Carabineros
La clase política y el pueblo están desconectados, y entremedio hay un vacío en esta crisis. Distintos barrios de la capital se están organizando para atender sus propias demandas, operando en sus territorios y desplegando medidas de seguridad y conversaciones para definir cómo quieren seguir.
Durante la segunda noche de toque de queda en distintas ciudades de Chile, el mandatario radicalizó su discurso y aseguro que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”. En paralelo, el control militar ya ha dejado al menos un muerto, además de múltiples heridos, incluidos niños.
El primer toque de queda por motivos políticos desde el fin de la dictadura fue un intento del presidente Sebastián Piñera por controlar el descontento social, pero no ocurrió esto. Las personas salieron a manifestarse de igual forma, y al menos no les ganó el miedo. En Santiago incluso Carabineros se vio atemorizado en sus propias comisarías por la presión social.
Un decreto dictado por el jefe comunal fue postergado por un recurso de protección hasta comienzos de octubre. Ad portas de la finalización de ese plazo, la intranquilidad ronda en los pobladores del cerro, que rechazan reubicarse en viviendas sociales fuera de la comuna. La defensa de los vecinos indica que el desalojo es ilegal, ya que el decreto excede las competencias de la alcaldía.
La empresa Upgrade se fue en contra del Hospital de Carabineros por una frustrada licitación. A pesar de que los principales querellados son dos generales –uno en retiro y otro activo–, la acción esconde un conflicto entre esta firma y Deloitte, otro proveedor tecnológico del Estado, que habría sido contactado para auditar los servicios de su competidor.
La inteligencia policial no está preparada, casi no existen controles en la comercialización de insumos y falta una legislación moderna y coherente. Esas parecen ser las principales trabas que impiden el control y la prevención de ataques como el del jueves pasado.
La coordinación logística y el complejo sistema de activación de los explosivos, llamaron la atención de los investigadores y expertos en la materia. Al cierre de esta edición, ninguna organización se había atribuido el ataque. Un experto criminalístico consultado por INTERFERENCIA, cree que esta acción estaría iniciando el llamado agosto negro, por parte de organizaciones anarquistas internacionales.
Según un reportaje de El Mostrador, la tajada más grande de la torta presupuestaria se la llevan los ex uniformados. Cerca del 5% del presupuesto nacional está destinado a pagar las pensiones en las Fuerzas Armadas y Carabineros, superando incluso la inversión que el país hace al pilar solidario para jubilados por AFP.
Sergio Moya realizó asesorías a los carabineros involucrados en el montaje de la Operación Huracán, lo que llevó a su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias, a abrir un sumario. Hasta ese momento, ambos eran casi amigos.
Pese a estar resguardados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, un grupo de familias, que vive hace más de 60 años en la zona, fue expulsado en un violento operativo policial ejecutado por más de 80 efectivos de fuerzas especiales de Carabineros, que dejó numerosos heridos y detenidos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al fiscal regional de Los Ríos, Juan Meléndez, con el objetivo de esclarecer los hechos que produjeron la muerte del presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan, Marcelo Vega, y de su acompañante en el vehículo siniestrado, Jorge Hualme, cuyo cuerpo fue encontrado el martes en una caleta cercana a la zona.
El general (r) Christian Franzani le informó al subsecretario del Interior y al ex general director Hermes Soto –apenas ocurridos los hechos– que Camilo Catrillanca no llevaba armas. Aun así, Ubilla instruyó momentos después de que se diera a conocer la falsa versión de muerte en enfrentamiento.
Esta asignación fiscal, que incluía chofer, bencina, pago de tag y mantención, estaba vigente en las Fuerzas Armadas y de Orden Público hasta comienzos de este año. Actualmente sólo permanecería en Carabineros.
La divulgación de las imágenes del asesinato de Catrillanca dejó en evidencia que, o bien el ministro del Interior y el jefe policial fueron engañados por subalternos, o derechamente mintieron a la ciudadanía. La actual crisis generada por la negativa de Hermes Soto a renunciar es sólo el coletazo.
Este jueves 20 de diciembre el máximo tribunal se pronunciará respecto de los recursos de nulidad presentados por las defensas de los condenados por la muerte de Eduardo Lara Tapia, que falleció asfixiado en dependencias del Concejo Municipal de Valparaíso, inmueble incendiado durante las protestas realizadas mientras se desarrollaba el discurso presidencial.
Los 4.926 controles preventivos de identidad realizados por la policía uniformada en la comuna de Conchalí contrastan con los 947 llevados a cabo en Vitacura durante septiembre de este año, según información entregada por Carabineros a INTERFERENCIA, en virtud con Ley de Transparencia.
Fue edecán del actual ministro del Interior cuando este ejercía el mismo cargo en 2013 y este año ha sido ascendido dos veces a consecuencia de la Operación Huracán. Al interior de Carabineros se especula que Haarmann, actual director nacional de Personal de la institución, es uno de los cinco nombres que suenan para el cargo máximo.
Los policías que, desde el aire, supervisaron el operativo que terminó con el asesinato del comunero, entregaron a la fiscalía testimonios contradictorios y, en algunos casos, derechamente falsos. Así lo indican documentos obtenidos por INTERFERENCIA.
Si bien el Presidente de la República tiene la facultad de pasarlos a retiro desde 2005, esto nunca se ha aplicado y siempre se llega a la "renuncia voluntaria" cuando estalla una crisis. Tras el asesinato de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla, la tónica ha sido la misma.
Varias comunidades se reunirán el próximo sábado en un Trawün en Temucuicui para tomar definiciones tras la muerte del comunero. La CAM se restaría de ese encuentro.
En la mañana del martes la prensa informaba que Walter Rain fue asesinado mientras defendía una iglesia evangélica de unos comuneros mapuche que intentaban quemarla. La información llegó a los medios a través de un chat que mantienen funcionarios de la institución con periodistas de distintos medios. Pero era falsa.
La primera información entregada por la policía responsabilizó del crimen a mapuche de la comunidad de Pedro Painén y a un supuesto intento de quemar una iglesia evangélica. Pero familiares de la víctima aseguraron a INTERFERENCIA que se trata de un ajuste de cuentas entre vecinos.
En respuesta a una solicitud de INTERFERENCIA sobre el total de controles preventivos de identidad efectuados en diversas comunas de la Región Metropolitana, la institución policial explicó que “no se dispone de los antecedentes necesarios para generar la información requerida”.
Siempre se habló que el jefe de Carabineros estaba de “visita oficial” en Panamá. Pero un testimonio de un asesor del entonces presidente Martín Torrijos arroja dudas. Carabineros indicó a Interferencia que incineró toda la documentación acerca de ese viaje mortal.
