Cámara de Diputados
Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.
La Ley de Inteligencia vigente establece que la coordinación está a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien posteriormente informa al mandatario. En medio de la crisis sanitaria y con el estallido social en aparente pausa, el gobierno busca que la Cámara de Diputados despache lo antes posible esta iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en el Senado.
Además otros beneficios acordados entre el gobierno y las empresas de servicios han recibido críticas ciudadanas pues hay atascos en el trámite para acceder a ellos.
El martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.
A propósito de la renuncia de Susana Tonda a la dirección del Sename, INTERFERENCIA conversó con este congresista que lideró las primeras investigaciones en torno a las históricas vulneraciones de los derechos de los menores. El diputado acusa que la prioridad del gobierno es engrosar el negocio de las subvenciones a privados, lo que ha probado no servir.
Desde el miércoles 25 de marzo el gobierno dio prioridad a once proyectos de ley en la Cámara y 35 en el Senado. Solo dos de ellos se relacionan con la salud pública, mientras que la mayoría apunta a la agenda de seguridad. Todo esto en medio de llamados a la unidad nacional para enfrentar la pandemia.
Después de la marcha del 8M, en la cual la salida del presidente fue una de las consignas más presentes, la idea de adelantar el fin del gobierno comenzó a crecer con fuerza en distintos partidos políticos de la oposición, incluida la Democracia Cristiana. El mandatario tuvo que responder en los medios que no dejará el cargo, pero la duda es si esto depende de su voluntad o de los movimientos que puedan darse en Chile Vamos.
La iniciativa busca que el presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar “infraestructura crítica”, pero no existe claridad sobre qué significa este concepto, lo que se vuelve un argumento para rechazar la medida, pese a que pasó el trámite de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Si en un distrito los votos favorecen a dos hombres, uno de estos quedará fuera para que la mujer más votada integre el cupo. Esto con tal de asegurar una participación igualitaria de mujeres y hombres en una posible convención constituyente.
El presidente Sebastián Piñera alcanzó un mínimo histórico de aprobación de un 6%, mientras que la confianza de los encuestados en los partidos políticos y el Congreso también arrojó mínimos contundentes. La crisis es total, y ya surgen voces que piden adelanto de las elecciones generales.
El congresista integra comisiones en la Cámara relativas a la seguridad, mientras paralelamente tiene un negocio de guardias privados. El aludido asegura que se inhabilitaría en caso de tener que legislar un proyecto en que tenga conflicto de intereses.
El historiador habla sobre las posibilidades de que se constituya una Asamblea Constituyente auto-convocada por la propia ciudadanía, afirmando que la clase política -representada en el Congreso- ha tratado de usurpar la soberanía popular para defender sus propios intereses. Según él, la clase dirigente ha perdido la noción de la realidad.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que da inicio al cambio de Constitución , pero se rechazó la paridad de género, cupos para pueblos originarios e integración de independientes. Estas iniciativas aún pueden tomar aire en el Senado a través de un proyecto presentado por Renovación Nacional y Evópoli, que buscan imponer su versión de paridad.
"Creo que primó en algunos diputados que la sanción a Chadwick era ya suficiente en términos de responsabilidad política y que ésta no tenía que escalar al Presidente", afirma el académico experto en derechos humanos de la Universidad de Chile. Algo que considera que es un profundo error, pues no hay razones de justicia como para no haber iniciado el proceso de acusación constitucional contra el Presidente. Sin embargo, dice que para evitar la impunidad, la última palabra todavía la tienen los tribunales.
La oposición se cuadró para responsabilizar al ex ministro del Interior por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 18 y el 28 de octubre. Sin embargo, estos crímenes de lesa humanidad perpetrados por Carabineros continuaron varias semanas después de un modo muy similar durante el periodo de Gonzalo Blumel. Esto lleva a algunos a pensar que el Presidente Sebastián Piñera, quien enfrenta una acusación similar, también debería ser condenado.
La sensación en la víspera de la acusación constitucional es que el ex ministro tendrá que ser quién pague políticamente por las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la rebelión social. Sin embargo, llegar a los 22 votos que se necesitan para aprobar el libelo no parece tarea sencilla, pese a que la oposición cuenta con 24 senadores. De hecho ya hay dos que han hecho cosas favorables a Chadwick; su amigo José Miguel Insulza (PS) y Jorge Pizarro (con militancia DC suspendida). También hay razones para pensar que Sebastián Piñera no lo ha abandonado.
