Política
Pese a la mayor crisis política en décadas, el mandatario no ha cambiado a nadie de su gabinete, mientras que la ciudadanía se prepara para la que podría ser la mayor manifestación en años hoy viernes.
Conspiraciones de grupos organizados para vandalizar el país con apoyo venezolano, comunas de alcaldes de izquierda protegidas de saqueos y la sospechosa filtración del audio de Cecilia Morel que reforzó la tesis belicista del gobierno. Aquí los datos y circunstancias de estas posibles campañas orquestadas de intoxicación informativa contra la movilización, tal como ocurrió durante la elección presidencial de 2017 en la que se impuso el concepto Chilezuela.
También el mundo político pasó por alto sus anuncios y se enfrascó en peleas ideológicas. Recién el miércoles 23 de octubre comenzaron a surgir en la oposición voces criticando la fuerte represión, las que se asemejan en víctimas y duración a las más crudas protestas de 1983. Los gestos de unidad ‘institucional’ de los días anteriores quedaron atrás.
La madrugada del miércoles se difundió un supuesto caso de tortura al interior de la Estación de Metro Baquedano, donde opera la 60° Comisaría de Carabineros. Durante el día, distintos medios dieron a entender que la denuncia sería falsa. INTERFERENCIA conversó con el juez Daniel Urrutia -a cargo de levantar la evidencia del procedimiento investigativo inicial-, quien entregó antecedentes que permiten pensar que dentro de la estación de Metro sí pudo haber tortura.
Los feriantes que van a comprar al principal mayorista de frutas y verduras del país no pueden circular libremente por la ciudad durante el toque de queda. Es decir, deben comprar cuando en teoría ya deberían estar instalándose en la feria. Además, según información obtenida por INTERFERENCIA, ninguna autoridad gubernamental ha llamado a los ejecutivos del terminal para obtener información del abastecimiento, a pesar de que públicamente acusaron la intención de "causarle un grave daño a la cadena alimenticia".
La serie de subsidios que anunció el Presidente anoche, que no tocan en nada el modelo económico chileno que perpetúa la desigualdad, no generó entusiasmo en la clase media. ¿Le servirá a Piñera para apaciguar los ánimos?
Desde que el jefe de gobierno declaró “estamos en guerra”, 19 personas han perdido su vida y cinco de estas a manos de agentes del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía están investigando estos casos.
Desde el estallido social ocurrido el viernes 18, la estrategia política de endurecer la represión a los manifestantes e ir cediendo por goteo a las demandas ha tenido su correlato comunicacional en la figura del mandatario, que con sus matices, no flexibiliza su postura y se mantiene reacio a aceptar preguntas de los periodistas en las vocerías.
Quienes atienden a heridos en medio de las protestas, recibieron impactos directos de agua del guanaco e incluso una bala de goma. En tanto, en la Posta Central de Santiago, el director del recinto ordenó cerrar la entrada de urgencias con una cadena y prohibir la entrada a la prensa y organismos de Derechos Humanos.
Tras una jornada de marchas masivas en muchas ciudades del país, en las que la principal demanda era la renuncia del Presidente, el mandatario anunció diálogos de unidad con su oposición en el Congreso. Pero su gabinete sigue intacto. Es probable que ello deje completamente indiferente a los ciudadanos que se han manifestado.
La ola de protestas que mantiene a casi la totalidad del país en Estado de Emergencia no ha pasado desapercibida para los chilenos que se encuentran fuera del territorio nacional. En varias ciudades del mundo se realizaron manifestaciones en solidaridad con el movimiento ciudadano.
En la comuna de la alcaldesa Cathy Barriga se vivió una jornada de protestas, la cual estuvo marcada por la fuerte represión. Los vecinos reclaman que no se les permite siquiera congregarse. “Mis papás están asustados, pero nosotros no tenemos ningún miedo, no estamos hueviando, ya nos aburrimos de este país que abusa de la gente como nosotros”, dijo un maipucino a INTERFERENCIA.
En la cuarta jornada de protestas, uno de los blancos principales de la ciudadanía indignada fueron los cuatro canales principales de televisión abierta: Mega, CHV, Canal 13 y TVN, acusados de tergiversar las movilizaciones. Manifestantes cargaron contra sus sedes en Santiago y militares tuvieron que resguardar sus instalaciones. Recién a partir de la tarde del lunes, los canales empezaron a dar más cobertura a las crudas escenas de violencia militar y policial.
Durante la segunda noche de toque de queda en distintas ciudades de Chile, el mandatario radicalizó su discurso y aseguro que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”. En paralelo, el control militar ya ha dejado al menos un muerto, además de múltiples heridos, incluidos niños.
En medio de la crisis por el estallido social, el presidente Sebastián Piñera ha invocado en varias ocasiones a la unidad de la clase política. Lo hizo convocando a los jefes del Senado y la Cámara, para dar gala republicana a la medida de congelar el alza del pasaje del Metro; una medida que ya se había tomado, que llegó tarde y que es insuficiente. Y lo hizo después de anunciar su guerra contra el vandalismo, en la que aseguró que no hay espacio para la disidencia.
