Carabineros de Chile
Dos de los heridos tienen diagnóstico de pérdida de visión en uno de sus ojos, lo que no alcanzó a suceder con la reportera gráfica Nicole Kramm, pese al trauma ocular causado por Carabineros. Kramm también fue herida en Venezuela en febrero de 2019, cuando se intentó la intervención desde Cúcuta y la atropellaron dos uniformados venezolanos desertores.
Hasta 1.400 Carabineros de Fuerzas Especiales se esperan para esta noche en la rebautizada Plaza de la Dignidad, con el fin de impedir que miles de personas se reúnan ahí para recibir el 2020. La Intendencia de Santiago insiste en que este operativo depende de la policía uniformada y no de las autoridades civiles.
La Conadi les reconoció la devolución de 1.000 hectáreas, pero ha sido imposible ejercer ese derecho sobre la tierra ancestral del Fundo Santa Filomena, arrendado por el empresario José Emilio Chahín, hermano de Fuad Chahín, presidente de la DC, cuya dueña es María Luisa Lyon, quien tiene acciones en CMPC y está casada con el fundador de la UDP.
La jubilación es uno de los problemas que motivan las protestas en Chile. Hace dos días el Tribunal Constitucional rechazó que dos mujeres pudieran retirar sus fondos de las AFP, noticia que choca con la realidad de las pensiones de Carabineros.
El médico, quien también es docente de la Universidad de Valparaíso, realizó un informe que fue citado en el informe de la misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Sus resultados muestran un realidad preocupante.
Muchos policías ignoran que también ellos se exponen a graves secuelas de salud por la exposición permanente a los gases que lanzan a los manifestantes.
Desde que la joven de 15 años fue derivada la noche del miércoles a ese recinto privado, no existe actualización sobre su estado de salud. En la ex Posta Central, el director del hospital habría informado a los funcionarios que el cambio se debió a “razones políticas”, y que se produjo por petición del Ministerio de Salud.
El martes 5 de noviembre el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó que Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres deben permanecer recluidos en centros del Sename acusados del delito de incendio por hechos ocurridos en el frontis de la Municipalidad de Buin. Pero las pruebas en contra de ellos no son convincentes.
Los altos mandos de las fuerzas policiales han relativizado las violaciones a los derechos humanos, exculpando a sus efectivos. Eso contribuye al malestar de una parte importante de la población que ve en ellos un problema más que una solución.
La víctima corresponde a un trabajador del sector de 51 años, quien fue detenido ilegalmente mientras iba rumbo a su hogar en las cercanías de Parque Forestal y Barrio Lastarria. Allí dice haber sido detenido por tres uniformados, obligado a subir a una patrulla policial, donde fue golpeado, inmovilizado y violado por un carabinero. El INDH presentará una querella por este caso.
Mario Acuña Martínez se manifestaba pacíficamente en su comuna hasta que fue atacado por tres uniformados. Hasta hoy permanece internado producto de las lesiones que sufrió en el cráneo. Los médicos afirman que en el escenario más optimista, la víctima quedará en estado vegetal.
El nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli) -más allá del cambio de tono- mantiene la estrategia de fuerte represión en contra de los manifestantes, pero sin poder resguardar la integridad de la policía.
El promedio de heridos hasta el lunes 4 de noviembre -160 lesionados oculares de gravedad en 18 días de manifestaciones- es notoriamente superior respecto de cualquier otro conflicto en 2019, incluidas las protestas de Hong Kong -donde el estallido ocular es todo un ícono-, la zona del conflicto israelí-palestino, las protestas de los chalecos amarillos de Francia o las del separatismo catalán. Un panorama muy distinto al presentado por el general director de Carabineros a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Documentos filtrados muestran la preocupación de Carabineros por potenciales desórdenes relacionados a la muerte de Camilo Catrillanca y la desaparición de José Huenante.
En el marco de la masiva filtración de archivos de Carabineros, INTERFERENCIA dio con una orden de la entidad donde se establece una vigilancia especial para la residencia de la hija mayor del Presidente mientras esta se encontraba fuera del país. Del 31 de agosto al 12 de septiembre de este año, efectivos policiales acudieron 6 veces por día a la casa de Magdalena Piñera Morel ubicada en Vitacura.
