Pueblo Mapuche
El subsecretario del Interior fue demandado por comprar dos terrenos al interior de la comunidad Mariano Millahual de Pucón sin ser mapuche, situación prohibida por la Ley Indígena. Si no asiste o responde con evasivas, el tribunal dará por aceptada la demanda.
El subsecretario del Interior ha dicho que la adquisición de tierras indígenas que realizó en Pucón fue legal, puesto que se las compró a una mujer chilena que las había recibido anteriormente en una liquidación de sociedad conyugal con su marido mapuche. Pero un informe de Conadi, en un caso idéntico, sancionó que este tipo de operaciones son nulas, lo que además contradice el actual informe encomendado por Rodrigo Ubilla a la actual Conadi.
En lo que parecía un día clave para asignar derechos de agua que hicieran posible la Carretera Hídrica del empresario Juan Sutil, finalmente no hubo entregas por parte de la Dirección de Aguas de la Región del Bío Bío, pues los remates fueron declarados desiertos o pendientes. Así, de momento, esa agua sigue siendo de servicio público.
El alto tribunal dio luz verde a la continuidad del Plan Araucanía del Ministerio de Desarrollo Social, en un fallo sin argumentación frente a un recurso de protección interpuesto en contra de la iniciativa por 40 comunidades mapuche. Los indígenas alegaban que no se había respetado el derecho a consulta establecido por los convenios internacionales.
La causa estaba en suspenso después del fallecimiento repentino de una de las demandantes, pero la familia se reunió con sus abogados para reactivar la avanzada judicial que busca recuperar los predios que el subsecretario del Interior compró al interior de la comunidad mapuche Mariano Millahual.
Participa en unas 37 empresas agrícolas. Hoy busca posicionarse en la Araucanía con sus proyectos agrícolas, y además impulsa la Carretera Hídrica- un proyecto con una inversión estimada de 30.000 millones de dólares- que es cuestionada por diversas comunidades indígenas. Sutil también representó al sector privado en la fracasada consulta indígena.
El miércoles 26 de junio en las afueras de la cárcel de Angol cerca de 300 mapuche se reunieron para celebrar junto a ocho presos, el We Tripantu, o la nueva salida del sol. Pero Gendarmería no permitió la celebración y todo terminó con actos de represión policial.
INTERFERENCIA conversó con Marcelo Catrillanca tras el término de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El padre de Camilo cuenta cómo pasó de un bajo perfil a un rol protagónico buscando verdad y justicia para su hijo.
El mismo día en que INTERFERENCIA reveló que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, había adquirido tierras indígenas, el director subrogante de la Conadi, Fernando Sáenz, declaró que la compra era legal. Pero en el caso Juan Pablo Longueira ha guardado silencio. ¿Por qué?
Alfredo Moreno no alcanzó nada relevante con su Plan Araucanía, mientras que la Consulta Indígena fue rechazada por distintos pueblos originarios. Su reemplazante, Sebastián Sichel, no tiene vinculación con la materia y apunta a un perfil más adecuado a los desafíos de Clase Media Protegida.
Tras la muerte de Ana Painequir, la familia que ha demandado al subsecretario por la compra irregular de tierras mapuche actualmente está en duelo y no se ha pronunciado aún sobre la continuidad de las acciones legales.
El subsecretario del Interior finalmente no tuvo que declarar ayer en la comparecencia ante el tribunal de Pucón debido a la ausencia de dos denunciantes, miembros de la familia Painequir. Según relató uno ellos, una de las demandantes recibió el “recado” de que les cortarían el suministro rural de agua a cada miembro de la familia, el que dependería de Rodrigo Ubilla.
Uno de los hombres más cercanos a Michelle Bachelet en el gobierno anterior integra la lista de Maya Fernández para presidir al Partido Socialista. Su presencia causa ruido en la colectividad por su actuar con los mapuche cuando estaba en La Moneda.
José Queipul -comunero de Temucuicui- recibió un disparo de Carabineros en la pierna y actualmente está hospitalizado. Los policías dejaron la cámara GoPro en la guantera y el mapuche está en prisión preventiva después de la querella presentada por el abogado del gobierno, Reinaldo Osorio, quien ha sido cuestionado por también ejercer para la Corte de Apelaciones de Temuco, en un claro conflicto de intereses.