Con 89% de las actas escrutadas, el actual presidente boliviano alcanzaba un 45% de los votos, pero no estaba a diez puntos porcentuales de su más cercano contrincante, quien obtuvo 38%, lo que implicaría -en caso de mantenerse el resultado- que hay segunda vuelta en la que Mesa tiene una buena opción de superar a Morales. Sin embargo, la diferencia actual entre ambos podría ampliarse en favor del líder indígena con el conteo de los próximos días, pues falta el voto rural, por lo que no es descartable un triunfo suyo en primera vuelta.
El día comenzó con cacerolazos masivos y terminó con militares, en especial en Valparaíso, disparando en las calles.
Las manifestaciones también subieron de tono en el sector oriente de la capital, en comunas de voto duro para Piñera y Chile Vamos. En Las Condes se registraron barricadas y enfrentamientos con Carabineros, mientras que en Lo Barnechea los cacerolazos se extendieron hasta pasado el toque de queda, registrándose incluso barricadas incendiarias.
Luego de las masivas protestas registradas en Santiago, miles de manifestantes de otras ciudades comenzaron a mostrar su descontento desde el mediodía de este sábado. El alcance nacional de los primeros días de protesta revelan que el alza en las tarifas del Metro fue un mero gatillador de demandas mucho más profundas y transversales del país.
El primer toque de queda por motivos políticos desde el fin de la dictadura fue un intento del presidente Sebastián Piñera por controlar el descontento social, pero no ocurrió esto. Las personas salieron a manifestarse de igual forma, y al menos no les ganó el miedo. En Santiago incluso Carabineros se vio atemorizado en sus propias comisarías por la presión social.
Desde principios de los 80 que la capital no vivía jornadas de protesta de una intensidad como la vivida el 18 de octubre de 2019. Un recuerdo histórico que reverbera en la memoria: Diez protestas entre 1983 y 1984 que hicieron tambalear al general Augusto Pinochet.
El viernes 18 de octubre reinó el caos en Santiago, después de días de indolentes declaraciones de las autoridades de La Moneda. El gobierno perdió el control tras decidir resolver la crisis a través de una fuerte represión por parte de Carabineros. El ejecutivo aumentó su apuesta represiva al decretar la Ley de Seguridad del Estado por parte de Andrés Chadwick, y luego, al invocar el Estado de Emergencia, por parte de Sebastián Piñera.
Para sorpresa de La Moneda, las protestas se extendieron incluso al sector oriente de Santiago.
El secretario de Estado se mueve entre tensiones con la industria de pequeños generadores, el gremio distribuidor y parlamentarios de oposición que han evaluado una interpelación en su contra por el continuo aumento en las cuentas de electricidad. A ello se suma la discusión sobre la ley corta de distribución eléctrica, donde está enfrentado a senadores que esperan resolver una ley intermedia, preocupados porque la discusión abarque otros temas no considerados.
Claudio Valenzuela Chadwick era gerente interino de desarrollo competitivo de la Corfo, cargo por el que se llamó a un concurso que se declaró desierto, en el que participó el funcionario sin ser electo. Permaneció como subrogante y, cinco meses después, se abrió otro proceso para el mismo puesto, renombrado como gerencia de redes y competitividad. Valenzuela postuló de nuevo, y Sebastián Sichel lo eligió.
La alcaldesa de Maipú realizaba hasta hace poco un programa de TV en dependiencias de la sanitaria comunal, afectando el normal funcionamiento del servicio. La infracción puede significar al municipio una multa de hasta 60 millones de pesos.
El organismo aseguró en un comunicado enviado a este medio que no compran baterías nuevas por un tema medio ambiental. Sin embargo, este año compraron 100 baterías a una empresa para reacondicionar otros notebooks. El funcionario que hizo las denuncias originales explicó que las baterías defectuosas suelen ser enviadas a empresas que gestionan materiales tóxicos, lo que no ocurrió en este caso.
En febrero Corfo publicó un concurso público para ocupar el cargo Director(a) Ejecutivo Comité de Desarrollo y Fomento Indígena al cual postularon 298 personas, pero se declaró desierto. Seis meses después, Javier Muñoz González -asesor del ex ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y socio de Juan Pablo Longueira Brinkmann- fue nombrado en el cargo, sin concursos y con escasa experiencia. Es el mismo modus operandi que ya había empleado Sebastián Sichel para rodearse en Corfo de sus cercanos.
El funcionario encargado de distribuir estos equipos reveló los hechos a INTERFERENCIA, señalando que el director ejecutivo de la fundación Chilenter tenía conocimiento de los defectos de estos notebooks, pero por cumplir con las fechas establecidas con el Mineduc, se enviaron de todas formas.
El legislador del PC Hugo Gutiérrez pidió al órgano fiscalizador que se pronuncie sobre la legalidad que existió cuando la concejala Francisca Cruzat –actual directora de asuntos internacionales de Corfo– aprobó en 2018 el presupuesto de la comuna que incluía recursos para la empresa Instagis, donde ella trabajaba entonces.