Tras la aprobación en general de la llamada “ley anti-saqueos”, un grupo de más de30 abogados, entre ellos varios relacionados a los derechos humanos, hizo llegar a INTERFERENCIA una carta en la que aseguran que se trata de una la legislación drástica que criminaliza los movimientos sociales.
En caso de aprobarla el Congreso, serán inmediatamente aplicables ciertos artículos de los códigos Penal y de Justicia Militar que ofrecen grados de impunidad bajo condiciones que determine el Presidente. Es una medida que ya los militares habían solicitado cuando el Gobierno estuvo a punto de volver a sacarlos a las calles el 13 de noviembre, tal como informó INTERFERENCIA.
La serie de subsidios que anunció el Presidente anoche, que no tocan en nada el modelo económico chileno que perpetúa la desigualdad, no generó entusiasmo en la clase media. ¿Le servirá a Piñera para apaciguar los ánimos?
El congresista de RN, cuestionado por usar dineros de la Cámara de Diputados en gastos personales y que está siendo investigado por presunto fraude al fisco, fue demandado por el Banco Security por un pagaré impago. Para sorpresa de la entidad, pagó toda su deuda en septiembre de este año.
El naufragio de la acusación constitucional contra la ministra de Educación en la Cámara de Diputados evidencia, una vez más, el desorden en las filas opositoras. La Moneda, en tanto, respira tranquila superando su mayor desafío político hasta ahora, pese a no ser mayoría en la cámara baja.
La ONG se encuentra en un proceso de expansión en Chile. Las prioridades a nivel local tienen relación con medio ambiente, salud, derechos humanos, derechos de los animales y educación. Según los registros, existen 150 campañas mensiales y una victoria por semana en el país.
La reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales acaba de pasar con éxito el primer filtro legislativo, y -dada su popularidad, según distintas mediciones de opinión- es difícil que la oposición se reste de la iniciativa en la Sala e incluso en el Senado. Ante ese escenario, al gobierno solo le quedarían las impopulares medidas de usar el Tribunal Constitucional o -en extremo- el veto presidencial.
La patada al profesional de ADN se dio en un contexto de tensión creciente en la comisión investigadora que ve la adquisición de tierras por parte del subsecretario del Interior, contraviniendo la Ley Indígena. Esto, pues García cuestionó la constitucionalidad de la propia comisión, lo que fue elevando los ánimos hasta llegar a ese punto.
Ni Admisión Justa ni el proyecto de reforma a las pensiones fueron aprobados en su idea de legislar por las comisiones de Educación y Trabajo de la Cámara de Diputados, respectivamente, en un día particularmente difícil para el ejecutivo.
Diputados del PPD, la DC y del PR le hicieron un gran favor al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al llegar atrasados a la constitución de la "Comisión Ubilla", aquella que debe indagar las compras que el subsecretario realizó en tierras mapuche cerca de Pucón, contraviniendo la Ley Indígena. Ahora, la presidencia de la comisión investigadora quedó en manos de un militante del mismo partido que Ubilla.
La acción se suma a la demanda interpuesta en su contra el fin de semana y a los cuestionamientos de consejeros de la Conadi ante la Contraloría. Pese a estar cercado en tres frentes, el gobierno y el afectado mantienen que todo está en orden.
INTERFERENCIA consultó a expertos de todo el espectro político dentro de las fuerzas que se oponen al gobierno, para sintetizar tres grandes críticas en torno a la efectividad de la propuesta en tanto su promesa de aumentar significativamente las pensiones: 1/ El reajuste al pilar solidario es insuficiente y discriminatorio, 2/ El seguro de longevidad perjudica a los pensionados más pobres y menos longevos y 3/ El subsidio a la clase media es poco y de baja cobertura. Acá los por qué de esas consideraciones.
En entrevista con INTERFERENCIA la ex subsecretaria de Previsión Social del segundo gobierno de Bachelet calificó la reforma de "discriminatoria". Además, comentó que la Ley que obliga a los trabajadores independientes a cotizar, solo beneficia a las isapres y las AFP, generando un impacto superficial en las pensiones de los trabajadores que comiencen a imponer desde este año.
El subsecretario del Interior no asistió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja, donde había sido invitado para aclarar la compra de cuatro parcelas que realizó en territorio mapuche. Se acordó volver a citarlo en la próxima sesión, en los primeros días de abril.