Reinaldo Osorio, quien fuera representante del gobierno con Bachelet y Piñera en el caso Luchsinger-Mackay, fue designado en enero como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco. En paralelo sigue trabajando para el gobierno regional.
Tras el nuevo espaldarazo que le dio la Conadi al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, los consejeros de dicha entidad rechazaron el reporte 'a medida' del fiscal, cuestionaron los argumentos esgrimidos y aseguraron que “sin ningún tapujo, pudor o vergüenza la institucionalidad se está prestando para justificar lo injustificable".
Este fin de semana el subsecretario del Interior visitó la comunidad Mariano Millahual, donde tiene su casa de veraneo. Su presencia tensionó a los comuneros. Unos días antes, el werkén de esa comunidad, Carlos Quiñenao, fue detenido en un operativo policial en Temuco.
La única instancia que recoge la representatividad de los pueblos indígenas en la institucionalidad estatal indígena, desafía a la autoridad de la Conadi al solicitar un informe escrito y fundado respecto del supuesto carácter no indígena de los predios del subsecretario. Así lo había afirmado el director subrogante, Fernando Sáez respecto a estos terrenos, que están en la mitad de la comunidad mapuche Mariano Millahual en Pucón.
Para Sergio Caniuqueo, el homicidio del comunero mapuche es un crimen de odio que no ha sido reconocido como tal, que surge de un proceso de criminalización del movimiento mapuche. Si bien este caso, así como el de la machi Francisca Linconao en el caso Luchsinger, han ayudado a ver las cosas de otro modo, la estructura cultural en que estos son posibles no ha cambiado, lo que se ve en el trato a los hermanos Tralcal.
Los cuatro condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger - Mackay están bajo el control de la Justicia, pero la Fiscalía abre ahora una línea de investigación contra la red de apoyo que permitió a José y Luis Tralcal estar prófugos. Mientras, la defensa continuará su labor con un recurso ante la CIDH y contra el fiscal del caso.
El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del lonko de la comunidad de Cushamen, ubicada en Argentina. Los abogados estudian recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte de Apelaciones de Temuco revisará la avanzada judicial que busca dejar sin efectos las medidas impulsadas por el ministro Alfredo Moreno, bajo el fundamento de que el gobierno no realizó la consulta indígena que considera el Convenio 169 de la OIT.
La defensa del dirigente mapuche más conocido de Argentina, que hoy cumple presidio en Valdivia, solicitó al máximo tribunal la anulación de la condena decretada en diciembre, acusando inconsistencias en las pruebas y la filtración ilegal de información de organismos de inteligencia a la fiscalía.
La Ley de Inteligencia establece que los antecedentes policiales recopilados a su amparo son de carácter secreto, sin embargo, un correo de un fiscal a un detective de la PDI revela que el Ministerio Público manejaba información clave a la que no debió tener acceso y que terminó perjudicando la defensa del lonko.
Tras el asesinato de Camilo Catrillanca, el gobierno de Piñera congeló el Plan Araucanía. Muchos mapuche, que se unieron en la indignación por ese homicidio, no tienen claro cómo seguir adelante en sus reivindicaciones.
La jubilación del ministro Milton Juica provocó un giro más conservador en la segunda sala del máximo tribunal, que este año ha estado en el centro de la tormenta. Y ello incluyó una acusación constitucional -fallida- en contra de tres de sus integrantes.
Jones Huala es el símil de Héctor Llaitul en Argentina, país que lo extraditó hace unos meses. Fue condenado ahora por un incendio en 2013, pero el proceso judicial deja bastantes dudas abiertas.
Los policías que, desde el aire, supervisaron el operativo que terminó con el asesinato del comunero, entregaron a la fiscalía testimonios contradictorios y, en algunos casos, derechamente falsos. Así lo indican documentos obtenidos por INTERFERENCIA.
Abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur), que defendieron a José y Luis Tralcal -que se mantienen prófugos-, están trabajando en el recurso por las serias dudas que dejó el juicio, el cual puede ser presentado hasta abril de 2019. En tanto, los familiares de los culpados por tribunales reivindican el derecho a rebeldía, insistiendo en la inocencia.
