Política
En medio de la crisis por el estallido social, el presidente Sebastián Piñera ha invocado en varias ocasiones a la unidad de la clase política. Lo hizo convocando a los jefes del Senado y la Cámara, para dar gala republicana a la medida de congelar el alza del pasaje del Metro; una medida que ya se había tomado, que llegó tarde y que es insuficiente. Y lo hizo después de anunciar su guerra contra el vandalismo, en la que aseguró que no hay espacio para la disidencia.
Con 89% de las actas escrutadas, el actual presidente boliviano alcanzaba un 45% de los votos, pero no estaba a diez puntos porcentuales de su más cercano contrincante, quien obtuvo 38%, lo que implicaría -en caso de mantenerse el resultado- que hay segunda vuelta en la que Mesa tiene una buena opción de superar a Morales. Sin embargo, la diferencia actual entre ambos podría ampliarse en favor del líder indígena con el conteo de los próximos días, pues falta el voto rural, por lo que no es descartable un triunfo suyo en primera vuelta.
El día comenzó con cacerolazos masivos y terminó con militares, en especial en Valparaíso, disparando en las calles.
Las manifestaciones también subieron de tono en el sector oriente de la capital, en comunas de voto duro para Piñera y Chile Vamos. En Las Condes se registraron barricadas y enfrentamientos con Carabineros, mientras que en Lo Barnechea los cacerolazos se extendieron hasta pasado el toque de queda, registrándose incluso barricadas incendiarias.
Luego de las masivas protestas registradas en Santiago, miles de manifestantes de otras ciudades comenzaron a mostrar su descontento desde el mediodía de este sábado. El alcance nacional de los primeros días de protesta revelan que el alza en las tarifas del Metro fue un mero gatillador de demandas mucho más profundas y transversales del país.
El primer toque de queda por motivos políticos desde el fin de la dictadura fue un intento del presidente Sebastián Piñera por controlar el descontento social, pero no ocurrió esto. Las personas salieron a manifestarse de igual forma, y al menos no les ganó el miedo. En Santiago incluso Carabineros se vio atemorizado en sus propias comisarías por la presión social.
Desde principios de los 80 que la capital no vivía jornadas de protesta de una intensidad como la vivida el 18 de octubre de 2019. Un recuerdo histórico que reverbera en la memoria: Diez protestas entre 1983 y 1984 que hicieron tambalear al general Augusto Pinochet.
El viernes 18 de octubre reinó el caos en Santiago, después de días de indolentes declaraciones de las autoridades de La Moneda. El gobierno perdió el control tras decidir resolver la crisis a través de una fuerte represión por parte de Carabineros. El ejecutivo aumentó su apuesta represiva al decretar la Ley de Seguridad del Estado por parte de Andrés Chadwick, y luego, al invocar el Estado de Emergencia, por parte de Sebastián Piñera.
Para sorpresa de La Moneda, las protestas se extendieron incluso al sector oriente de Santiago.
El secretario de Estado se mueve entre tensiones con la industria de pequeños generadores, el gremio distribuidor y parlamentarios de oposición que han evaluado una interpelación en su contra por el continuo aumento en las cuentas de electricidad. A ello se suma la discusión sobre la ley corta de distribución eléctrica, donde está enfrentado a senadores que esperan resolver una ley intermedia, preocupados porque la discusión abarque otros temas no considerados.
Claudio Valenzuela Chadwick era gerente interino de desarrollo competitivo de la Corfo, cargo por el que se llamó a un concurso que se declaró desierto, en el que participó el funcionario sin ser electo. Permaneció como subrogante y, cinco meses después, se abrió otro proceso para el mismo puesto, renombrado como gerencia de redes y competitividad. Valenzuela postuló de nuevo, y Sebastián Sichel lo eligió.
La alcaldesa de Maipú realizaba hasta hace poco un programa de TV en dependiencias de la sanitaria comunal, afectando el normal funcionamiento del servicio. La infracción puede significar al municipio una multa de hasta 60 millones de pesos.
El organismo aseguró en un comunicado enviado a este medio que no compran baterías nuevas por un tema medio ambiental. Sin embargo, este año compraron 100 baterías a una empresa para reacondicionar otros notebooks. El funcionario que hizo las denuncias originales explicó que las baterías defectuosas suelen ser enviadas a empresas que gestionan materiales tóxicos, lo que no ocurrió en este caso.
En febrero Corfo publicó un concurso público para ocupar el cargo Director(a) Ejecutivo Comité de Desarrollo y Fomento Indígena al cual postularon 298 personas, pero se declaró desierto. Seis meses después, Javier Muñoz González -asesor del ex ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y socio de Juan Pablo Longueira Brinkmann- fue nombrado en el cargo, sin concursos y con escasa experiencia. Es el mismo modus operandi que ya había empleado Sebastián Sichel para rodearse en Corfo de sus cercanos.
El funcionario encargado de distribuir estos equipos reveló los hechos a INTERFERENCIA, señalando que el director ejecutivo de la fundación Chilenter tenía conocimiento de los defectos de estos notebooks, pero por cumplir con las fechas establecidas con el Mineduc, se enviaron de todas formas.
