Ministerio de Educación
El Poder Ejecutivo, dirigido por Sebastián Piñera, ha tenido el peor inicio de año de un mandato posdictadura, esto por la acción de los estudiantes secundarios. El abuelo de la dirigenta de la Aces, Ayelén Salgado, fue asesinado por Carabineros en 1977 y 42 años después ella es perseguida por el gobierno por haber llamado a boicotear la PSU. Su mensaje es claro: no se siente intimidada.
Finalmente el boicot de los secundarios a la PSU implicó a 150 establecimientos (20%) y la suspensión completa de la PSU de Historia. INTERFERENCIA hizo un recorrido de sur a norte por la capital, observando las diferencias en las vivencias sociales frente al mismo evento. Por su parte, la ministra Marcela Cubillos, apareció finalmente, para responsabilizar al Demre.
El movimiento de los estudiantes secundarios ayer se centró en comunas como Puente Alto, Coronel, San Bernardo, Valparaíso, Cañete y Calama. Hoy podría potenciarse.
Envalentonada tras el fracaso de la acusación constitucional en su contra, justo antes de la rebelión social, la titular de Educación se ha atrincherado en sus premisas originales, haciendo caso omiso del contexto actual. Utiliza las bases de datos del Ministerio para impulsar su agenda de Admisión Justa por medio de Cabildos de Apoderados y acaba de aprobar un proyecto para sancionar el “adoctrinamiento político” en escuelas y liceos. Además, oficiará a la Defensoría de la Niñez, a la Superintendencia de Educación y al INDH.
Después del despertar social chileno, el gobierno intenta retomar la normalidad legislativa. En esto, la ministra de Educación utilizó uno de sus recursos digitales habituales: enviar correos masivos usando las bases de datos del Mineduc, acto similar que en septiembre pasado fue cuestionado por Contraloría.
El organismo aseguró en un comunicado enviado a este medio que no compran baterías nuevas por un tema medio ambiental. Sin embargo, este año compraron 100 baterías a una empresa para reacondicionar otros notebooks. El funcionario que hizo las denuncias originales explicó que las baterías defectuosas suelen ser enviadas a empresas que gestionan materiales tóxicos, lo que no ocurrió en este caso.
El funcionario encargado de distribuir estos equipos reveló los hechos a INTERFERENCIA, señalando que el director ejecutivo de la fundación Chilenter tenía conocimiento de los defectos de estos notebooks, pero por cumplir con las fechas establecidas con el Mineduc, se enviaron de todas formas.
Una vez más, el jefe de la UDP traspasa fronteras éticas, jugando a ser alfil y dama a la vez en el debate educativo. Ya había defendido a Harald Beyer en 2014, como columnista. Hoy la defensa va un paso más allá: un informe en derecho. Nada de eso pasó con Yasna Provoste en 2008.
En el informe se indica que los funcionarios de la Subsecretaría de Educación no visaron el material propagandístico que costó 54 millones de pesos, además de varias otras faltas de distinta índole que evidencian una situación de desorden dentro de la cartera que dirige Marcela Cubillos.
Después de una nueva de jornada de incidentes en el liceo, autoridades de gobierno sostuvieron una reunión con el municipio de Santiago, en la que reafirmaron continuar con la misma estrategia policial que partió con Aula Segura.
El dirigente comunista asegura que el gremio de profesores se mantiene unido desde las bases, pese a las opiniones divergentes sobre la manera en que finalmente el actual presidente gremial, Mario Aguilar, llevó la negoción. Esta semana los docentes votaron por deponer el paro, aunque la negociación continúa en una mesa de trabajo con el Ministerio.
Marcela Cubillos fue increpada en un cementerio por una profesora de matemáticas, mientras que Mario Aguilar fue detenido por Carabineros. Así llegan mediáticamente a verse las caras hoy miércoles la ministra y el dirigente gremial.
El texto de Arturo Fontaine y Sergio Urzúa ofrece un marco teórico para las decisiones de la titular de Educación en la defensa de Admisión Justa, el proyecto que busca volver al modelo de la selección en la educación escolar. Una publicación con amplia cobertura mediática, pero que al parecer no tiene suficiente espesor como para desafiar el consenso técnico que han alcanzado los expertos, incluidos varios de derecha.
Data Conversion Service, firma de origen suizo representada por Carlos Larraín Hurtado, se adjudicó una compra con la Agencia de Calidad de la Educación por $68 millones. Este organismo trabaja codo a codo con la División de Educación General del ministerio de Educación, cuyo jefe es su hermano Raimundo Larraín Hurtado, otro de los hijos del ex presidente de Renovación Nacional.
A seis meses de promulgada la medida estrella de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la violencia en los liceos públicos se ha acentuado. Es una dinámica que en 2018 ya había sido advertida por expertos cuando se discutió esta ley.
