Las principales asociaciones presentaron su rechazo a la propuesta que los añade al capítulo de Paz, Orden y Seguridad Interior. Según comunicaron, Gendarmería es un servicio público que “nunca ha formado parte de las instituciones de orden y seguridad, no es una institución con carácter militarizado y su dependencia está radicada en el Ministerio de Justicia”.

A pesar del revuelo que causó la publicación de abultados gastos destinados al transporte de los parlamentarios, la crisis mediática no significó un cambio en su comportamiento. Los datos disponibles desde entonces muestran una baja en diciembre tras la publicación de diversos reportajes al respecto, pero todo volvió a la normalidad en enero.

La derecha concentra los mejores evaluados y quiénes más incrementan la evaluación positiva en esta versión de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, lo que incluye a los objetados ediles Rodolfo Carter (UDI - La Florida) y Germán Codina (RN - Puente Alto). Al otro lado de la vereda, rescatan los muebles políticos ajenos a la nueva generación de figuras que llegaron al poder con Gabriel Boric.

La Fiscalía Nacional nombró a la fiscal Tania Sironvalle a cargo de investigar todos los robos en reparticiones públicas, justo cuando Carabineros confirmó que el ladrón de computadores en el Ministerio de las Culturas fue el mismo de Desarrollo Social. 

Entre la Cámara de Diputados y el Senado se encuentran tres iniciativas que pretenden modificar la normativa actual para explicitar la contaminación por olores. Una de ellas ha sido considerada de suma urgencia por el Ejecutivo, en medio de un nuevo episodio reportado durante la semana pasada en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Invitado por la comisión que preside el consejero Edmundo Eluchans (UDI), el ex mandatario respaldó varias enmiendas del sector derechista en el Consejo, pero criticó las acusaciones constitucionales y las “mayorías ocasionales”, intentando mostrarse equilibrado en un centro desplazado a la derecha debido a la hegemonía republicana.

Los comunistas habían peleado por estar a la cabeza de la Cámara para la conmemoración de los 50 años del Golpe, pero la DC se impuso en las negociaciones poniendo a Ricardo Cifuentes en la presidencia. A cambio, el Partido Comunista consiguió dejar a Carmen Hertz en la vicepresidencia, y asegurar una inédita presidencia de la Cámara para el PC en el próximo turno según el acuerdo administrativo, en marzo de 2024.

Este año, tres anuncios en Chile dan esperanza a la conservación de sus ecosistemas. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el nacimiento del Santuario de la Naturaleza Valle de Cochamó y del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Mar de Pisagua, así como el nuevo Parque Nacional Desierto Florido protegerán cientos de especies de flora y fauna. Los detalles aquí.

Su distanciamiento del progresismo –se opone a las fronteras abiertas y reniega de la “política identitaria”– y una crítica descarnada a su partido, La Izquierda, llevaron a que le pidieran salir de la colectividad. Ahora podría formar su propio partido, complicando no sólo a su sector, sino también a una ultra-derecha alemana donde resuenan sus ideales.

Ninguno de los partidos en disputa logró la mayoría absoluta del parlamento, equivalente a 176 escaños, lo que obligará a ambos bandos a negociar. En esa negociación, a pesar de haber obtenido menos escaños, el PSOE liderado por Pedro Sánchez podría tener la ventaja con los partidos más pequeños de comunidades autónomas.

La disputa entre el PC y la DC para ocupar la próxima testera definirá si tiene vigencia el acuerdo administrativo, además del control de la tabla legislativa. También podría significar cambios en las comisiones y ampliación de la base de apoyo del Gobierno en el Congreso. Las reuniones esta última semana han sido numerosas y han involucrado a jefes de bancadas oficialistas y al ministro Álvaro Elizalde (Segpres).

A partir de adelantos respecto de la nueva legislación en la que los pescadores artesanales y los nuevos actores industriales verían facilitada su participación en la actividad, académicos analizaron los impactos que tendría en cuanto a puestos de trabajo en el sector.

El robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social puso a Jackson (RD) en la polémica debido al trasfondo del Caso Convenios. La rápida acción de Carabineros y Fiscalía que encontraron los equipos electrónicos, liberaron la presión sobre el ministro, pese a que la caja fuerte robada sigue sin encontrarse. Desde la Moneda blindaron a Jackson, afirmando que había respaldo de todo y trataron de infame una carta en que la UDI pedía la renuncia del ministro.  

Vecinos de Santiago Centro agrupados en el comité de vivienda 'Por un Santiago Multicolor' piden desde 2018 levantar un proyecto de más de 300 departamentos en un terreno cedido a la Armada en 1977 a un costado de la Quinta Normal, de propiedad de Bienes Nacionales. Desde esa cartera y desde Defensa les han indicado que la Armada hace "un buen uso" del terreno, donde sólo hay un helipuerto, cabañas y un quincho.

La exposición de Enrique Cordovez, autor de la Iniciativa Popular de Norma “reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años” generó polémica en el Consejo pues se interpretó como una norma en favor de los presos por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Más aún considerando que una enmienda de Republicanos apunta en el mismo sentido.