El legislador del PC Hugo Gutiérrez pidió al órgano fiscalizador que se pronuncie sobre la legalidad que existió cuando la concejala Francisca Cruzat –actual directora de asuntos internacionales de Corfo– aprobó en 2018 el presupuesto de la comuna que incluía recursos para la empresa Instagis, donde ella trabajaba entonces.
Por medio de un decreto, el Gobierno desestimó las objeciones y propuestas de los pequeños y medios generadores de energía que se oponían a la modificación del precio estabilizado que sirve de referencia para la inversión en el sector. Finalmente se les impuso un esquema que los castiga y que les da tiempo a los grandes productores para desarrollar tecnologías asociadas.
Dos dictámenes judiciales consideran inválida la decisión de la Municipalidad de aprobar los permisos de edificación de los guetos verticales, y la obliga a repetir dichos procesos. Estos, además, deben considerar -esta vez- mecanismos de participación ciudadana, lo que incluyen como actores válidos a opositores, tales como Defendamos la Ciudad o Agrupación Defensa de Barrios de Estación Central.
El enfrentamiento entre los ministros Haroldo Brito, actual presidente de la corte, y Sergio Muñoz, ex presidente de la misma, ha sido un secreto a voces dentro del máximo tribunal, acentuado por la reciente polémica en torno al cara a cara con el Tribunal Constitucional. Sin embargo, a veces se cuidan las espaldas, como sucedió esta semana cuando ambos se alinearon para que la causa disciplinaria en contra de Dobra Lusic, ministra de la Corte de Apelaciones, fuese a puertas cerradas.
Según una minuta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SMAPA prácticamente no tendrá avances en su Plan de Desarrollo 2019, al igual que en 2018, mientras que en 2017 este fue solo de 5%. Esto, pese a los $37.500 millones recaudados a través de las cuentas de agua, dinero destinado a dar cumplimiento a dicho plan.
El congresista de RN, cuestionado por usar dineros de la Cámara de Diputados en gastos personales y que está siendo investigado por presunto fraude al fisco, fue demandado por el Banco Security por un pagaré impago. Para sorpresa de la entidad, pagó toda su deuda en septiembre de este año.
El proyecto minero-portuario Dominga tendrá audiencia el jueves de la próxima semana, donde se escucharán los alegatos de las partes en la Reclamación de Andes Iron-empresa encabezada por Carlos Choclo Délano- contra el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. Esto -tal como adeleantó INTERFERENCIA- tras el fallo de la Corte Suprema que retrotrajo todo el proceso hasta este punto.
Luego del reportaje de INTERFERENCIA en que se mostraban varios patrones de acoso laboral e incluso abuso sexual por parte del Círculo de Hierro del jefe comunal de Valparaíso, la colectividad política entró en un estado de crisis, con renuncias de militantes, acusaciones de operaciones políticas, comunicados divergentes y llamados a reunión. Los diputados de la colectividad, Gabriel Boric y Gonzalo Winter, expresaron su preocupación a este diario.
Diputado Hugo Gutiérrez pretende llevar el caso de la empresa de big data –que asesoró a Chile Vamos en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias–a la Contraloría y al Ministerio Público. La punta de lanza es Francisca Cruzat, concejala por Vitacura, quien aprobó el presupuesto comunal 2018 que incluía la contratación de servicios a esa firma tecnológica, y no se inhabilitó siendo que trabajaba en Instagis. Ello sería sólo la punta de un inmenso iceberg.
Un puñado de asesores del alcalde de Valparaíso -que comparten militancia en Convergencia Social- se han tomado la conducción política del Municipio más relevante del Frente Amplio. Junto con el poder, este Círculo de Hierro también se ha tomado la libertad de desplegar un estilo de gestión abusivo, que ha implicado varias denuncias internas y más de 50 demandas laborales contra el Municipio por parte de sus funcionarios.
El escándalo por créditos y deudas impagas que involucra a la ex familia presidencial tomó un nuevo giro, algo que INTERFERENCIA adelantó hace casi dos meses.
La joven mapuche con solo 18 años debió tomar un rol protagónico en la defensa de su padre, el lonko Alberto Curamil. No se sentía preparada para vivir su ausencia, la que la ha golpeado a ella y su familia con la pena y la rabia que producen la injusticia. Pero es lo que le tocó y dice que va a seguir la lucha por la libertad de quien ha defendido a su comunidad de las forestales y las hidroeléctricas. Aquí su historia.
INTERFERENCIA accedió a documentación donde el escritor figura en una lista de personas que fueron trasladadas desde la CNI a la DINE con el retorno de la democracia en 1990, y también a una carta donde Parvex pide al Ejército no revelar su hoja de vida. Ayer, un proyecto de Canal 13 basado en su libro bestseller obtuvo un financiamiento de más de 350 millones de pesos.
INTERFERENCIA tuvo acceso al borrador del informe de la Cámara de Diputados, el cual obliga al Ministerio Público a investigar los antecedentes referidos a la producción del informe de la Conadi que en plazo récord dijo que las tierras de Ubilla no eran indígenas.
El nuevo cupo en el máximo tribunal corresponde -según el tradicional acuerdo binominal- a la oposición. Llanos, un juez cercano al actual presidente de la Suprema, Haroldo Brito, tendría los suficientes votos de la ex Nueva Mayoría, por lo que La Moneda propondría su nombre.