El dirigente de los docentes anunció este lunes que las movilizaciones de los profesores continúan y llamó a la ministra Marcela Cubillos a sentarse a negociar con el gremio. INTERFERENCIA conversó con Aguilar sobre el paro que lidera, y sobre las razones que hacen que estudiantes y profesores estén desarticulados y no solidaricen en varias demandas clave, como el rechazo a Aula Segura.
Distintos especialistas -algunos del propio sector de Marcela Cubillos- han levantado voces de alerta sobre las medidas que la titular de Educación ha intentado impulsar en los últimos meses, asegurando que en algunos casos podría romper “consensos técnicos” que habían sido alcanzados de forma transversal entre expertos de distintos sectores políticos, en especial respecto del concepto demonizado por el gobierno de "tómbola".
El presidente realizará este sábado la segunda cuenta pública de su actual mandato, que comenzó en medio de altas expectativas en materia económica y social. Sin embargo, los primeros 15 meses de gestión han estado marcados por más errores que aciertos.
Seis estudiantes fueron expulsados del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción, pero solo uno tiene los recursos para seguir con su defensa jurídica destinada a revertir la decisión de la dirección de ese establecimiento de excelencia, a la cual acusan de estar motivada políticamente. Ante la Corte de Apelaciones del Bío Bío, Rojas alegará aplicación desproporcionada y ausencia de protocolos en los procedimientos, si se compara la protesta que terminó en su expulsión con las recientes agresiones con bencina a funcionarios del Liceo Darío Salas en la cual se acusó a estudiantes del establecimiento, hechos que todavía no han sido comprobados.
En 2011 esta universidad privada -ligada en su fundación a los masones- debió irse a quiebra, pero un acuerdo con sus acreedores le permitió seguir operando, a cuenta de que los excedentes fueran a amortizar la deuda. Sin embargo, las autoridades de la casa de estudios dieron con un mecanismo que escondía transitoriamente esas remesas y que hoy presenta un hoyo financiero de $ 84 millones de pesos.
Nicolás Cubillos es el director jurídico del instituto profesional ligado a la Universidad Católica. En ese cargo, enfrenta más de un centenar de demandas laborales por vulneración de derechos y prácticas antisindicales, luego de despedir a 106 docentes que habían pedido pasar a contrato indefinido. Algunos de ellos, llevaban más de 20 años trabajando a plazo fijo.
Tras la abrupta salida de la cartera de Educación de Gerardo Varela en agosto pasado, Ricardo Sande, jefe de gabinete, Macarena Villarino, directora nacional de comunicaciones y Felipe Santa María, asesor ministerial, pasaron, en menos de 20 días, a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente, con sueldos superiores a los 3 millones de pesos.
En su dictamen el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) pudo acreditar tres cargos formulados contra el alcalde principalmente por pagos atrasados de cotizaciones de sus trabajadores, y desestimó otros presentados por cuatro concejales de oposición, quienes acusaron al jefe comunal de "notable abandono de deberes". Hay otros procesos pendientes en Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado.
La ministra de Educación afirmó por Twitter que el funcionario, hijo de Carlos Larraín, había explicitado sus intereses en el holding educacional Santo Tomás al entrar al ministerio en abril de 2018. Sin embargo, al solicitar esa información, el MIneduc optó por dilatar la respuesta al pedir a este medio solicitarla por Ley de Transparencia, lo que retarda en torno a un mes una eventual respuesta.
Entre 2015 y 2018 la subvención recibida por los 11 colegios dependientes del Arzobispado, a cargo del cuestionado Ricardo Ezzati, pasó de $6.400 millones al año a $11.600 millones anuales.
El nuevo jefe de la Dirección de Educación General del Mineduc, el cargo más poderoso después del de la ministra Cubillos, participa junto a sus hermanos y su madre en Inversiones LH Limitada, la que está ligada a ese grupo educacional.
Osvaldo Garay, contralor interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, detectó y quiso poner atajo a una serie de irregularidades administrativas al interior del plantel durante 2017. En marzo de 2018, la junta directiva de la universidad lo sacó abruptamente del cargo, utilizando como argumento una carta de Ennio Vivaldi, en su calidad de presidente del Consorcio de Universidades del Estado. A la fecha, Contraloría ha emitido informes que respaldan las precauciones de Garay, desoídas por el rector Jaime Espinosa.
"El problema esencial es que, tal como las aristocracias, las meritocracias también racionan los privilegios, esto es, que los beneficios y las oportunidades se otorgan solo a unas pocas personas. El hecho de que estas personas aparezcan como más aptas para dichos beneficios no mejora mucho el asunto, porque de todos modos se deja fuera a un volumen considerable de la población debajo de la mesa de la prosperidad".
Desde fines de septiembre, la titular de Educación ha enviado, desde un mail a su nombre, correos electrónicos a miles de profesores de todo el país. ¿El objetivo? Hacer lobby a favor de esa iniciativa legal.