La Comisión de Sistema Político -presidida por Edmundo Eluchans (UDI)- planea escuchar a los cuatro ex Presidentes de la República desde la transición a la democracia. Piñera es el único que ha confirmado su asistencia para el lunes, y se espera la respuesta de Ricardo Lagos para el martes, quedando pendientes Frei y Bachelet.

Frente al ente contralor, se presentaron antecedentes correspondientes al megaproyecto Egaña Comunidad Sustentable de Inmobiliaria Fundamenta, advirtiendo las razones por las cuales el estudio necesario para obtener el permiso de edificación por parte del municipio estaría “incompleto y erróneo”.

La derecha concordó en disminuir los diputados de la Cámara, incluir un capítulo para las FF.AA. y asegurar al sector privado en educación, salud y pensiones. Republicanos anunció enmiendas para prohibir el aborto, causando molestia en el progresismo que solo tiene un 34% del Consejo.

La entidad presidida por el alcalde Carter desembolsó $1.064 millones en multas durante la gestión del ex secretario general de la corporación, Enrique Pérez; y otros $44 millones desde que asumió la actual administración de Janett Fernández. Desde Comudef afirman que se instruyó un sumario y que se están pagando impuestos al día.

La nómina de asesores del Consejo Constitucional es una larga lista de ex: funcionarios de los gobiernos de Boric y Piñera 2, asesores de la fracasada Convención e incluso, candidatos republicanos que perdieron en mayo. Todos ganan entre $1 y $2,5 millones. Aquí la lista completa.

Con la motivación de generar “una discusión técnica en torno a una cuestión que se muestra problemática desde el estallido social de 2019”, el abogado Daniel Soto -ex profesor de DD.HH. en Carabineros- pretende “establecer mecanismos que permitan distinguir con cierta nitidez jurídica, y práctica, en qué oportunidades el ‘palo policial’ está legitimado y amparado por la ley, y en qué otras se trata de violencia policial y constituye delito”.

El acuerdo administrativo para repartir la presidencia de la Cámara se alteró luego de la derrota del Apruebo en el plebiscito constitucional de salida, cuando Karol Cariola (PC) tuvo que ceder su turno al Partido Liberal. Siguiendo el orden, es el turno de la DC, pero el PC reclama la testera debido a la postergación y mira con buenos ojos presidir la Cámara durante la conmemoración de los 50 años del Golpe.

Iván Candell (PS) fue contratado en marzo para asesorar al gabinete del nuevo director nacional, Omar Morales (Radical). No obstante renunció el 5 de junio, aduciendo motivos familiares.

Revelando una crisis en Chile Vamos, diputados de Evópoli rechazaron la acusación levantada por la oposición en contra del ministro Marco Antonio Ávila, militante de RD, mismo partido que ha sido cuestionado por el Caso Fundaciones. El Gobierno consiguió alinear los votos de la DC, quienes pretenden la presidencia de la Cámara.

El director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Marcó, asistió a la comisión tras ausentarse en dos ocasiones. La sesión abordó el reciente hackeo, subasta y publicación de información secreta del Ejército en la dark web, además de una causa laboral de la Agencia y los atentados en Valparaíso y el sur del país.

Con la prohibición por 20 años de desarrollar minería en el estado donde se pretende emplazar el proyecto y el cuestionamiento a incluir el cobre dentro de la lista oficial de minerales críticos por el Servicio Geológico estadounidense, desde Antofagasta Plc -titulares de la iniciativa- han duplicado el gasto anual en lobby y se ha acercado a ambas bancadas políticas para destrabar la continuidad del plan.

Ninguna de las tres anteriores (Izkia Siches, Marcela Ríos y Giorgio Jackson) tuvo éxito. La acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, llega con informe negativo a la sala de la Cámara, donde el oficialismo podría hacerla naufragar en la cuestión previa.

La aprobación de una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy desató protestas que derivaron en una violenta represión. Las modificaciones en la norma buscan habilitar nuevas áreas para la megaminería y la explotación del litio en los salares del altiplano. Las nuevas medidas afectan especialmente a los más de 300 pueblos originarios, que se han convertido en protagonistas centrales de los reclamos.

Julio Marileo se adjudicó el proyecto de "inmersión lingüística" de Conadi, órgano dependiente de Desarrollo Social, donde su pareja, la ex convencional Rosa Catrileo, es una alta asesora. Durante el último año, Marileo se ha adjudicado proyectos de la corporación por $299.355.200.

Las diputadas Alejandra Placencia (PC), Carmen Hertz (PC) y el diputado Tomás Hirsch (AH), señalan que el oficio busca conocer las medidas administrativas y disciplinarias que se han adoptado para investigar y resolver los problemas tras el ciberataque. Además, indican preocupación pues el director de la ANI, Luis Marcó, se ha excusado de asistir a la Comisión de Inteligencia en dos ocasiones.