Quienes atienden a heridos en medio de las protestas, recibieron impactos directos de agua del guanaco e incluso una bala de goma. En tanto, en la Posta Central de Santiago, el director del recinto ordenó cerrar la entrada de urgencias con una cadena y prohibir la entrada a la prensa y organismos de Derechos Humanos.
Para sorpresa de La Moneda, las protestas se extendieron incluso al sector oriente de Santiago.
Una investigación de una agencia estatal muestra que el fisco ha gastado millones de pesos cada mes para proveer de combustible a los autos fiscales asignados a los ex jefes de la policía uniformada.
El miércoles 26 de junio en las afueras de la cárcel de Angol cerca de 300 mapuche se reunieron para celebrar junto a ocho presos, el We Tripantu, o la nueva salida del sol. Pero Gendarmería no permitió la celebración y todo terminó con actos de represión policial.
INTERFERENCIA conversó con Marcelo Catrillanca tras el término de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El padre de Camilo cuenta cómo pasó de un bajo perfil a un rol protagónico buscando verdad y justicia para su hijo.
En 2011 José Morales fue alertado de un millonario lavado de activos en Carabineros. Ordenó seis diligencias acotadas y prohibió que se hiciera cualquier otra. El trabajo se lo encargó a la Dipolcar, entonces dirigida por Bruno Villalobos. Los uniformados dijeron que no había irregularidades y el persecutor archivó la causa. Ahora, un formalizado en el caso PacoGate presentará una querella en contra del fiscal.
José Queipul -comunero de Temucuicui- recibió un disparo de Carabineros en la pierna y actualmente está hospitalizado. Los policías dejaron la cámara GoPro en la guantera y el mapuche está en prisión preventiva después de la querella presentada por el abogado del gobierno, Reinaldo Osorio, quien ha sido cuestionado por también ejercer para la Corte de Apelaciones de Temuco, en un claro conflicto de intereses.
Vinculado a la Operación Huracán, al millonario fraude “Pacogate” y a la muerte de un estudiante durante la dictadura, el ex general director de Carabineros -muy cercano a Michelle Bachelet y también a su poderoso subsecretario Mahmud Aleuy- sigue con su situación judicial en calma.
El 34º Juzgado del Crimen de Santiago acogió una querella presentada por Nelson Valenzuela, uno de los formalizados en la causa que lidera el Ministerio Público, en la que denuncia que cinco ex generales directores de Carabineros aprobaron un desfalco de $ 16 mil millones.
Este fin de semana el subsecretario del Interior visitó la comunidad Mariano Millahual, donde tiene su casa de veraneo. Su presencia tensionó a los comuneros. Unos días antes, el werkén de esa comunidad, Carlos Quiñenao, fue detenido en un operativo policial en Temuco.
Homicidios calificado y frustrado de Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana.
En 2017 el ex General Director entregó $21,5 millones de sus gastos reservados para adquirir el programa que permite manipular información de un teléfono sin dejar rastro. En su última rendición a Contraloría, Villalobos no entregó los detalles que exige la ley y el Contralor rechazó su rendición.
Los abogados de uno de los mayores (r) formalizados en el PacoGate, recurrieron a esta acción judicial para que se investigue esta millonaria arista que el Ministerio Público se negó a incluir dentro de la causa.
El diputado Leonardo Soto y presidente de la última comisión investigadora del caso, conversó con INTERFERENCIA a propósito de la entrevista realizada a un mayor de Carabineros preso por el Paco Gate, quien acusa que el devenir del juicio está exculpando a los peces gordos.
Carabineros ha pagado miles de millones de pesos -muchas veces en exceso e incluso de manera ilegal- a más de un millar de funcionarios y ex funcionarios civiles de la institución. ¿El truco? Una oscura ley de 1988 que homologa sueldos y beneficios entre personal civil y uniformado. Muchos de los favorecidos son familiares de miembros del Alto Mando.
