Política
Tras la denuncia de abusos y desprolijidades en el Departamento de Extranjería y Migraciones por parte de extrabajadores, tres diputados opositores, que pertenecen a la Comisión Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, compartieron con INTERFERENCIA sus críticas al cuestionado programa que, la fecha, ha devuelto a Haití a más de 800 ciudadanos de ese país que vivían en Chile.
De los seis jefes castrenses que Chile ha tenido desde la recuperación de la democracia en 1989, cuatro de ellos han enfrentado juicios por corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Trabajadores extranjeros que fueron contratados para analizar cada postulación a este programa del Ministerio del Interior, acusan serias falencias y abusos laborales que terminaron por hacer sumamente desprolijo este proceso. Dicen que ha sido hecho a la rápida, e incluso se les evaluó por la mayor cantidad de haitianos que terminaron yéndose del país, sin que en ello siempre se haya dado cumplimiento cabal a los trámites mínimos.
Aunque la crisis se acentúa en Venezuela, con una parte de la población que ruega por mover al oficialismo del poder, hay algo que permanecerá: los seguidores de Hugo Chávez, el ex presidente que comenzó la llamada Revolución Boliviariana, quien en el menor de los casos despierta la adhesión de uno de cada tres venezolanos.
Víctor Hugo Lagos, del área jurídica de esta entidad que ha llevado la defensa de la migración, ha estado recibiendo las inquietudes de haitianos que se están arrepintiendo de volver a su país dada la grave crisis que allá se vive. Esto, en instancias en que en Extranjería del Ministerio de Interior no está dando respuestas frente al cambio de situación.
INTERFERENCIA accedió al documento que a fines del gobierno de Michelle Bachelet concedía 309,5 mil hectáreas al parque y que no fue considerado por Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales. Según Nivia Palma, la ex titular de la cartera, el asunto de fondo siempre fue la entrega o no de territorio para una minera australiana.
Agentes de inteligencia de la dictadura de Pinochet penetraron una mansión en Santo Domingo a la cual asistía semanalmente el ex mandatario acompañado de Raúl Troncoso.
El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del lonko de la comunidad de Cushamen, ubicada en Argentina. Los abogados estudian recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La acción judicial afirma que el almirante Julio Leiva Molina ha tolerado y financiado con gastos reservados una serie de seguimientos, amenazas, intercepción de llamadas telefónicas e intentos de infiltración en tribunales, cometidos por funcionarios de la Armada para amedentrar al magistrado Jaime Arancibia Pinto, quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de DD.HH. investigadas en el país.
A pocos minutos de que el contraalmirante Carlos Huber anunciara la medida, recibió un llamado indignado del ministro de Defensa, Alberto Espina. "No habrá toque de queda", le espetó.
Carabineros ha pagado miles de millones de pesos -muchas veces en exceso e incluso de manera ilegal- a más de un millar de funcionarios y ex funcionarios civiles de la institución. ¿El truco? Una oscura ley de 1988 que homologa sueldos y beneficios entre personal civil y uniformado. Muchos de los favorecidos son familiares de miembros del Alto Mando.
Sanciones penales a quienes ocasionen un daño ambiental, un rol protagónico a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la persecución de estos delitos y responsabilidad penal de las personas jurídicas, fueron los puntos estrella del proyecto de ley. Sin embargo, el texto de la ley no cumple lo prometido por las autoridades y lo engorroso de los procedimientos podría anular las sanciones.
Una investigación publicada por El Dínamo reveló cómo el mandatario solicitó y obtuvo más de 800m2 de playa para uso personal en 2011, en el Lago Caburgua.
El 24 de enero la Contraloría emitió un informe que señala varias irregularidades en la organización de la feria que organizó el Gobierno Regional del Bío Bío en China ese año. La empresa Asia Reps se vio particularmente beneficiada al adjudicarse más del 70% del presupuesto total.
A fines de 1981 un amplio arco opositor se preparaba para un gran paro nacional que pondría en grave riesgo a la dictadura.
Tras confirmarse que el expresidente fue asesinado, INTERFERENCIA realizó un recorrido por la prensa de la época en que se cometió el magnicidio, el que da cuenta de un total apego a la versión oficial entregada por la Clínica Santa María, sin ningún asomo de duda ni mayor afán por investigar lo sucedido.
