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Chats de Hermosilla revelaron cómo la magistrada del tribunal de alzada capitalino, Verónica Sabaj, operó para que el Pleno sancionara al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El caso quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte,
La historia incluye armas, un casino tragamonedas ilegal al amparo de un supuesto mall chino, un contacto de Whatsapp identificado como “segundo a cargo”; un celular brasileño, un hombre con acento mexicano y un paquete de ketamina que viajó por avión desde los Países Bajos.
En la indagatoria, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz ya consiguió autorización judicial para obtener información georeferencial, mensajería de texto, entre otros, de tres teléfonos móviles de distintas compañías nacionales. El caso refiere a un plagio ocurrido en Ecuador, donde los secuestradores pedían 1 millón de dólares por no matar a la víctima.
El organismo constató irregularidades en un informe reservado. Más de 1.200 visitas al machi Celestino Cordova, lo mismo con ex agentes de la dictadura. Pérdida de sumarios. Falta de allanamientos, drogas sin cadena de custodia y abogados que ingresaron un mismo día a cárceles de distintas regiones del país.
La decisión -de tono inusual- consta en la toma de razón del organismo fiscalizador. En ella se apuntó a que la titular del ISP, Fresia Ferreccio, mantiene sociedades privadas, recordando su deber de abstención y dedicación exclusiva al cargo. La profesional, en todo caso, ya delegó en la jefatura jurídica cualquier decisión que la afecte.
Javier González Valencia está ligado, según las autoridades colombianas, al "Clan de los Úsuga" , una asociación criminal con sede en Cali, compuesta por ex guerrilleros. En Chile fue detenido por un accidente de tránsito en Antofagasta, pero se describió que lideraba un grupo delictivo de 12 connacionales, dedicados al secuestro, el narco, entre otros delitos, en la misma región del Norte Grande.
La auditoría también estableció atrasos en la entrega de estupefacientes decomisados por las policías. El Servicio de Salud solo los recibe de lunes a viernes en horario hábil y no existen fondos en el presupuesto 2025 para ampliar la recepción los fines de semana, entre otras irregularidades.
En la presentación, la compañía asegura que desde hace dos años la cartera –dirigida por Juan Carlos Muñoz– se ha negado a cancelar la acreencia. Argumenta que intentaron convocar a una mesa de negociación establecida en la ley para la “resolución de controversias”, sin éxito. La Corte acogió a tramitación el amparo y ordenó a la secretaría de Estado evacuar un informe donde explique su conducta.
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
La ex Defensora Penal Pública logró que el titular del máximo tribunal, Ricardo Blanco, le otorgara de forma llamativa una audiencia que solo 48 horas después fue incluida en la agenda del jefe del Poder Judicial. Distintos abogados del foro reconocieron lo llamativo de la situación. Uno de ellos indicó que, a partir de ello, cualquier abogado lo puede “solicitar y que lo reciban”.
La reunión que se desarrolló este lunes por la mañana, permitió a Paula Vial que la Corte de San Miguel viera con preferencia un recurso de amparo. El encuentro que sostuvo el titular del Poder Judicial, Ricardo Blanco, no quedó en la agenda. La información fue confirmada en su totalidad por el máximo tribunal.
La información consta en el informe evacuado por la institución al recurso de protección interpuesto por la afectada en la Corte de Apelaciones de Santiago. La FACh argumentó que la mujer de carrera meteórica y altas calificaciones, no enfrentó discriminación. Sin embargo, aseguró que el acta de la junta de oficiales donde le rebajaron la nota sin expresión de causa tiene carácter secreto.
Mauricio Mazza enfrenta una sanción penal de 6 años, impuesta por un tribunal del crimen y confirmada por la Suprema el 7 de noviembre de 2023. De acuerdo a un informe de la PDI, viajó al país vecino al día siguiente para evitar la orden de detención. El sujeto blanqueó capitales al traficante Fabio Ochoa Vásquez, uno de los socios de Pablo Escobar.
La decisión fue adoptada por el fiscal oriente contra el crimen organizado, Miguel Ángel Orellana. La determinación es la resultante del informe de Contraloría revelado ayer por Interferencia que estableció el extravió de 179 ampollas del opioide y otras 79 de morfina en dependencias de la policía uniformada.
El organismo de control estableció la pérdida de 179 ampollas del opioide con que el crimen organizado transnacional produce millones de dólares a nivel mundial. Solo a modo de comparación, en dos recientes operaciones de la fiscalía, en Santiago, se incautaron 140 unidades de esta droga de alta adicción. Su consumo en Chile, de acuerdo al Ministerio Público, ha ido en aumento.
