protagonizada por el fiscal Moya y Marisa Navarrete, la pareja del fiscal Emiliano Arias y abogada del ex capitán de Carabineros, Leonardo Osses, formalizado por el caso Huracán. Pero todo parece ser una bolsa de gatos.

La incautación de documentos contables en las oficinas centrales de la concesionaria de vehículos de lujo Ditec impactó el Ministerio del Interior, donde cumple un alto cargo Cristóbal Lira. Este asesor es copropietario de la firma donde la diligencia policial encontró un cheque por US$ 30.000 a nombre del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, actualmente procesado y en prisión preventiva por malversación de caudales públicos por más de $3.000 millones de pesos.

Eugenio Campos, a cargo del Pacogate, tuvo un sumario en su contra que recomendó que fuera expulsado del Ministerio Público. Pero el ex fiscal nacional Sabas Chahuán sólo lo amonestó.

José Queipul -comunero de Temucuicui- recibió un disparo de Carabineros en la pierna y actualmente está hospitalizado. Los policías dejaron la cámara GoPro en la guantera y el mapuche está en prisión preventiva después de la querella presentada por el abogado del gobierno, Reinaldo Osorio, quien ha sido cuestionado por también ejercer para la Corte de Apelaciones de Temuco, en un claro conflicto de intereses.

Vinculado a la Operación Huracán, al millonario fraude “Pacogate” y a la muerte de un estudiante durante la dictadura, el ex general director de Carabineros -muy cercano a Michelle Bachelet y también a su poderoso subsecretario Mahmud Aleuy- sigue con su situación judicial en calma.

El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.

Sergio Moya realizó asesorías a los carabineros involucrados en el montaje de la Operación Huracán, lo que llevó a su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias, a abrir un sumario. Hasta ese momento, ambos eran casi amigos.

Para el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, víctima del montaje Operación Huracán realizado por Carabineros en 2017, los recientes whatsapp revelados por Ciper muestran que el ex general director de Carabineros articuló el procedimiento que lo inculpó a él y otros siete mapuche con pruebas falsas. Además, apunta al ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

El que fuese el factótum de la UDI fue sobreseido por delitos tributarios y está a la espera de que algo similar pase con las acusaciones de cohecho que pesan en su contra, con lo que -hasta el momento- se suma a la larga lista de políticos que no pagan judicialmente en casos de corrupción.