La ministra de Educación afirmó por Twitter que el funcionario, hijo de Carlos Larraín, había explicitado sus intereses en el holding educacional Santo Tomás al entrar al ministerio en abril de 2018. Sin embargo, al solicitar esa información, el MIneduc optó por dilatar la respuesta al pedir a este medio solicitarla por Ley de Transparencia, lo que retarda en torno a un mes una eventual respuesta.
Los columnistas de La Tercera, Ascanio Cavallo, y de El Mercurio, Carlos Peña, cuestionaron la sentencia del juez Alejandro Madrid, desatando una ola de críticas y elogios. Ambos ponen en duda el estándar probatorio del magistrado. Pero varios abogados expertos aseguran que sus dudas son 'livianas'.
La Corte de Apelaciones de Temuco revisará la avanzada judicial que busca dejar sin efectos las medidas impulsadas por el ministro Alfredo Moreno, bajo el fundamento de que el gobierno no realizó la consulta indígena que considera el Convenio 169 de la OIT.
Francisco Zúñiga, uno de los integrantes del equipo técnico de la oposición que analiza esta posibilidad, está preocupado de que esta medida cumpla “fines políticos”. El abogado asesora a la Superintendencia de Bancos e integra un grupo de académicos que asesora al actual gobierno en posibles modificaciones al Tribunal Constitucional.
El fallo condenó a un empleado civil de la CNI, al chofer del ex presidente y a cuatro médicos por sus responsabilidades en el homicidio de Frei Montalva, que murió el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María. INTERFERENCIA reconstruye los sucesos de esa época.
La defensa del dirigente mapuche más conocido de Argentina, que hoy cumple presidio en Valdivia, solicitó al máximo tribunal la anulación de la condena decretada en diciembre, acusando inconsistencias en las pruebas y la filtración ilegal de información de organismos de inteligencia a la fiscalía.
El ministerio manifestó que estaba zanjado el conflicto entre CEMA Chile y el Estado, pero existen al menos 105 inmuebles que fueron traspasados desde el fisco a la fundación, y que fueron vendidos por el organismo encabezado por Lucía Hiriart, pero cuyos montos no fueron devueltos.
La comunidad Hitorangi cruzó con cadenas y neumáticos el acceso al hotel, el que está construido en lo que consideran tierras ceremoniales que fueron ilegítimamente vendidas a empresarios turísticos en los 80’. El movimiento coincide con la llegada del ministro Felipe Ward de Bienes Nacionales a la isla y recuerda al alzamiento de 2010, en el que uno de sus emblemas fue la recuperación de Apina Nui, como se le conoce a dichas tierras.
En unos comicios con muy baja participación, Catalina Pérez, cercana al fundador de ese partido, fue electa como presidenta del conglomerado ancla del Frente Amplio. ¿Qué significa eso para el futuro de la oposición?
Pese a que los antecedentes son contundentes para establecer responsabilidades de la administración de ENAP entre 2014 y 2018 en irregularidades que contribuyeron a engrosar la deuda de la petrolera estatal en US $ 5.100 millones, la Comisión Investigadora de la Cámara no los consideró en su informe, en una operación de salvataje protagonizada por Jaime Tohá (PS) y Juan Antonio Coloma (UDI).
Se trata de un anticipo de la segunda cuota que recibe la corporación cultural del gremio por parte de la Dirección Económica de la Cancillería para organizar el evento. Las quejas presentadas en su momento por congresistas de oposición carecieron de efecto.
El fallido golpe diplomático en contra del régimen de Nicolás Maduro deja, una vez más, a Chile como un actor secundario y títere geopolítico en los asuntos de la región.
El actual dirigente del sindicato Caleta de Puertecito de San Antonio, Cosme Caracciolo, celebra la no inclusión de la pesca con cerco en la Ley de la Jibia como un triunfo tanto para el gremio artesanal como para el medioambiente. "Lo más importante de esto es que se demuestra que si la gente se organiza en función de una postura en común, le podemos doblar la mano a quien sea", asegura.
Industriales pesqueros no podrán explotar el recurso marino.