El director (s) Richard González, confirmó los hechos e indicó que la sustracción ocurrió en la Oficina de Planificación y Control de Gestión. Explicó que nunca había ocurrido una situación de estas características y que las cámaras de seguridad eran vigiladas tanto por el Ejército, a cargo de la seguridad perimetral y también por civiles al interior del recinto. Explicó que se inició un sumario administrativo y la denuncia a la fiscalía. También descartó un riesgo nuclear.
La Unidad de Crimen Organizado y Drogas detalla nuevas tendencias y agrega delitos como el robo de cajeros y autos a estas asociaciones delictivas. También destaca el alza de “delitos predatorios” como secuestros y extorsiones, mayormente ligados a extranjeros. Y un detalle, hoy el crimen organizado está en todo Chile.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
Una joven de Enseñanza Media asistió a un examen de salud y quien la atendió escuchó el relato y denunció. “Se siente intimidada”, porque su compañero usa frases de connotación sexual e intenta mirar bajo la falda de ella. La magistrada ordenó a la fiscalía llevar adelante una indagatoria, sin existir denuncia de los padres o el establecimiento.
El caso lo lleva la Fiscalía Oriente, y hasta ahora hay 6 imputados, pero el líder sería el venezolano Jeffrey Milian Gamez, quien recibió el dinero en una cuenta bancaria nacional del resto de sus cómplices. Un tribunal de garantía autorizó el alzamiento del secreto bancario de todos los mencionados, para seguir la ruta del dinero.
Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.
La acción legal ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y sustanciada por la Fiscalía Centro Norte, revela que bajo la responsabilidad del titular de la 42º Notaría de Santiago, se falsificaron cinco escrituras con las cuales distintos sujetos intentaron usurpar propiedades a sus legítimos dueños por cifras millonarias y la creación de una empresa falsa.
La decisión del organismo evaluador compuesto por miembros del alto mando, se produjo precisamente este año, cuando hizo pública su relación con su pareja del mismo sexo. La fórmula usada fue bajar su calificación en el ámbito del liderazgo, pese a que sus jefes directos a lo largo de sus 18 años de carrera siempre la catalogaron como una militar de comportamiento castrense y profesional “sobresaliente”.
El organismo publicó ayer en la red X que la crónica revelada por Interferencia dando cuenta de filtraciones y posibles afectaciones en los sistemas del reactor de La Reina y potencial riesgo de fuga de material radiológico, era “completamente falsa”. Sin embargo, este medio revela un informe interno donde sí se habla de riesgos eventuales en “la eléctrica” de la Sala de Control y un segundo edificio ante “un eventual accidente nuclear o radiológico”.
En el marco de una cautela de garantía en el Séptimo Juzgado del ramo, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz reveló el antecedente inédito. Todo en el marco de la legalidad de la diligencia que permitió incautar un tercer celular que manejaba el suspendido PS. Si bien se extraerán los datos, el magistrado Ponciano Sallés ordenó borrar los whatsapp con sus abogados y familiares.
Un miembro del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, explicó a Interferencia que desde enero se venía pidiendo impermeabilizar el recinto y las bases de licitación siguen pendientes. El director del organismo Luis Huerta confirmó el hecho e indicó que existen medidas de seguridad para evitar fugas de material.
La acción legal apunta al creador de Procultura, Alberto Larraín, y da cuenta de cinco convenios firmados por casi $405 millones entre 2021 y 2023. En un correo, Larraín aseguró que no podrán justificar el desarrollo de los proyectos y dejó en libertad de acción a la firma para que adopte las medidas que estime pertinentes.
La acción legal detalla al menos 20 productos que contienen elementos prohibidos por la autoridad sanitaria expresamente. Algunos provocan efectos anabólicos, depresión e incluso otros se venden como remedios en farmacias. El libelo ya está en manos del Ministerio Público.
La decisión del Pleno del tribunal de alzada capitalino, obedeció a que el informe evacuado por la magistrada, Carla Capello, no fue satisfactorio e incluso algunas explicaciones carecían de verosimilitud.
La biología humana produce varias composiciones genéticas que no calzan con un patrón binario de sexos; hombres y mujeres. Por eso, impedir competir a mujeres con ciertas variantes genéticas que naturalmente les permiten producir más testosterona, implica una discriminación tan absurda como sería descalificar a un basquetbolista por ser demasiado alto. Acá se explica por qué, desde una perspectiva genética.
